El general de brigada Sergio Fernández, comandante del Cuerpo II de Ejército, será denunciado en los próximos días por el delito de falso testimonio en favor de un camarada condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de Corrientes, que en agosto sentenció a cuatro represores por crímenes en el Regimiento de Infantería 9, sugirió en los fundamentos del fallo que Fernández y otros cuatro militares formaron parte de una “coartada” de los abogados del coronel retirado Julio Rafael Barreiro para desvincularlo de los delitos que le imputaban y ordenaron remitir sus testimonios al fiscal federal Flavio Ferrini “a los fines pertinentes”, sutileza que no admite demasiadas interpretaciones. El nombre de Fernández, ex combatiente de Malvinas, circuló días pasados entre los candidatos a reemplazar al ex jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini.

Barreiro fue condenado como coautor de la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Rómulo Artieda más trece secuestros agravados por violencia, duración y aplicación de tormentos a perseguidos políticos. Sus defensores Eduardo San Emeterio y Jorge Buompadre intentaron demostrar que durante la segunda quincena de agosto, mientras en Corrientes se producía una ola de secuestros, su cliente estaba en Buenos Aires alistándose para un curso de comandos en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Como el curso no figura en el legajo de Barreiro pidieron la citación de militares que podían dar fe de la instrucción y que, como todo testigo, juraron no mentir.

Fernández declaró que Barreiro comenzó el curso, pero fue separado en los primeros días de noviembre, cuando un instructor lo encontró roncando en su trinchera imaginaria. “El 5 volvimos a Mazaruca, un establecimiento forestal de Yacimientos Carboníferos Fiscales sobre el río Ibicui, y ahí estaba Barreiro”, que más tarde “volvió con nosotros a Campo de Mayo”, precisó el general. Dijo recordar en particular a Barreiro “por su forma de ser pintoresca” y porque era paracaidista como él. En la misma línea testimoniaron otros cuatro oficiales retirados: Gustavo Enrique Calvi Meydac, Mauricio Fernández Funes, el ex carapintada José Martiniano Duarte y el entonces instructor del curso, coronel Eduardo Muzio.

“La coartada del curso va tomando forma porque justamente los testigos se han empeñado en aseverar que Barreiro estuvo en Buenos Aires para el curso en la segunda quincena o la última semana de agosto, precisamente el período en que arreciaba la actividad del Grupo de Inteligencia”, escribieron los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Bardaró y Guillermo Navarro. Destacaron que legajos y boletines militares “acreditan que el curso se inició el 13 de septiembre, no en agosto como sostienen los testigos”, y sostuvieron que “de haberlo hecho (Barreiro), aun cuando no lo hubiera concluido debió asentarse la fecha y el motivo de la ausencia, tal como figura en otros legajos”.

El tribunal concluyó que los testimonios ofrecidos por San Emeterio y Buompadre (vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste) “se hallan absolutamente desvirtuados” por documentos oficiales, resaltó que los militares “se han mostrado reticentes y sus respuestas fueron evasivas y ambiguas”, y ordenó su remisión al fiscal Ferrini “a los fines pertinentes”.

Durante su testimonial, Fernández recordó que el día del golpe de Estado estaba “protegiendo un objetivo”, el Círculo Militar, porque “los ataques eran permanentes desde principio de los ’70”. Durante 1976 y 1977 tuvo a su cargo una sección de tiradores en la Escuela de Infantería y en el Regimiento de Paracaidistas 2, apuntó. “Presumo o conjeturo que la masa de las Fuerzas Armadas durante esos años estuvimos de una u otra manera afectadas por el conflicto, que se estaba desarrollando de una u otra parte”, balbuceó ante una pregunta del abogado chaqueño Mario Bosch.

–¿Tiene conocimiento de que en alguna unidad militar haya habido un centro de detención de civiles? –le preguntó el fiscal Jorge Auat.

–No, no me consta –dijo.

–¿Sobre la sigla LRD, lugar de reunión de detenidos? –insistió el fiscal Germán Wiens Pinto.

–No me consta el nombre, no me consta el lugar, no me consta la unidad.

–¿No le consta que existiera?

–No me consta que existiera.

–¿Adónde se llevaban los detenidos en esa época?

–No tengo la menor idea.

–¿Desconoce que el Ejército haya detenido a personas?

–No me consta quiénes pudieron haber sido detenidos, si es que alguien fue detenido. Creo que para eso están estas cuestiones en trámite, para determinar si ocurrió o no ocurrió, y qué ocurrió en cada caso.