El titular de la CGT, Hugo Moyano, reclamó ayer “que se juzgue por crímenes de lesa humanidad a los que asesinaron” al ex sindicalista José Ignacio Rucci, ejecutado el 25 de septiembre de 1973 en un operativo sin firma que extraoficialmente se adjudicó la organización Montoneros. “Si la Justicia no es para todos, es parcial y no es justicia”, agregó el camionero, ex miembro de la Juventud Sindical Peronista de Mar del Plata, en línea con la apologista del genocidio Cecilia Pando.

“Más allá de la valoración sobre la muerte de Rucci, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado respecto de los crímenes de lesa humanidad y qué características deben tener: violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas con participación del aparato estatal”, explicó ante la consulta de PáginaI12 el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Hipólito Alen. “Por respetables que puedan ser las palabras de Moyano, son condiciones que en el caso de Rucci no se dan”, agregó.

“No se da ninguno de los presupuestos para entender que el crimen de Rucci sea conceptuado como de lesa humanidad”, coincidió Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “Quienes pretendan extender el concepto de lesa humanidad a crímenes comunes están por la impunidad de los genocidas. Algunos sindicalistas deberían reflexionar sobre su propia complicidad con la Triple A”, agregó.

Moyano fue interpelado por Radio 10 sobre los juicios a militares por secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas durante la última dictadura militar.

–¿Debería hacerse lo mismo con los civiles que asesinaron a dirigentes durante la década del ’70? –le preguntó Oscar González Oro, conductor del programa El Oro y el Moro.

–Estoy totalmente de acuerdo. Se debe juzgar a todos los que asesinaron y mataron a esos dirigentes y otras personas más. Estoy total y absolutamente de acuerdo –machacó el camionero, en abierto contraste con la política de derechos humanos del gobierno nacional, que desde 2003 impulsa los juicios por crímenes cometidos al amparo del Estado. Más tarde reiteró sus dichos en C5N, que regentea el empresario Daniel Hadad. “Fue un crimen que trató de perjudicar al gobierno de Perón”, dijo, mientras lo cruzaban al aire con Claudia Rucci, hija del sindicalista. Rucci “entregó su vida a la causa peronista”. “Todos los que cometieron crímenes de esta naturaleza los tienen que pagar”, agregó Moyano.

Rucci fue dirigente de la UOM y desde 1970, secretario general de la CGT. Desde allí impulsó el regreso de Perón al país en noviembre de 1972, día de la famosa foto paraguas en mano para proteger de la lluvia al general. Ningún grupo armado se adjudicó su muerte, ocurrida dos días antes de la elección que llevó a Perón a la presidencia. Según el ex militante montonero y periodista Miguel Bonasso, en cambio, Mario Firmenich, jefe de Montoneros, asumió en privado que “fue ejecutado por la organización”. El caso exacerbó las diferencias entre los sectores internos del peronismo.

“Tenemos absolutamente claro cuál es el rumbo en materia de crímenes de lesa humanidad. La Justicia está juzgando al terrorismo de Estado. El problema es que se ha tardado más de treinta años. Y si existía alguna posibilidad de juzgar a alguien por otros hechos, los mismos militares lo impidieron al secuestrar, asesinar y hacer desaparecer a la gente so pretexto de imputaciones que en ningún caso se probaron”, explicó Alen.

–¿Le sorprende la declaración de Moyano?

–No conozco los motivos, pero no los comparto. Se están juzgando crímenes de lesa humanidad con todas las garantías, como lo estableció la Corte Suprema y la jurisprudencia internacional. Abrir la discusión sobre estos temas no nos parece adecuado ni conveniente, más allá de la valoración histórica que cada uno pueda hacer. Nuestra obligación, como Estado, es promover el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, que fueron responsabilidad del Estado, máxime cuando en el bloque constitucional posterior a la reforma de 1994 están incorporados con jerarquía constitucional instrumentos internacionales que imponen esa obligación.