Tras una agitada jornada, el paro del subte quedó en suspenso. Por la mañana, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que intentaba “canalizar el diálogo” entre la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los delegados de base, que parecían alistarse para el último combate de un largo enfrentamiento. A la tarde, la Dirección de Asociaciones Sindicales de la cartera laboral dispuso “suspender provisoriamente” el congreso en el que la UTA pensaba expulsar a todo el cuerpo de delegados por “inconducta”. El gremio acató la orden ministerial, pero sus enojados muchachos persiguieron “por toda la ciudad” a los delegados, según denunciaron. Al cierre de esta edición, el cuerpo de delegados del subte evaluaba la posibilidad de levantar el paro.

Los funcionarios de Trabajo y de la Secretaría de Transporte tomaron contacto con las partes y luego Tomada emitió esa resolución “para preservar la paz social y no poner en riesgo a los usuarios”, según expresó a PáginaI12 uno de sus colaboradores. El ministerio se anotició de la convocatoria de la UTA al XLII Congreso General Extraordinario de Delegados Congresales, para el martes 2 en Moreno, en el que iban a tratar un informe del Tribunal de Etica Gremial que condenó por “inconducta” a los 21 delegados del personal de Metrovías. Los acusan de impulsar paros sin el reconocimiento de la conducción del sindicato y de “defender los intereses de los partidos de izquierda y no de los trabajadores”. Esta medida de la “burocracia”, como los “rebeldes” llaman a la cúpula de la UTA, se iba a producir a dos semanas de la elección para la renovación de los mandatos de los delegados.

“Atento a que la naturaleza de la convocatoria demanda de esta autoridad administrativa extremar las medidas de control asociacional coordinando la fiscalización suficiente, lo que se dificulta por la inminencia de su celebración, la Dirección Nacional dispone suspender provisoriamente la realización del congreso extraordinario”, dice la resolución a la que este diario tuvo acceso. En la UTA tradujeron que “el ministerio no tiene inspectores para supervisar el desarrollo del congreso”, y remarcaron el carácter provisorio de la decisión al afirmar que lo harán “más adelante”. En declaraciones por radio, Tomada había dicho que “el problema real existe, es un conflicto interno en el sindicato y vamos a tratar de que se resuelva por la vía de los reclamos administrativos o judiciales y no por las vías de hecho”. Y enfatizó que para el Gobierno “la huelga es un daño por definición, pero cuando el usuario es el conjunto de la población nos exige el doble de atención, preocupación y de atención sobre el tema”.

Mientras tanto, los delegados preparaban una conferencia de prensa para anunciar que el martes paralizaban del subterráneo. A la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), en Piedras al 700, llegaron micros de la línea 102 con robustos pasajeros vestidos con el uniforme gris de la empresa concesionaria del subte. Puertas adentro, los organizadores resolvieron levantar la conferencia porque tuvieron la certeza de que los visitantes eran “grupos de choque” y no periodistas. El delegado Néstor Segovia ya tenía conocimiento del acta ministerial. “Según ellos, hace catorce años que las conquistas son ilegales, pero hoy tenemos el sueldo que tenemos y logramos ganar a los compañeros. Hoy por hoy pierden en todas las líneas, dicen que no representamos a nadie, pero si es así, ¿por qué nos suspenden? Que decida la gente”, dijo Segovia. En las asambleas evaluaron la posibilidad de desafiliarse y formar un nuevo sindicato si la UTA no revisaba su intención de expulsarlos. “Si realmente se suspende el congreso nosotros suspenderíamos la medida, pero tiene que haber una inmediata convocatoria a elecciones porque los mandatos vencen el 19”, explicó el delegado Claudio Dellecarbonara, de la línea B. Ahora el dilema es qué ocurrirá primero, un congreso que echará a los indóciles o elecciones con las listas rebeldes oficializadas.