Bajo los efectos de la crisis internacional de la década del ’30, un grupo juvenil de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, FORJA por su sigla, eligió como consigna una frase atribuida al ex presidente Hipólito Yrigoyen, el primer gran líder populista del siglo pasado: “Todo taller de forja es un mundo que se derrumba”. En ese taller y en ese mundo se estaba forjando el próximo ciclo de representación popular, crecimiento económico y distribución progresiva, al que los jóvenes forjistas adhirieron de inmediato cuando su liderazgo fue asumido por el coronel Juan Perón. La presidente CFK alude con frecuencia a uno de aquellos jóvenes, Arturo Jauretche, que simbolizó la continuidad entre los dos grandes caudillos y alentó la fantasía recurrente de un tercer movimiento histórico.

Las causas subyacentes

El mundo que hoy tiembla es el creado por la desregulación absoluta del mercado financiero. Pero también está en crisis la destrucción creativa propuesta por el austriaco Joseph Shumpeter como rasgo central del capitalismo. Si las irónicas definiciones de socialismo nacional, nacionalización o bushevikismo pueden parecer algo excesivas para el plan de rescate selectivo de entidades, sin dificultades les cuadra la de crony capitalism, o capitalismo de los amigos, en el que las autoridades deciden a quiénes asistir con el salvavidas de los fondos públicos, mediante superpoderes libres de control. Esta es una de las razones de la reticencia de Barack Obama, quien exigió a Bush que el salvataje fuera para los ciudadanos en problemas y no para los ejecutivos que los crearon.

Las causas económico-financieras del desbarajuste son, mal o bien, conocidas. Sus raíces políticas y culturales no tanto. Se hunden en la idea de la potencia invulnerable que siempre y en todos los frentes está en condiciones de doblar la apuesta, segura de que saldrá victoriosa. Su complejo militar-industrial-tecnológico y de entretenimiento es capaz de someter mediante nuevas generaciones de armas aterradoras a cualquier población del mundo. Su industria farmacéutica sabe curarlo todo con drogas cada vez más poderosas. Sus agroquímicos rompen la barrera entre las especies para diseminar sus quimeras genéticas por el planeta. Su sistema financiero parecía haber reemplazado los ciclos de la economía por una multiplicación incesante de ganancias. En el camino convocó desastres como el cambio climático de efectos todavía no bien conocidos pero que ponen en peligro la subsistencia de la vida en el planeta, condujo al surgimiento de bacterias multirresistentes que amenazan con desencadenar horrendas plagas, favoreció la reaparición de enfermedades que se creían erradicadas y el incremento en la frecuencia de otras, aniquiló el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Es esa constelación la que amaga derrumbarse, más allá de los altibajos de cada día en los mercados, donde la intervención estatal ya no es vilipendiada sino exigida.

Populistas abstenerse

La semana pasada el New York Times aludió a esa crisis cultural que subyace al despiporre financiero. Dijo que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de su país son cada vez menos citadas por sus homólogas en el resto del mundo. Ese descrédito tiene que ver con su pasividad y lentitud ante las violaciones de los derechos humanos y con un pronunciado giro en su jurisprudencia en casos que involucran a grandes empresas y a los intentos de regularlas en su actividad, como contó en marzo la revista dominical del mismo diario. La extensa investigación de Jeffrey Rosen se tituló nada menos que “Corte Suprema Sociedad Anónima”. Tanto los ministros liberales cuanto los conservadores entienden que el uso del litigio contra malos manejos empresarios es una forma indirecta de regulación que puede utilizarse en forma abusiva. Hace una generación una mayoría de jueces de la Corte Suprema veía a las grandes empresas con escepticismo e incluso en forma prejuiciosa. Más atrás aún, un juez del New Deal, considerado populista, dijo que estaba decidido a orientar la ley en favor del medio ambiente y en contra de las empresas. Pero hoy no quedan populistas económicos en la Corte, ni siquiera entre los miembros progresistas. Desde que John Roberts fue designado presidente del tribunal, en 2005, la Corte es cada vez más receptiva a las preocupaciones patronales: elige más casos que involucran intereses empresariales y los favorece cada vez en mayor proporción. En el último período judicial fueron cuatro de cada diez casos elegidos y en tres de cada cuatro de ellos respaldó a las empresas demandadas, en forma unánime o con apenas una o dos disidencias, contrariando su fama de votar dividida. El diario decía en marzo que las demandas de accionistas burlados, las objeciones antimonopólicas a fusiones empresariales, los litigios por patentes y los esfuerzos para reducir el pago de intereses punitorios por daños comprenden miles de millones de dólares, tienen grandes consecuencias económicas e influyen en la vida cotidiana de la población.

