Después de las protestas y reclamos, que incluyeron marchas, un paro docente, tomas de escuelas y la amenaza de una interpelación, el ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, resolvió otorgar otras 15.800 becas para estudiantes secundarios. Lo anunció ayer, durante el informe que brindó en una tumultuosa sesión de la Comisión de Educación de la Legislatura. De esta manera, dio marcha atrás al recorte en la cantidad de beneficiarios que había dado pie al conflicto. El beneficio se otorgará en forma automática, sin necesidad de llenar un nuevo formulario, y alcanzará además a todas las madres y padres adolescentes y a los que cursan en escuelas de reinserción (adonde van los chicos que habían desertado de la escuela media), que según estimó el ministro serían unos 2000 estudiantes más. Los números no alcanzan a cerrar, si se tiene en cuenta el informe de la Defensoría del Pueblo, según el cual se les rechazó la beca a 21.000 estudiantes que pertenecen a familias por debajo de la línea de pobreza. El ministro debió afrontar el reclamo de estudiantes, docentes y padres presentes en el recinto, en una audiencia que quedó trunca cuando la protesta estudiantil subió de tono y no permitió continuar con las preguntas.

Narodowski había resuelto no concurrir a la Legislatura. El lunes a la noche sus allegados habían asegurado que no iría a la reunión de la Comisión de Educación ya que lo había hecho una semana atrás. En la comisión, sin embargo, aseguraban que el ministro se había comprometido por escrito a concurrir. A la hora de la verdad (las 10 de la mañana de ayer), Narodowski no se presentó y la comisión votó una preferencia para pedir la interpelación del ministro. Fue entonces cuando, como por arte de magia, se supo que el ministro se presentaría en la Legislatura.

Narodowski llegó a la Legislatura acompañado por un grupo de colaboradores y con una noticia en la mano: la ampliación del criterio para el otorgamiento de las becas de manera de incluir a todos los chicos que pertenecían a hogares con ingresos inferiores a los 1050 pesos, es decir, los que están por debajo de la línea de pobreza.

Para la resolución fue clave el informe de la Defensoría del Pueblo porteña, publicado ayer por PáginaI12, según la cual, de las 33.728 solicitudes rechazadas, el 58,6 por ciento (19.765 casos) provienen de hogares con ingresos inferiores a 1050 pesos, con lo cual están debajo de la denominada línea de pobreza. Otros 1113 chicos (el 3,4 por ciento) están en peor situación, ya que los ingresos familiares no superan los 500 pesos, por lo que se encuentran por debajo del nivel de indigencia, y tampoco se les adjudicaron becas.

El nuevo criterio anunciado ayer por Narodowski es que reciban las becas “todos los que tienen ingresos por debajo de los 1050 pesos, además de los alumnos padres y madres y de los que pertenecen a las escuelas de reinserción”. Los primeros son 15.812, mientras que en el segundo grupo hay unos 2000 estudiantes con solicitudes rechazadas, que ahora recibirían la asignación.

Una fuente del ministerio precisó que la nueva incorporación de beneficiarios demandará un presupuesto de 10 millones de pesos. El ministerio llevaba comprometidos sólo 16 millones de los 20 asignados en el presupuesto. A los cuatro millones que aún no había gastado, se suman seis millones aprobados por la Legislatura en su última sesión, el jueves pasado. Ese presupuesto alcanza justo para otorgar 16.000 becas de 600 pesos, con lo cual podría deducirse que la cantidad de beneficiarios estaría determinada por el dinero disponible.

La espera desespera

Desde las 10 de la mañana, una delegación de estudiantes, acompañados por padres y docentes, esperaban la presencia del ministro. Narodowski llegó poco después de las 13, cuando la Comisión de Educación se aprestaba a sacar un despacho en el que pedían su interpelación. El salón Montevideo estaba colmado y fue el público –habilitado por el reglamento– el que hizo las primeras preguntas.

Los chicos –alrededor de cuarenta– se habían sentado en el piso y entre ellos comenzó a circular un mate. Nadie había almorzado. Además de docentes, había empleados del programa de Inclusión Escolar, encargado de las becas, que llevaban su reclamo porque todavía no han cobrado un sueldo en lo que va del año.

“Traigo el compromiso de que no habrá estudiantes que necesiten la beca que no la reciban”, afirmó Narodowski al responder a la primera legisladora que lo interrogó, la diputada Patricia Walsh (Nueva Izquierda).

Durante tres horas se sucedieron en las preguntas los diputados Gonzalo Ruanova, Eduardo Epzsteyn y Gabriela Alegre (Diálogo por Buenos Aires), Liliana Parada y Martín Hourest (Igualdad Social), Verónica Gómez (Socialista), Cristian Asinelli (Frente para la Victoria) y Diana Maffía (Coalición Cívica). En la sala estaba la titular del Inadi, María José Lubertino.

Todos le preguntaron al ministro cuál había sido el criterio para denegar 33 mil becas y cuál el nuevo parámetro para aceptar casi 16 mil. Narodowski no lo respondió en ninguna ocasión y se limitó a insistir con el criterio de que “todo el que necesite una beca, la tenga”. Fuentes del ministerio explicaron que el otorgamiento de las becas se hizo a partir de un programa de computación, mediante la evaluación de 50 indicadores. “Lo que se hizo ahora es modificar la ponderación de esos indicadores, dándoles mayor peso a los ingresos familiares”, dijo la fuente.

El ministro coincidió con los legisladores en la necesidad de sancionar una ley de becas. En ese sentido, Enrique Olivera, titular de la Comisión de Educación, presentó un proyecto donde, entre otros puntos, se pone en manos de la dirección de cada escuela la evaluación de las solicitudes, como una forma de sustituir el informe ambiental que no se realiza por resultar demasiado costoso.

Los alumnos interrumpían con frecuencia las respuestas y también las preguntas. Enrique Olivera, que presidía la sesión, les pidió “más respeto” y llegó a retarlos: “Hagan el favor de callarse la boca”. “Es difícil pedir respeto cuando el ministro llega tres horas tarde”, apuntó Gabriela Alegre. La protesta estalló cuando una funcionaria intentó explicar por qué había bajado la calidad de las viandas.

Fernando de Andreis (PRO) cuestionó “las actitudes agresivas de los estudiantes presentes que imposibilitaron el diálogo y no permiten la construcción de consensos”. Gabriela Cerruti (FpV) le respondió que “los jóvenes reaccionaron ante el maltrato y la indiferencia que demostró el ministro”.

“El ministro reconoció que el criterio empleado para el recorte era totalmente arbitrario”, opinó Verónica Gómez (PS). “En la ciudad se ampara a los empresarios de la basura y las obras públicas y se denuncia penalmente a los estudiantes que reclaman por su derechos”, agregó Liliana Parada.

En un tramo del encuentro, el diputado Hourest apeló al pasado marxista del ministro para lanzarle una frase de Federico Engels: “El monte parió un ratón”, dijo, para aludir a lo que consideró como “una respuesta pequeñita ante una controversia muy grande” que al parecer, todavía no terminó.