Luego de un año y medio de parálisis el Consejo de la Magistratura dejó sin efecto ayer un concurso de 2005 del que nunca llegó a elevar una terna de postulantes al Poder Ejecutivo, unificó el proceso de selección para cubrir los tres juzgados federales vacantes –que se destacan tener en su poder causas sobre corrupción, narcotráfico y derechos humanos– y designó a un jurado distinto del que tácitamente responsabiliza por la demora. “Es una decisión límpida, sin ningún vericueto”, aseguró la diputada y consejera kirchnerista Diana Conti. “Es la culminación de un proceso totalmente irregular. El nuevo llamado apunta a mantener en el juzgado que ocupaba Juan José Galeano a Octavio Aráoz de Lamadrid, un subrogante que constitucionalmente no es juez y que en la evaluación se sacó un uno”, lamentó Beinusz Szmukler, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

El concurso 140 se inició en agosto de 2005, para cubrir el lugar del destituido Galeano. Luego se sumó la vacante que dejó Jorge Urso. En diciembre rindieron examen 32 postulantes. El jurado concluyó que “ninguno demostró un dominio claro de la totalidad de los problemas en juego”, ni “la habilidad para presentar una solución bien argumentada”. Sólo siete sacaron más de cinco puntos. Primero terminó Daniel Petrone (8), hoy juez en lo penal económico. Segundo quedó Ignacio Rodríguez Varela (7) y tercero Marcelo Martínez de Georgi (6,5), que hoy subroga a Urso.

Como 22 postulantes impugnaron las calificaciones por arbitrarias se creó una subcomisión para evaluar sus cuestionamientos, integrada por el juez Luis María Bunge Campos y el diputado Carlos Kunkel. Según la resolución de ayer, ambos advirtieron una “presunta arbitrariedad manifiesta” y convocaron consultores técnicos: los juristas Julio Maier, Gustavo Mitchell y Carlos Lascano. El 14 de febrero de 2007 se conoció su dictamen. Según la resolución de ayer, negaron genéricamente cualquier arbitrariedad pero no se pronunciaron sobre observaciones puntuales, no desvirtuaron la impresión de arbitrariedad. “Eso es falso: los consultores ratificaron que la evaluación fue inobjetable”, sostiene Szmukler.

Desde febrero de 2007 el tema hibernó. En septiembre, cuando Guillermo Montenegro saltó al PRO, surgió la tercera vacante y el Consejo llamó a concurso. La prueba estaba prevista para el 17 de octubre pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo suspendió las inscripciones y el trámite del concurso anterior. Sin los tres representantes de los jueces, el tema se trató ayer sobre tablas el planteo de Conti y lo aprobó por unanimidad.

La resolución resaltó una urgencia que durante el último año y medio pareció no haber existido. “Sin reprochar la actividad” del jurado cuya evaluación descalificaron, los consejeros destacaron los planteos de los candidatos bochados y cuestionaron la complejidad del caso elegido para la evaluación con el argumento de que uno similar dividió posiciones en la Corte Suprema. “Como no quisieron designar a la terna elegida trataron de vaciar el concurso 140 designando a los seleccionado en otros tribunales. El concurso fue convalidado por consultores de primer nivel, pero igual lo liquidan. Esto responde a un plan del que son responsables todos los que lo votaron”, concluyó Szmukler.