Por lo general las opiniones de la Corte tienden a reflejar o consolidar un consenso social previo. En el caso de su jurisprudencia pro empresarial ese consenso se circunscribe a las elites, demócratas o republicanas, sobre el valor de la libertad absoluta de los mercados y en contra de las regulaciones y los esfuerzos por controlar a las grandes empresas. Sin embargo el resto del país no comparte este elitismo. Una reciente encuesta del célebre instituto Pew descubrió una manifiesta simpatía por la intervención estatal en la economía, declarada por dos tercios de los entrevistados. “¿Estará reflejando la Corte un consenso elitista, opuesto a los sentimientos de la mayoría de los estadounidenses?”, se pregunta el autor. ¿Cómo no asociarlo hoy con las caídas de Lehman Brothers, Merril Lynch, Washington Mutual, Freddie Mac o Fannie Mae?

Economía y política

Desde el punto de vista económico la Argentina está en buenas condiciones para resistir el tembladeral gracias a los superávit comercial y fiscal y las reservas acumuladas. Las previsiones del presupuesto 2009 no contemplan otro efecto negativo que una desaceleración del crecimiento, a tasas que aun así equivaldrían a las más elevadas del siglo XX, antes de su vigorización china. Los mayores problemas son políticos, consecuencia de la vulnerabilidad en que quedó el Poder Ejecutivo luego de la votación fatídica de julio Cobos y de la ronda de testimonios en el juicio de Miami. De las grabaciones difundidas por el FBI se desprendieron esta semana algunas conclusiones significativas: el principal temor de Antonini Wilson era ser extraditado a la Argentina y en el aeropuerto Newbery habría habido un soborno de 3.000 dólares a un funcionario policial, lo cual no se concilia con el supuesto arreglo en las altas esferas. Franklin Durán le reprocha en un tramo a su ex socio haber ido “por un camino directo con el presidente vía del consulado”. Es decir que ése fue el conducto elegido por el FBI para enviar a Chávez la carta que le dieron al Gordo para que la firmara. Durán le advierte: “Cuando te acercas tanto al sol te puedes quemar”, frase que desmiente la alegada proximidad de ambos hombres de negocios con el presidente venezolano. El traslado al martes de la deposición de Antonini para que coincidiera en forma exacta con el comienzo del discurso de CFK en la Asamblea General de las Naciones Unidas y las sucesivas ampliaciones con su presentación en el Nasdaq, el Council of Foreign Relations y el Banco Mundial, son tan elocuentes como su ubicación en la mesa principal junto a Bush. Una hirviendo y otra helada, método pedagógico probado.

Interpretaciones divergentes

Los resultados macroeconómicos del último lustro se obtuvieron en una situación de aislamiento forzoso de los mercados voluntarios de capital que demostró la potencialidad de crecimiento con recursos propios si se contiene la fuga. Por eso el anuncio sobre la propuesta de los bancos Barclays, Citigroup y Deutsche para el canje de los bonos en moratoria que no aceptaron el swap de 2005 se abrió a interpretaciones divergentes, entre quienes lo consideran como un giro hacia la ortodoxia impuesto por los fondos buitres y los bancos debido a la debilidad política del gobierno, que sólo podría recomponerse por derecha, y aquellos que entienden que se trata de una oportunidad generada por la crisis internacional, que liberaría recursos para inversión social y en infraestructura, sin abandonar una propuesta desarrollista y redistributiva.

A diferencia de otros gobernantes, Cristina y Néstor Kirchner no usan un discurso de exportación distinto al de cabotaje, lo cual agita a los columnistas de los medios locales transnacionalizados que, como el conde Ckikoff y su hija Eugenia, se empeñan en enseñar buenos modales a los bárbaros. Pero esa virtud no equivale a la coherencia del discurso, se lo pronuncie en José C. Paz o en Time Square. El regreso a los mercados de la mano de los holdouts no es la conclusión más lógica de una crítica a la especulación financiera y una alabanza a la producción y el trabajo. Desde el gobierno se ha destacado que la quita será superior a la del canje de 2005, que no habrá pagos en efectivo como entonces sino aporte de dólares frescos, que la comisión de los bancos que reunieron a los acreedores y elaboraron la propuesta la pagarán los bonistas y no el Estado, que los intereses vencidos también se pagarán con bonos, que los bancos colocarán un nuevo bono a diez años por el 25 por ciento del total que se canjee, que se postergará por veinticinco años el vencimiento de los préstamos garantizados que emitió Cavallo y que el cierre de todas estas operaciones despejaría el horizonte de financiamiento durante el resto del primer mandato de CFK. El presupuesto enviado al Congreso estima que el stock de deuda pública de 2007 era el 56 por ciento del PIB, tres veces menos que en 2002 y los intereses que se pagarán por ella este año del 10,2 por ciento de la recaudación, contra casi el 35 por ciento de 2001. Al incorporarse los 10,14 o 20.000 millones del nuevo canje el stock aumentaría en una proporción inferior al crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que reduciría su peso sobre las cuentas públicas. Pero los datos extraoficiales que dejó trascender la jefatura de gabinete indican que el interés de los nuevos papeles sería del 12 por ciento anual, apenas algo menos que en el megacanje de Fernando De la Rúa (15 por ciento) pero mucho más que los bonos entregados en 2005 (hasta 4 por ciento como máximo). Además se reconocería la jurisdicción de los tribunales de Nueva York.

