La resonancia que tuvieron las grabaciones secretas ventiladas en el juicio que se le sigue en Miami al venezolano Franklin Durán, en las que se mencionaba a funcionarios argentinos como involucrados en el intento de Guido Antonini Wilson de ingresar al país una valija con 800 mil dólares, causó el suficiente impacto como para provocar un fuerte retroceso en la relación de la Argentina con Estados Unidos, que había mejorado sustancialmente en los últimos tiempos. El principal contrapunto estuvo marcado por un comunicado de la Cancillería, que señala que las relaciones entre ambos países están “afectadas”, y en la posición que mostró anoche el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Earl Anthony Wayne, quien se preocupó en subrayar que las acusaciones surgidas en Miami “no están dirigidas contra funcionarios o individuos argentinos”.

Lo que produjo el enojo del gobierno argentino fue que el miércoles durante el juicio que se le sigue a Durán, el fiscal Tom Mulvihill hizo escuchar una grabaciones que tomó el propio Antonini Wilson como testigo protegido del FBI. En ellas hablaba con varias personas y se decía que el dinero que le secuestraron estaba destinado a financiar la campaña electoral de Cristina Kirchner. También Antonini Wilson señalaba que el ex funcionario Claudio Uberti –cercano al ministro Julio De Vido– había sido quien le pidió que llevara la valija con los 800 mil dólares. Y una voz atribuida al ex camarista argentino Guillermo Ledesma expresaba que “Kirchner y Chávez” eran la garantía de que Antonini no iría preso.

Una reacción más fuerte aún había tenido el gobierno argentino en diciembre, apenas asumida Cristina Kirchner, cuando el fiscal Mulvihill declaró por primera vez que el dinero de la valija estaba destinado a la campaña electoral. En ese momento, la Presidenta dijo que se trataba de “una jugada sucia” para perjudicarla. Ayer, pese a que encabezó dos actos, no hizo referencia al tema.

En el comunicado que difundió la Cancillería se señaló que “a pesar de haber transcurrido más de un año desde la solicitud, no se ha recibido respuesta alguna a la solicitud de extradición” de Antonini Wilson y que es “altamente llamativo este silencio”.

También sobresale la acusación sobre “el uso indebido de una causa judicial con fines políticos subalternos”. El párrafo dice textualmente: “Las aseveraciones irresponsables efectuadas por la fiscalía en base a material armado y producido por el FBI –es decir con conocimiento de autoridades políticas de Estados Unidos– cuando al mismo tiempo se niega a nuestro país la posibilidad de juzgar a los responsables (...) implican el uso indebido de una causa judicial con fines políticos subalternos”.

“Las relaciones maduras que deben existir entre estados no pueden verse sino afectadas a instancias de operaciones con finalidades políticas de este tipo”, señala el comunicado que finaliza así: “Claramente se intenta hacer aparecer como culpables a las autoridades que evitaron el ingreso ilegal de divisas e inocentes a quienes violaron las leyes”.

En este último párrafo está la clave de la posición del gobierno argentino: cuando le abrieron el maletín en Aeroparque, Antonini Wilson dijo que el dinero era de él y reclamó que se lo devolvieran –aún está incautado–, mientras que en Estados Unidos dice que no le pertenecía.

Fuentes del Gobierno también señalaron algo que nunca dirían en público y es que si se quisiera hacer entrar dinero de otro gobierno para financiar una campaña, bastaría con enviarlo por vía diplomática –libre de controles aduaneros–, evitando cualquier riesgo. “La verdad que todo es muy burdo. No lo puede creer ni un chico. Pero hay medios de comunicación que, con mala intención, quieren hacer aparecer a Antonini Wilson como la víctima y al Gobierno como el victimario”, dijo un ministro a PáginaI12.

Antes de que la Cancillería emitiera el comunicado, ya varios funcionarios habían salido a plantar posición en el tema. “Tenemos que poner las cosas en su lugar: que un delincuente impute al Gobierno y se le de crédito no hace a la veracidad de la información”, sostuvo el jefe de Gabinete, Sergio Massa. En términos parecidos, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, sostuvo que “es lamentable que en nuestro país se tome como verdadera la declaración de tres delincuentes”. Y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, completó: “Que se plantee esto es torpe, es casi un episodio de Maxwell Smart”.

En su reacción, la embajada estadounidense señaló que su país está “comprometido en una relación bilateral exitosa y con todo el trabajo que ello implica”. Wayne aprovechó anoche el acto de presentación del nuevo consejero comercial en su sede diplomática para tratar de separar la causa judicial de la relación bilateral.

“Lamento que los comentarios emitidos hoy sobre el caso parezcan reflejar un malentendido sobre cómo funciona nuestro sistema legal y su grado de independencia operativa. De hecho, uno de los pilares de nuestro sistema de gobierno es un Poder Judicial independiente”, sostuvo. Añadió que “este caso no tiene que ver con las relaciones entre los Estados Unidos y la Argentina, y no está dirigido contra las autoridades argentinas. Percibimos estas relaciones como importantes y basadas en valores compartidos e intereses comunes”. Cerró asegurando que trabajaría para que el próximo viaje de la Presidenta a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas sea “exitoso”.

Fuentes de la embajada consultadas por PáginaI12 recordaron que en el caso “sólo está acusado un ciudadano venezolano”. También sostuvieron que para Estados Unidos “la comunicación de este episodio (las grabaciones hechas por el FBI y ventiladas en el juicio) no afectan las relaciones bilaterales; quien quiera interpretar que la relación entre ambos países está mal, se equivoca”.

Esta última aclaración no parece antojadiza si se tiene en cuenta que quien considera afectada la relación es el propio gobierno argentino, que protestó porque hace más de un año que pidió la extradición de Antonini Wilson y no recibió respuesta. También porque el fiscal –que depende de la Secretaría de Justicia– hizo “aseveraciones irresponsables” en base “a material armado y producido por el FBI, es decir con conocimiento de autoridades políticas de Estados Unidos”.

La misma queja fue trasmitida ayer personalmente en Washington por el embajador argentino en Estados Unidos, Héctor Timerman, en una reunión que mantuvo con el secretario de Asuntos Hemisféricos, Tom Shanon, en una jornada particularmente complicada para él, ya que dos embajadores de su área, el de Bolivia y el de Venezuela, fueron expulsados en el mismo día. En el encuentro, Shannon –que durante la tarde de ayer se comunicó varias veces con el embajador Wayne– insistió ante Timerman con el argumento de que tanto el fiscal del juicio en Miami como el FBI se manejan de manera independiente de la casa Blanca y que no quisiera que el episodio afecte la relación bilateral.