Con admirable serenidad para quien declara por 45ª vez, Marta Haydeé García describió ayer su cautiverio y la muerte en la tortura de su esposo Jorge Candeloro en el centro clandestino La Cueva, que comandaba el coronel Alberto Pedro Barda. La testigo recordó ante el Tribunal Oral Federal 5 que durante su secuestro en la comisaría 4ª de Mar del Plata intentó sin éxito ser auxiliada por el juez Pedro Federico Hooft, quien visitaba allí a presos comunes. Hooft aún sigue en funciones, mientras los pedidos de juicio político en su contra hibernan en la oficina de Control Judicial de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. El tribunal presidido por Guillermo Andrés Gordo, que también juzga a los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani por crímenes en Mansión Seré, rechazó ayer un nuevo planteo del fiscal federal Félix Crous para autorizar la transmisión de las instancias finales del juicio, como ocurre en todo el país, tema sobre el que ahora deberá pronunciarse la Cámara de Casación Penal.

Las declaraciones de García ante organismos y jueces, nacionales y extranjeros, incluidos reconocimientos de lugares de cautiverio, suman 45. “Al principio se declara para que la sociedad sepa. Luego de tantos testimonios se da un efecto paradojal: un shock postraumático que antes no se sentía”, confesó la testigo, psicóloga de 69 años.

Candeloro y García se fueron de Mar del Plata en 1975, huyendo de los grupos de choque de la Concentración Nacional Universitaria. Abogado laboralista en varios sindicatos, militante del PCR, Candeloro había tenido un rol central en la causa por el asesinato de Silvia Filler que en 1971 llevó a la cárcel a varios miembros de la CNU. En 1973, amnistiados, volvieron a sembrar terror en Mar del Plata. Por ese motivo, el matrimonio se radicó en Neuquén, donde fue secuestrado el 13 de junio de 1977. “Me llevaron a la Policía Federal, siete días”, recordó. Por los guardias supo que la captura había sido pedida por el Ejército desde Mar del Plata, donde Barda era la autoridad máxima.

Durante el traslado, con vendas, esposas y cadenas en los pies, los amenazaron con arrojarlos al mar. La primera escala fue La Escuelita de Bahía Blanca. Allí pasaron una noche, Candeloro al aire libre, García en una casilla. Cuando los encerraron en el baúl del auto que los trasladaría al aeropuerto de Espora, escala previa al GADA 601, pudieron tomarse de la mano y cruzar unas palabras, recordó ayer.

“La Cueva era el verdadero infierno”, resumió. “¿Así que sos psicóloga? ¡Puta como todas las psicólogas!”, fue la bienvenida de los militares, que la arrojaron por una escalera con capucha y esposas. García no se explayó en detalles sobre victimarios y las partes tuvieron la delicadeza de no preguntar más de lo imprescindible. Se entiende: ya en 1985, durante el Juicios a las Juntas, García declaró durante ocho horas.

Recordó que al llegar había alrededor de treinta personas, trasladadas poco después, y dio precisiones sobre torturas. “La picana y el submarino eran comunes, pero las mujeres sufríamos diferencias de género: éramos violadas sistemáticamente por los guardias, era tal vez el premio”, dijo. Los guardias eran de Ejército y Fuerza Aérea. Por borracho y sádico sobresalía el suboficial Gregorio Rafael Molina, a quien García volvió a ver por las calles de Mar del Plata.

Tras escuchar morir a su marido y vivir desde La Cueva la Noche de las Corbatas del 6 de julio de 1977, como se conoce al secuestro de un grupo de laboralistas marplatenses, García fue trasladada a la comisaría 4ª, donde estuvo otros tres meses. Allí concurría el juez Hooft. “Un día grité ‘¡doctor Hooft, soy la señora del doctor Candeloro!’, con la esperanza que uno tiene en la Justicia. El juez preguntó ‘¿quién está acá?’, le dijeron ‘una mujer a disposición de las Fuerzas Armadas’, y después escuché cómo los pasos de la justicia se alejaban”, resumió.

Hooft fue denunciado como partícipe de 148 delitos de lesa humanidad por las secretarías de Derechos Humanos de Nación y provincia, la Comisión Provincial por la Memoria y organismos de Mar del Plata. Desde 2006 hay varios pedidos de juicio político en su contra en la Secretaría de Denuncias y Acusaciones contra Magistrados de la Suprema Corte bonaerense. La causa penal se frenó gracias a planteos dilatorios del interesado. El jury duerme en la oficina de Control Judicial del máximo tribunal provincial, a la espera de que la Procuración se decida a acusarlo.

El tribunal que preside Guillermo Gordo, en tanto, ratificó ayer su criterio de publicidad acotada por el cual prohíbe el ingreso de reporteros gráficos a la sala. La primera negativa fue el 14 de agosto, dirigida a la querella, con el argumento de que las cámaras atentan “contra la espontaneidad de los testigos”. El fiscal Crous solicitó entonces la transmisión de las audiencias de las que no participan testigos: lectura de elevación a juicio, alegatos, dúplicas, réplicas y sentencia. Como Gordo no acusó recibo del nuevo planteo y remitió al fiscal a la negativa anterior, Crous interpuso un recurso de casación en el cual denunció una “arbitrariedad manifiesta”, destacó la “gravedad institucional” del caso y recordó que el Estado se comprometió internacionalmente a juzgar crímenes de lesa humanidad y garantizar el derecho a la verdad que el tribunal pone en crisis. El nuevo rechazó llegó ayer, con doce días de demora: los suficientes para que cuando Casación se pronuncie la cuestión sea abstracta porque el juicio habrá concluido.