José Baravalle, “El Pollo”, tenía 55 años y había militado en Montoneros. Lo secuestraron a mediados de 1976 y luego de cinco días de brutal tortura comenzó a colaborar con la patota de Agustín Feced, jefe de policía de Rosario durante la última dictadura. Junto a Graciela Porta formaron una de las parejas más condenadas por sus propios compañeros: los acusaron de participar directamente en torturas y otros vejámenes. Estaba siendo buscado por la Justicia federal, que había librado una orden de captura internacional. Hace diez días, Interpol ubicó al matrimonio en Biella, un pueblo del norte de Italia, cuando la Corcho Porta fue a hacer un trámite bancario. El Pollo no resistió el cerco policial y se tiró de un puente. “No sé lo que ellos creen que yo sepa. Esta historia nunca terminará. Es tremendo pasar de víctima a verdugo. Alguien celebrará: los verdaderos culpables”, escribió en una carta a sus familiares.

La Corcho fue a un concretar un trámite bancario con su pasaporte argentino y saltó en los registros un pedido de captura internacional. De inmediato fue detenida. Baravalle supo entonces que tenía las horas contadas. Fue al puente de Chiavazza y se arrojó al vacío. Porta está ahora a la espera de un trámite de extradición.

Desde el Colectivo de ex presos políticos Hugo Papalardo recordó a Baravalle: “Era un pibe que militaba con alegría, aunque era un poco irresponsable. Conocí a su señora en el año ‘75 en Medicina, donde venía porque era la compañera de Santiago ‘Guito’ Wherle, con quien tuvo un hijo, Andrés, que crió El Pollo. La Corcho fue la que me apuntó para que me buscaran, y estaba en el auto con el que me fue a buscar el Cura Marcote, a mi trabajo en Maipú y San Luis. Con ella estuvimos seis meses en el sótano de El Pozo, de San Lorenzo y Dorrego, donde estaba con su hijo, que era muy chiquito, no sé si tenía dos años”.

En este sentido, Papalardo explica que “no es como los juzgamos a la Corcho y al Pollo, sino tratar de entender en qué proceso político-social y en qué proceso de fractura moral se dan esos casos, porque no son todos iguales. Lo que puedo decir es que gente como Baravalle y como Porta han pasado por una tortura previa: no fueron a las puerta de la Jefatura a ofrecerse para torturar a sus compañeros. Esto no intenta justificar lo que hicieron, sino que busca que quienes los juzgan intenten comprender los tiempos en que ocurrió. La tortura durante un solo día nos transforma en un animalito, en alguien que responde con su espíritu de supervivencia. Los que hemos pasado por algo menos grave que esto en esos momentos, cuando somos llevados al límite de la condición humana, sabemos que surge de nuestro interior lo mejor y lo peor que tenemos. La razón ya no existe, y respondemos con nuestro espíritu primario. Cuando El Pollo decidió después de todo eso colaborar con los militares ya no era El Pollo. Al Pollo que yo conocí lo mataron, al igual que la Corcho, ya no fueron las personas que yo conocí”.

En 1979 Baravalle declaró en un juicio sumario que Montoneros le hizo en España. En esa entrevista describió con una frase su accionar: “No canté más porque era al pedo, y no canté menos porque me mataban”. “Le jodí la vida a mucha gente, pero no a tantos como hubiese podido.” Esas declaraciones grabadas en algunos cassettes habrían sido llevadas al museo que la organización tenía en Cuba. En esa charla, Baravalle se habría mostrado arrepentido de lo que había hecho.

Angel Florindo Ruani, ex oficial montonero, es menos contemplativo con Baravalle. “Lo torturaron como a todos los que caímos, pero El Pollo tomó un camino que pocos tomaron, que es el de colaborar, y participar en el terrorismo de Estado. Lo que más le achacamos a Baravalle es no hablar en determinado momento de la democracia, haber contado lo que hizo y lo que vio, porque él sabe perfectamente cómo se torturaba, cómo se violaba y quiénes lo hacían. Estuvo un año y medio en el Servicio de Informaciones, conviviendo con la patota de Feced, por lo que tiene conocimiento de los que pasaron entre junio de 1976 y diciembre de 1977, y qué pasó con los cuerpos de los compañeros que no han sido encontrados. Eso Baravalle lo sabía y se lo llevó a la tumba.”

Luego del retorno de la democracia, Baravalle se había comprometido a declarar ante la Justicia, pero cuando llegó al país lo estaban esperando para detenerlo. Eso desactivó su participación como testigo. Estuvo preso y en 1984 le dictaron falta de mérito. Con la reapertura de las causas, luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se reflotaron en Rosario las acusaciones en contra de Baravalle, Porta y otras tres personas que estuvieron secuestradas.

Más allá de los juicios morales, muchos dentro de los organismos de derechos humanos y en el Poder Judicial creen que los detenidos que colaboraron después de haber sido torturados no deben ser enjuiciados. La organización HIJOS de Rosario, por ejemplo, tomó la decisión de no impulsar ninguna querella contra ellos. “Tenemos una postura muy clara. Todas las personas que entraron a la fuerza a un centro clandestino de detención son víctimas. No importa en qué se convirtieron después, porque una de los objetivos de la represión era ese: doblegar la voluntad de las personas. Yo no me juntaría a comer un asado con ellos, pero hay que ser muy claros y saber quién es el enemigo. Creo que esta persecución judicial es funcional a los represores. Es un error político y humano”, dijo a PáginaI12 Ana Oberling, abogada de HIJOS.

Desde la Procuración General de la Nación, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado elaboró un informe en el que analizó en términos genéricos los casos –son muy pocos– en los que podría achacárseles responsabilidad penal a personas que estuvieron desaparecidas. Con citas al Nunca Más, el informe elaborado por la Conadep, se sostiene que “uno de los grandes objetivos del sistema de los centros clandestinos de detención es la destrucción de la personalidad y la desestructuración de la identidad del detenido”. En dicho documento, que tiene el objetivo de servir como guía a los fiscales de todo el país que impulsan expedientes vinculados con los crímenes de la última dictadura, se sugiere que antes de acusar a un persona debe tenerse en cuenta “el contexto de acción en el que tuvieron lugar las conductas imputadas a personas que se encontraban detenidas en los centros clandestinos utilizados por el terrorismo de Estado” y que se debe evaluar “las herramientas normativas que el derecho penal prevé específicamente para contextos opresivos para el autor de la conducta, en los que existe un riesgo cierto de pérdida de bienes esenciales como la vida y la integridad física”.