Las retenciones móviles que supuestamente ponían en jaque la rentabilidad del campo ya no están, pero las entidades rurales decidieron ayer convocar a un nuevo lockout que se extenderá desde la primera hora del viernes a la medianoche del miércoles. No venderán granos ni carne. También están previstos actos en distintos pueblos del interior y una movilización al Congreso para el miércoles, donde un día antes armarán una carpa con organizaciones sociales y partidos de izquierda. Afirman que no cortarán rutas, pero en marzo habían dicho lo mismo y los bloqueos terminaron siendo la característica distintiva de la protesta. Lo que reclaman ahora es una nueva baja de las retenciones, que se autoricen aumentos en los precios del ganado, la leche y el trigo, ayuda estatal para enfrentar la sequía y la flexibilización de las regulaciones que aplica la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca). “En un momento donde la crisis financiera internacional está generando condiciones que no sabemos dónde van a terminar, esta medida de protesta ayuda muy poco al país”, aseguró el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, al conocer la decisión.

La Mesa de Enlace informó que la medida se consensuó luego de no haber recibido respuesta a ninguno de los planteos realizados en la reunión que mantuvieron la semana pasada con el propio Cheppi. Este funcionario había declarado el lunes que el Gobierno estaba evaluando cambios en el régimen de retenciones y la implementación de un paquete de ayuda para los productores afectados por la sequía. Sin embargo, los empresarios igual confirmaron el cese de actividades comerciales, porque desconfían de la voluntad oficial para introducir cambios en la política agropecuaria. En los últimos días habían evaluado la posibilidad de no convocar al “paro” para no perjudicar a quienes venden productos perecederos y hacienda proveniente de la zona de sequía, pero luego resolvieron ese punto al exceptuarlos de la medida.

“Si el Gobierno se comunica con nosotros antes o durante la protesta evaluaremos la situación, pero no vamos a reunirnos para tomar café y darnos besos en la mejilla. Queremos soluciones concretas”, aseguró el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati. Al defender la vuelta al lockout, sostuvo que “no se puede desconocer el agravamiento de la situación de los productores por el alza de costos, ligada a los precios del petróleo, y la caída de precios internacionales por la crisis financiera mundial”. Resulta llamativa la mención de Biolcati sobre el supuesto impacto que está provocando el precio del petróleo en los costos del sector, pues cuando los productores levantaron el último lockout el crudo rozaba los 140 dólares y ayer cerró a 100.

En una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno, luego de analizar la situación con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Cheppi criticó la decisión de las entidades del agro. “No la esperábamos. Nos reunimos la semana pasada, y habíamos abierto la posibilidad para volver a encontrarnos esta semana”, sostuvo. Luego se mostró preocupado por el impacto que puede llegar a tener la protesta en el contexto actual de crisis financiera internacional. El titular de la Oncca, Ricardo Echegaray, fue mucho más duro. “Dimos pruebas de que queremos cambiar la política agropecuaria para beneficiar a los que trabajan en el campo. La mayoría de los integrantes de la Mesa de Enlace viven de lo que produce el campo, pero no trabajan en el campo”, remarcó.

Los ruralistas piden una baja adicional de las retenciones a las exportaciones y aumentos en los precios de la carne, la leche y el trigo. Al igual que durante el lockout anterior, sostienen que pierden plata, pero no hay estudios que avalen sus dichos. Por ejemplo, actualmente los productores están cobrando 1,045 por cada litro de leche. El pago equivale a 33 centavos de dólar, 60 por ciento más que los 21 centavos que percibían en el mejor momento de la década del ’90, con la economía dolarizada. Ese ingreso les garantiza una rentabilidad del 30 por ciento a los tamberos del oeste de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y la provincia de Córdoba, según datos de la revista especializada Márgenes Agropecuarios. Obviamente, hay unidades productivas de zonas marginales que son más pequeñas e ineficientes, pero en lugar de pedir que se atiendan esas situaciones particulares reclaman que se les pague 1,30 peso a todos.

También cuestionan la regulación que ejerce el Estado a través de la Oncca. Luciano Miguens afirmó dos días antes de abandonar la presidencia de la Sociedad Rural que Cheppi “tendría en forma urgente que empezar a limitar las funciones de la Oncca hasta hacerla desaparecer”. Carbap se sumó el lunes a las críticas al cuestionar “los manejos tendientes a condicionar, desalentar e impedir el normal desenvolvimiento de la actividad productiva y comercial” y ayer la Mesa de Enlace volvió a insistir con el tema al incluir entre los motivos que llevaron al lockout “la normativa regulatoria distorsiva”. Desde la Oncca respondieron a través de un comunicado que la entidad “no está para cuidar los intereses de aquellos que se resisten a estar en regla”.

Además de formular reivindicaciones sectoriales, la Mesa de Enlace expresó ayer que está articulando acciones con la Corriente Clasista y Combativa, la Federación de Tierra y Vivienda Disidente y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, entre otras organizaciones. “Hemos decidido converger en el reclamo de un presupuesto federal al servicio de la gente porque queremos un país distinto”, aseguró el titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, uno de los que más se esfuerza por revestir sus acciones a favor de los empresarios sojeros con un discurso social de centroizquierda, a tono con sus aspiraciones políticas. Esas acciones conjuntas incluirán el armado de una carpa en la Plaza del Congreso el próximo martes.

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