Al Congreso

Uno de los anuncios más tranquilizadores que CFK hizo en el Council of Foreign Relations fue que una vez definidos los detalles la propuesta sería remitida al Congreso, que en 2005 echó cerrojo a cualquier apertura de negociaciones con quienes no entraron en el primer canje. Si el gobierno no lo hace antes, ése será el momento de una valoración nítida sobre ambas interpretaciones, de aclarar los puntos dudosos y de establecer los controles y las regulaciones imprescindibles para no volver a la nefasta bicicleta financiera. Una de las frases felices de la gira presidencial fue que Estados Unidos tenía la ventaja de que ni el FMI ni las calificadoras de riesgo vendrían a aconsejar la mejor salida. Pero la sonrisa se congelaría si la misma clase de condicionalidades fuera impuesta ahora por los acreedores y sus banqueros. Todos los gobiernos ven al Congreso como un engorro que limita su discrecionalidad e inventan mecanismos para eludirlo mediante delegaciones, como el fast-track estadounidense o la autorización para reasignar partidas del presupuesto en la Argentina. Pero también puede ser un respaldo a la hora de rechazar imposiciones inconvenientes para un proyecto nacional, un lugar para resistir las presiones de los grandes intereses oponiéndoles la voluntad popular, como ya ocurrió con la recuperación de Aerolíneas Argentinas. Allí se tratará esta semana el proyecto oficial de movilidad de las jubilaciones, que tiende a consolidar las mejoras concedidas mediante doce aumentos dispuestos en forma discrecional por el Poder Ejecutivo, con la reapertura de la opción para cambiar del régimen de las AFJP al estatal, la creación de un fondo de garantía para que esos aportes no se usen para otros fines y con la incorporación al régimen de un millón y medio de jubilados que no habían podido completar los aportes requeridos. Tal como lo reclamó la Corte Suprema, la fórmula se aplicará con cierta independencia de la voluntad del poder administrador. El gobierno aceptó varios cambios propuestos por la oposición para mejorar el sistema pero aun así no ha conseguido asegurarse el número para una votación tan amplia como la de Aerolíneas, si bien no parece correr riesgos como el día de las retenciones. A falta de una jefatura política que explique las virtudes del proyecto, se ha enredado en discusiones sobre una fórmula abstrusa de cálculo y no ha tenido la iniciativa de poner en la mesa de negociación con el Congreso el aumento del mínimo que la presidente prefiere reservarse como acto propio para levantar una vez más el piso antes del primer ajuste automático.

¿Cambio de tipo?

Esa discusión está vinculada también a la del tipo de cambio y sus consecuencias sobre la producción y el trabajo, ya que uno de los reclamos clásicos del sector financiero es la apreciación del peso. En cambio industriales y exportadores agropecuarios exigen lo contrario, con el agregado de que los productores primarios también batallan contra las retenciones, que nivelan los precios relativos. La inflación subió el piso de los costos e hizo más candente la presión. El Día de la Industria, CFK rechazó la elevación del tipo de cambio, ofreció apurar la ley del seguro de riesgos del trabajo y, según sus palabras, “intimó” al ministro Carlos Tomada para que avance de acuerdo con las empresas, ya que la competitividad estaría afectada por lo que llamó “la industria del juicio”. Autor de otro proyecto, objetado por los empleadores, el diputado del Frente para la Victoria y abogado de la CGT Héctor Recalde sostiene que si la ley fuera justa no habría juicios. Su proyecto permite que el trabajador accidentado cobre el seguro y, si la indemnización no es la correcta, además recurra a la justicia. Se basa en diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia que declararon la inconstitucionalidad de la ley de accidentes de trabajo promulgada en 1995, de la que nadie se hace responsable. “Está huérfana por abandono de padres intelectuales”, dice Recalde, quien ejemplifica con un obrero al que por trabajar sin protector el balancín le amputa algunos dedos de su mano izquierda. Con una incapacidad del 30 por ciento, a los 50 años y con un sueldo de 2.000 pesos mensuales, sólo será indemnizado con 41.000 pesos. “Si le parece injusto porque su daño es mayor, pretenden que no cobre nada y vaya sin sus dedos a la justicia, para que al cabo de dos o tres años le paguen lo que corresponda. A esto lo llaman libertad o autonomía de la voluntad”. A este cuadro se suma la reelección de Eduardo Buzzi al frente de la Federación Agraria y la elección como jefe de la Sociedad Rural de Hugo Biolcati, el tambero furibundo que echó a los gritos a la redactora del semanario Noticias Ana Pérez Cotten porque le preguntó si le prestaba su avión a Alfredo De Angeli, cuántas hectáreas y vacas tenía y por qué había blindado sus dos camionetas Gran Cherokee. Según Biolcatti, ni él es tan liberal ni Buzzi tan de izquierda como se los pinta. Juntos meditan reanudar el combate interrumpido en julio. No importa que las oscilaciones del mercado internacional hayan demostrado la racionalidad del derrotado proyecto oficial de retenciones móviles. Ellos vienen por más, y no son los únicos.