Desde Tucumán

Existen más de 1000 causas judiciales abiertas sobre crímenes de la dictadura y hay más de 430 represores procesados; 352 están detenidos. Los números surgen de un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. El titular de ese organismo es el fiscal Jorge Auat, que habló con PáginaI12 en el bar de un hotel ubicado a dos cuadras de la Casa Histórica en Tucumán. El funcionario analizó cuáles deberían ser los pasos a seguir en las diferentes provincias para que los expedientes avancen lo más rápido posible y señaló que muchos magistrados del interior se inhibieron por tener relación con los torturadores. Después de la condena contra Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez y con otros dos juicios orales contra represores en marcha, el fiscal señaló que “ahora hay que pensar en la estrategia procesal y la mejor táctica de investigación es unificar las causas por centro clandestino de detención”.

Las 1000 causas dan cuenta de los expedientes informados como “en trámite” por todas las fiscalías del país. El número resulta en sí poco representativo de la actividad jurisdiccional o entidad de las imputaciones en cada lugar, pues muchas causas se refieren sólo al caso de una víctima individual cuando al mismo tiempo se contabilizan también unitariamente trámites que comprenden centenas de casos o todo lo sucedido en un centro clandestino de detención durante el período dictatorial.

Con un cortado en la mesa del bar, en plena siesta tucumana Auat contó que pasó por Tucumán para participar de una de las audiencias por el juicio en contra del represor Antonio Domingo Bussi. También mantuvo reuniones con los fiscales federales para acelerar otros juicios por desaparición de personas, con la idea de que las causas se concentren por centro clandestino de detención.

–¿Cuál fue la mayor dificultad para el avance de las causas en el interior del país?

–La mayor dificultad la tuvimos con la inhibición de los jueces. Esto afectó mucho los procesos. Fue el gran cepo que tuvieron las causas durante mucho tiempo. Encontrar un abogado que se haga cargo fue muy difícil. Lo más complicado fue armar los tribunales con personal idóneo. Por ejemplo, en Paso de los Libres hay una causa que estuvo un año sin juez. Sobre 20 abogados que integraban la lista de conjueces, el dato concreto es que todos se inhibieron. Tenían relación personal con los imputados. En Formosa, en Resistencia, nos pasaba lo mismo. Este es el panorama en casi todas las jurisdicciones.

–¿Se logró superar el estado de letargo?

–De un tiempo a esta parte hemos volcado muchos recursos para poder avanzar en el trámite de estas causas y estamos viendo los resultados. Pero falta mucho.

–¿Cuál es su conclusión después de la condena contra Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez?

–Cuando hice el alegato en el juicio en Corrientes dije que la condena eterna ha sido para las víctimas y los familiares de las víctimas. El relato que hizo el fiscal (Alfredo) Terraf, en el que señaló y comparó la angustia de una madre que deja de ver a su hijo por un momento en un lugar público fue elocuente. Dimensiona lo que ha vivido y sigue viviendo esta gente. Además, los privaron de las honras fúnebres, que vienen desde el fondo de la historia. Esto refleja el contenido de los delitos que cometieron. Se trata de una condena que no admite análisis de proporcionalidad. Cuando se está en el infierno no cabe hacer análisis de mesura del tema. En relación con este juicio hay que decir que es emblemático y que marca un antes y un después de la historia de Tucumán, pero no refleja cabalmente lo ocurrido en la provincia, que fue una de las más castigadas. Falta un juicio significativo. La figura de Bussi la vamos a seguir viendo porque fue el protagonista central de la represión en Tucumán.

–Entonces, ¿cuál es el paso siguiente?

–Ahora viene el tiempo del diseño de una estrategia que nos permita acelerar los trámites de los procesos. Esta es una idea de la Procuración General de la Nación. Porque están los recursos, las trabas que teníamos desaparecieron y hay que pensar en la estrategia procesal. Casi todas las causas están en la etapa de instrucción. Nosotros venimos sosteniendo que la mejor táctica de investigación es unificar las causas por centro clandestino de detención y que sea lo más convincente posible. Esa es nuestra tarea en la actualidad. Hay que decir que no siempre coincidimos con los fiscales que están llevando adelante las causas, por lo cual tenemos que visitar cada jurisdicción y llevar adelante una tarea conjunta no impuesta. Creemos que es la manera más eficaz y más rápida de investigar. Porque habría una conexión subjetiva entre los autores del hecho. Esos son datos que nos marcan el camino sobre esta estrategia.

–La estrategia de dilación de la Cámara de Casación paralizó algunas causas. Usted señala que también hubo problemas para ocupar juzgados en ciertas jurisdicciones. ¿Cuál es ahora el principal escollo para los juicios?

–Hubo grandes esfuerzos de la Corte y del Ministerio Público Fiscal y creo que muchas de las cuestiones que paralizaron los juicios se han ido destrabando. Hay que tener en cuenta también que son causas complejas, por eso justamente se necesita una estrategia.

–¿Qué piden los fiscales de las distintas provincia a la Unidad?

–En general, los pedidos pasan por logística. Esto significa gente para trabajar y armar una estructura importante de personal para que puedan abocarse exclusivamente a este tipo de causas.

–¿Todos los abogados fiscales y jueces están de acuerdo con agrupar las causas por centro clandestino?

–Se han generado diversas hipótesis. Hay querellantes que sostenían que lo mejor era llevar adelante una megacausa, otros por el circuito represivo, otros atomizando las causas creyendo que puede ser más fácil juzgar a los represores. De todos modos, creo que estamos logrando que se entienda que lo que nos exige el momento es simplificar las cosas. La mejor forma de simplificar es a través de los centros clandestinos. De esa forma no desperdiciamos energías jurisdiccionales.

–Hay quienes dicen que se podrían cerrar las causas después de juzgar a los jefes militares y ejecutores, otros creen que hay que seguir con todos los que tuvieron alguna participación, incluso los civiles. ¿Qué opina?

–No estamos haciendo un proceso selectivo. Desde luego que hay casos donde la jerarquía que tenían los imputados le da una mayor o menor repercusión a la causa, pero esos temas no lo hemos trasladado a la unidad. Tenemos un objetivo y un plan de trabajo. Colaboramos con las fiscalía para que se eleven los procesos a juicio.

–¿Hay algún juicio en el país que le parezca el más relevante?

–Tuvimos varios casos relevantes. En Corrientes, el imputado era un ex capitán del Ejército que era presidente de la Sociedad Rural de esa provincia. En esa misma causa hay dos coroneles en actividad imputados. Después un alférez de Gendarmería y un suboficial del Ejército, que durante la dictadura tenían un grado menor. Ese juicio fue muy importante, duró mucho tiempo. En rigor duró más de lo que pensaba, cerca de seis meses. También estamos haciendo el requerimiento de elevación a juicio de la causa Margarita Belén. Según mis cálculos creemos que en el mes de noviembre estamos en el etapa oral y publica. Es un proceso realmente importante. Hay muchas otras causas que están en plena etapa de instrucción. Por ejemplo, un centro clandestino del Chaco, más precisamente la Brigada de Investigaciones. Ya se elevó a juicio una causa por el entonces gobernador Colombo. Hay varios procesos abiertos. Eso no lo podemos negar.

–¿Cuál es la mayor tarea pendiente?

–Todavía faltan juicios importantes de varias jurisdicciones. En Tucumán, si bien este juicio fue histórico, falta. También en Córdoba falta el juicio por La Perla, el gran juicio. Faltan juicios que reflejen realmente lo ocurrido, que hagan una reconstrucción histórica que permita el acceso a la verdad de los hechos. Hay mucho por andar, pero soy optimista.