La consultora de Carlos Bercún, el lobbista cuyo nombre aparece asociado al nuevo escándalo por presuntos sobornos en el Senado, también tiene entre sus clientes al Banco Central de la República Argentina. Según pudo saber Página/12, de acuerdo a lo consignado en la orden de compra número 62362, el Central le abona a CB y asociados sociedad anónima, 3659,19 pesos por mes por tareas de asesoramiento similares a las que le brinda a la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), al Citibank, y hasta hace pocos días, también al Ministerio de Economía. Más allá de su vinculación con el affaire del Senado, la historia de Bercún parece iluminar muchas zonas oscuras de los vínculos entre el poder político y el poder financiero. Como lo señaló la senadora santacruceña Cristina Fernández de Kirchner, la aparición de Bercún ilumina “la manera como se sancionaron las leyes durante la última década y media”.
Al día siguiente que este diario publicó que la consultora de Bercún estaba contratada por Economía, el Gobierno le puso fin a dicha relación laboral. Lo hizo el propio jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, en las habituales ruedas de prensa que brinda en la Casa Rosada. Incluso ayer cuando corría la versión de que el lobbista también tendría un contrato precisamente en la Jefatura de Gabinete, fue el mismo Atanasof el que se encargó de desmentírselo a Página/12. En esa conversación, aseguró que “estamos buscando si tiene algunos otros contratos con el Estado”. Por lo pronto, quien seguramente será llamado a dar sus explicaciones es el titular del Central, Aldo Pignanelli. El contrato que une a la consultora de Bercún con el BCRA vence el 11 de febrero del 2003. Por la duración de un año fue firmado en este último verano, cuando Mario Blejer estaba al frente del banco rector en materia monetaria.
La relación de Bercún con el Central se formalizó en los tiempos en los que la entidad era presidida por el menemista Pedro Pou. En el BCRA admitieron que gracias a los buenos informes de Bercún supieron la suerte que correría el tratamiento parlamentario del pliego de Roque Maccarone, antes de que este fuera tratado públicamente.
No por casualidad un destacado senador del oficialismo comentó que “todos son amigos de Bercún”. Aunque supo cultivar el bajo perfil, el lobbista participaba de la mayoría de las reuniones claves en las que se discutían temas económicos, financieros y negociaciones con el Fondo Monetario. Por lo pronto, a quien se le pedirá que nuevamente concurra a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado es a uno de los primeros que reconoció ser empleador de Bercún: el titular de ABA, Mario Vicens.
Cuando se le preguntó a Vicens por las funciones que el consultor cumplía, respondió que asesoraba sobre la marcha de algunas iniciativas parlamentarias. Curiosamente, cuando le preguntaron a quién tenía contratado para informarse de los proyectos del Ejecutivo, respondió que a nadie, que solían enterarse por los medios de comunicación. No les hacía falta contratar a alguien en el Ejecutivo; Bercún era un empleado privilegiado de Economía y por si hacía falta también del BCRA.
Prueba del lugar privilegiado que Bercún ocupaba en el universo financiero y político lo da el hecho de que sus oficinas de la calle Hipólito Yrigoyen pertenecerían a miembros del Grupo Whertein, dueños del banco La Caja. El dato es llamativo pero no tanto, ya que precisamente los Whertein supieron estar asociados en la corporación de medios CEI con el Citibank, quien también tiene contratado al lobbista. Por si faltaban escándalos, la senadora tucumana Malvina Seguí entregó a la Comisión de Asuntos Constitucionales el listado de empleados de la consultora de Bercún para que estos testimonien. Allí sobresale el nombre de Raúl López, actual subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía y a quien en el Senado señalan como “socio” del lobbista.