Cuando el proyecto de movilidad jubilatoria llegó al Congreso, nadie en el oficialismo imaginaba que su aprobación iba a requerir de una trabajosa construcción de consensos. La oposición se abroqueló detrás de una lista de cambios y obligó al kirchnerismo a modificar su estrategia. La mesa chica de la conducción del bloque K se reunió ayer para analizar las propuestas y se mantuvo en contacto permanente con la Casa Rosada –especialmente con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el director de la Anses, Amado Boudou– para saber hasta dónde el Gobierno está dispuesto a ceder en las modificaciones. Las respuestas no alcanzaron para disciplinar su propia tropa en la reunión que los diputados kirchneristas tuvieron a última ahora de anoche y que levantaron a la espera de una definición que convenza a la mayoría de sus miembros. Si la nueva propuesta del Gobierno llega hoy temprano, el oficialismo volverá a la carga para votarlo esta semana, si no su tratamiento en el recinto se postergará. La fórmula de ajuste de los haberes y la inclusión de los docentes se convirtieron en las principales trabas.

Hasta ayer, el oficialismo se había mostrado conciliador para arribar a un consenso que le permita llevar el proyecto de movilidad jubilatoria esta semana al recinto. Varios legisladores kirchneristas le pidieron el diputado de Proyecto Sur y economista de la CTA, Claudio Lozano, que les enviara sus objeciones y sugerencias sobre posibles cambios. Lozano, junto a la diputada de Solidaridad e Igualdad (SI), María América González, es autor de una iniciativa de movilidad con un índice de ajuste mixto.

El proyecto de ambos promueve que la movilidad se calcule por mitades iguales en base a los aumentos salariales y el aumento de la totalidad de la recaudación (tributaria y previsional), y sin la división por beneficiarios, que condicionaría los ajustes a la cantidad de jubilados y pensionados que se sumen la sistema. “Si aplicáramos esta fórmula, el aumento para el 2008 se ubicaría en el 39.8 por ciento anual”, aseguró Lozano a PáginaI12. La falta de respuestas del kirchnerismo a las sugerencias opositoras trabó la posibilidad de plasmar un acuerdo, frustró la estrategia oficialista y endureció a los opositores. “Nos dicen que están dispuestos a realizar cambios pero no nos dicen qué están dispuestos a cambiar”, recriminó Lozano.

El presidente de la comisión, el kirchnerista Juan Carlos Díaz Roig, prefirió dejar el debate en manos de la abogada previsionalista María América González y le pidió a la oposición que elevaran las sugerencias de modificaciones al bloque oficialista, que se reuniría por la noche.

Con la diputada de SI al frente del debate, los bloques opositores armaron la lista de cambios, a la que se sumaron algunos diputados oficialistas. El kirchnerista Ernesto López tomó la palabra “como hombre de la CGT” y reclamó que la movilidad jubilatoria esté atada únicamente a “los aumentos salariales” de los trabajadores en actividad. Una solicitud que González certificó como un “pedido expreso que Hugo Moyano hizo telefónicamente”. Sin embargo, la central sindical había planteado que los ajustes jubilatorios se realizaran a través de una fórmula mixta, cuya composición sería del 75 por ciento sobre los aumentos salariales y el 25 restante sobre el aumento de la recaudación tributaria.

La socialista María Elena Martín fue una de las más duras: propuso que en lugar de llevar las sugerencias al oficialismo, las mismas se transformaran en el proyecto alternativo de la oposición. La propuesta no prosperó y el PS terminó sumándose al pliego de cambios del resto de la oposición. Una iniciativa que se resumió en diez puntos (ver aparte) y nucleó a Proyecto Sur, al SI, la Coalición Cívica, la UCR y el PS. El macrismo, que no participó del debate, respaldó la iniciativa a través del jefe de su bloque, Federico Pinedo.

La larga lista de “sugerencias” se convirtió en una dificultad casi insalvable para lograr un acuerdo. Desde el kirchnerismo cuestionaron la decisión de la oposición de poner “la vara muy alta para arribar al consenso”. “Se ponen generosos –insistían– con los recursos que no manejan y ponen en riesgo la propia movilidad. Queremos una ley que garantice los ajustes de los haberes y que sea sustentable en el tiempo”.

El proyecto estaba incluido en el temario tentativo que se elaboraba en la reunión de labor parlamentaria para la sesión de hoy en la Cámara baja, pero la kirchnerista Patricia Vaca Narvaja lo dejó en stand by: “La idea era incorporarlo para empezar a tratarlo mañana (por hoy) y cerrarlo el jueves. Pero si no hay consenso lo postergaríamos hasta la semana que viene. Queremos la mejor ley posible”, les dijo a los representantes de los bloques opositores.

En el oficialismo había consenso sobre algunas modificaciones. Insistían en que la movilidad “alcanzará a toda la jubilación y a todos los jubilados y pensionados”. Con lo cual se incluye en los aumentos a la PBU, que representa casi el 50 por ciento de los haberes mínimos. También coincidían en la idea de incluir el Ripte (índice de salarios de la secretaría de Seguridad Social) como fórmula para los ajustes, aunque no aceptarían otros cambios en el método de cálculo. Tampoco había certeza si los regímenes especiales, como el de los docentes, quedarían incluidos o no en la futura ley. Los maestros ya pronunciaron por mantener su propio régimen y anunciaron que se opondrían a ser incluidos en la futura norma.