“Mi más alta consideración y estima”, se despidió un día con giro diplomático. “Lo saludo con sentimientos de la más alta consideración y estima personal”, regaló otro, digno de una pluma rococó. Las cartas del nuncio apostólico Santos Abril y Castelló son un canto a las formas, de eso ya nadie tiene dudas. Pero lo que pocos saben es la presión que con esas epístolas ejerció sobre los últimos dos gobiernos durante la puja –aún vigente– por la construcción de un hotel lindante a la representación del Vaticano, en un terreno conocido como Palacio Duhau. A tal punto que, primero, logró dar vuelta un fallo que le era totalmente opuesto a sus pretensiones y, después, influyó en la confección de un reciente decreto del presidente Eduardo Duhalde, ambos para alterar al, por cierto también, polémico emprendimiento turístico.
Uno de los primeros documentos que ponen de manifiesto el conflicto es un memorándum de Cancillería de mediados del 2001, donde el secretario de Culto de Fernando de la Rúa, Norberto Padilla, admitió que Abril y Castelló le manifestó su oposición a la construcción del hotel de alta categoría.
El nuncio se basó en el artículo 22 de la Convención de Viena, que obliga al Estado a “proteger los locales de la misión contra toda intromisión o daño y entrar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”.
Pero no logró su cometido. La respuesta del entonces consejero legal del ministerio de Relaciones Exteriores, Alan Béraud, fue categórico: aseguró en un dictamen que la construcción del hotel “en sí misma no constituye una violación de las obligaciones internacionales vigentes”.
El nuncio Abril y Castelló insistió. El 28 de agosto, a través de un cable confidencial, Padilla advirtió sobre un contacto que mantuvo con “el encargado de negocios ad interim de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, Monseñor Nicola Girasoli”. El religioso –según explicó el funcionario– se quejó porque “no hay disponibilidad de diálogo” entre el dueño del terreno en cuestión y la Nunciatura.
El nuncio Abril y Castelló insistió. Pidió la “inmediata paralización cautelativa de las obras” al constatar que “han comenzado los trabajos de demolición de la construcción de la calle Posadas sin que la Nunciatura haya sido informado” por el Gobierno de la Ciudad.
Fue suficiente para que el vicecanciller Horacio Chighizola trasladara la inquietud al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, quien a través de su Secretaría de Planeamiento había autorizado la obra por “cumplir las exigencias del Código”.
Fallos a favor de la obra
El nuncio Abril y Castelló insistió. Informó a la Cancillería, comandada por Adalberto Rodríguez Giavarini, sobre una comunicación mantenida con De la Rúa, en la que le planteó la “ilegal” actitud con la que a su entender procedió el Gobierno de la Ciudad. Después, valiéndose del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, ocurrido por esos días, manifestó que el hotel “se presta fácilmente a actividades de espionaje, de posibles actos terroristas o de otra especie”.
No obstante ello, la Cancillería le respondió con un informe que a su vez le remitió Ibarra. Allí se reafirmó que la Secretaría de Planeamiento Urbano porteña autorizó la obra de reciclaje del Palacio Duhau y que el Procurador General de la Ciudad consideró que la Convención de Viena “no interfiere ni tangencialmente en las esferas de competencia en materia urbanística”. Además consignó –pese a las expresiones de Abril y Castelló– que sí hubo conversaciones entre la Ciudad y la Nunciatura a través de la vicejefa de Gobierno, Cecilia Felgueras.
Como si eso no bastara, Béraud, el consejero legal de la Cancillería, y el Procurador del Tesoro de la Nación, Ernesto Alberto Mercer,coincidieron en que “no hay obligación internacional que impida o imponga reestricciones a las construcciones en terrenos lindantes a una misión diplomática”.
El nuncio Abril y Castelló insistió. A través del decano y vicedecano del cuerpo diplomático, y más de 50 embajadores, ninguneó la catarata de fallos contrarios a sus pretensiones, señalando que la opinión de los procuradores porteño y Nacional “no representan la máxima autoridad jurídica” y “su opinión puede ser controvertida”. La Nunciatura ya no esgrimió sólo la Convención de Viena sino la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre “seguridad”.
A pesar de la guerra declarada, el 5 de noviembre, un memorándum de Padilla reprodujo el pedido de los decanos del cuerpo diplomático, quienes esperaban que sus quejas “no tuvieran repercusión periodística ya que eso ayudaría a posibilidad una deseable solución al caso”.
La Cancillería respetó el silencio, pero respondió con mayor dureza a través de un informe legal en el que se ordenó enviar una circular a todas las embajadas –las que se habían y las que no se habían involucrado en el conflicto– donde ratificó que con la obra no se afecta la Convención de Viena ni “ninguna otra norma internacional”
El nuncio Abril y Castelló insistió. Aseguró que la interpretación de la Cancillería fue “absolutamente restrictiva y totalmente ajena a la conflictiva y riesgosa realidad”. Y agregó que “150 ventanas se proyectarán sobre el bien (los jardines de la Nunciatura) sobre cuya seguridad y privacidad procura preservar”
Pero Béraud respondió inmediatamente. “Existen numerosos ejemplos de hoteles y edificios con vistas a los jardines e interiores de las misiones diplomáticas, incluyendo las Nunciaturas de España y Egipto.”
Llegó el milagro
La crisis de fin del año pasado paralizó la guerra epistolar. Sólo se conoció un pedido de información del Príncipe de Gales, quien adhiere a la preservación del Palacio Duhau.
Una vez que Duhalde llegó al poder, tras los sucesivos cambios de funcionarios, se produjo el milagro. El nuevo procurador General del Tesoro, Rubén Citara, admitió en abril de este año realizar un nuevo examen sobre el tema con carácter de “excepción”. Y tomando los argumentos de la Nunciatura, consideró que la construcción del hotel es un “riesgo” que contradice la “obligación de prevención” del Estado.
Recién ahí entró en escena en la pelea epistolar con Cancillería los impulsores de la obra, la firma El Rosario SA, a través de su mandataria Silvia Sanusian, quien impugnó el flamante y sorprendente fallo de Citara, al considerarlo “intencionado”, fallo sobre el que ahora deberá dar vista el canciller Carlos Ruckauf. Y agrega otros elementos nunca antes planteados que, entiende, desbaratan el argumento de la Nunciatura. “Ya existen edificios que ostentan la misma altura y la misma vista sobre la sede diplomática que tendría el hotel y están más cerca de la Nunciatura que la que estaría el hotel”.
El nuncio Abril y Castelló insistió. Y logró que, por un decreto del 16 de agosto, el Gobierno declarara monumento histórico al Duhau, lo que puede considerarse de enorme importancia cultural, pero que se convierte en una nueva traba a la obra. La última batalla la planteó la firma, que en comunicación con la prensa pregonó las de las “vetajas de la inversión”: 65 millones de dólares, 500 puestos de trabajo durante la ejecución de la obra y 300 empleos permanentes una vez concluida. La guerra epistolar continúa.