Hace once días dejaron de ingerir alimentos. Son seis campesinos y dirigentes políticos paraguayos que están presos en la cárcel de Marcos Paz desde mayo de 2006, acusados, según ellos falsamente, del homicidio de Cecilia Cubas. Tras una “parodia de juicio” en su país, llegaron a Buenos Aires porque les habían asegurado que aquí obtendrían asilo político. Pero a las 72 horas de haberlo solicitado los detuvieron y la Justicia Federal determinó que debían ser extraditados. El mismo día en que Fernando Lugo asumió la presidencia comenzaron una huelga de hambre en reclamo de que el Poder Ejecutivo los reconozca como refugiados. En la última entrevista que sus abogados tuvieron en el Ministerio del Interior –según contaron– les dijeron que no encontraban el expediente, que los van llamar cuando aparezca.

Agustín Acosta González, Basiliano Cardozo Giménez, Simeón Bordón Salinas, Gustavo Lezcano Espínola, Roque Rodríguez Torales y Arístides Vera Silguero fueron acusados en Paraguay del secuestro y asesinato de la hija del ex presidente de ese país Raúl Cubas Grau, en septiembre de 2004. La acusación está basada en los dichos de un testigo que habría sido comprado y que tendría conexiones con la mafia, según afirmó a PáginaI12 una de las abogadas de los presos paraguayos, Liliana Mazea. Ese testigo afirmó que Patria Libre, la agrupación a la que pertenecen algunos de los detenidos, tenía vínculos con las FARC, y detalló una reunión en la que habrían decidido el destino de la joven Cubas.

La Justicia de primera instancia paraguaya rechazó reiteradamente los pedidos de procesamiento y se negó a encarcelarlos. Para la fiscalía, la acusación era “omisión de aviso de un hecho punible”, algo así como no haber denunciado lo que habrían escuchado en esa reunión. “Luego se comprobó que Cecilia Cubas había muerto con anterioridad a la fecha que dio el testigo, y como se caía la acusación, en esa parodia de juicio, cambiaron la fecha de la muerte de la chica, por eso decimos que allá no tienen ninguna garantía de un juicio imparcial”, apuntó Mazea. Este diario le preguntó por qué, además, sostienen que corren riesgo de vida si son extraditados. “En las cárceles paraguayas los sicarios matan a los presos por encargo, y hay antecedentes de otros dirigentes de Patria Libre a quienes les quieren endilgar secuestros”, respondió la abogada.

Ante la gravedad del panorama que se les presentaba, los seis acusados visitaron varias embajadas en Asunción. Ante la delegación argentina explicaron la persecución que sufren ellos y algunas organizaciones campesinas, relataron la muerte de compañeros, y el embajador Rafael Roma les aseguró que en Buenos Aires les darían asilo político. Le creyeron y viajaron, pero mientras lo gestionaban en el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare), la Cámara de Apelaciones en Paraguay cambió la carátula y dictó la prisión preventiva, ignorando las decisiones del juez de instrucción Pedro Mayor Mercado. Tres de ellos estaban en las oficinas del Cepare cuando fueron arrestados por Interpol. A otros dos los detuvieron en Florencio Varela y al último, cerca de su lugar de trabajo, con un operativo que incluyó helicópteros y la presencia de Crónica TV. Enterada del pedido de refugio, la querellante madre de Cecilia Cubas había logrado la rápida reacción del poder político y judicial de ambos países. Tres días después les notificaron en el penal de Devoto que el Cepare les había rechazado el pedido de refugio, con el argumento de que Paraguay es un país democrático donde rige el estado de derecho.

Durante el juicio de extradición, la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina (Fidela) presentó numerosas pruebas al juez federal Ariel Lijo, entre ellas el testimonio de Martín Almada, reconocido luchador por los derechos humanos, quien afirmó que en Paraguay la organización Patria Libre era perseguida y que los detenidos eran “chivo expiatorio de la Justicia paraguaya”. Pero el magistrado no los consideró perseguidos políticos y resolvió que la extradición es procedente. Apelada la resolución ante la Corte Suprema, tampoco tuvieron respuesta afirmativa. El Máximo Tribunal les contestó que no se iba a pronunciar sobre la cuestión de fondo hasta tanto el Poder Ejecutivo resolviera si les concede el status de refugiados. Una vez más, había prosperado la arremetida de la esposa de Cubas, que contó con el apoyo del lobby de Juan Carlos Blumberg. A pesar de que la Secretaría de Derechos Humanos resolvió a favor de los paraguayos, en el Ministerio del Interior aún no resuelven, porque –dicen– no encuentran sus legajos.

Después de dos años y tres meses, los presos paraguayos se cansaron de esperar. Creen que Lugo podría pedir a Argentina que les conceda el refugio, sin que ello signifique una acusación contra su propio país. Aunque el nuevo gobierno es de signo muy distinto al del Partido Colorado, consideran que las estructuras judicial, policial, penitenciarias y las “mafias contra los luchadores” no se reconvirtieron de un día para otro. De hecho, el Estado paraguayo está siendo procesado en la CIDH-OEA por el caso de secuestro y tortura de los dirigentes de Patria Libre actualmente refugiados en Brasil. “Si hoy los compañeros son extraditados al Paraguay, significa virtualmente una condena a muerte, es por ello que tomaron la extrema medida”, dice el comunicado de apoyo que fue avalado por centenares de organizaciones y personalidades, entre ellas Hebe de Bonafini, Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, Daniel Viglietti, Eduardo Galeano, Victoria Donda, Miguel Bonasso, Martín Almada, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Fidela, Unión de Campesinos Poriajhú, Coordinadora por la libertad de los presos políticos, Comisión de DDHH paraguayos en Argentina, Movimiento víctimas de la dictadura de Stroessner, Ceprodh, Partido Comunista, Pañuelos en Rebeldía, entre otras.