Jue 10.10.2002

EL PAíS

Cárdenas va camino de convertirse en imputado

Emilio Cárdenas, integrante del grupo HSBC, podría pasar de testigo a imputado en la causa por supuestas coimas en el Senado de la Nación.

› Por Adriana Meyer

La situación de Emilio Cárdenas en la causa sobre las presuntas nuevas coimas en el Senado se complica. Página/12 preguntó a una alta fuente judicial por qué el juez Claudio Bonadío allanó el domicilio del ex embajador ante la ONU y ordenó medidas como si fuera un acusado, dado que cuando declaró en el expediente lo hizo como testigo. “No es imputado, por ahora”, fue la respuesta que escuchó este diario. Una de las hipótesis que maneja el juzgado considera la posibilidad de que el asunto de los sobornos destapado por el diario británico Financial Times (FT) haya sido una operación de representantes de la banca extranjera para frenar leyes que perjudican sus intereses. Es en ese marco que la fuente consultada aventuró la posible imputación de Cárdenas, integrante del grupo HSBC. Desde Nueva York, el ahora testigo aseguró que hará “valer sus derechos” que fueron “palmariamente desconocidos”, en alusión a las medidas dictadas por Bonadío.
Los abogados Alejandro Novak y Oscar Salvi acudieron ayer al juzgado de Bonadío para entregar el fax que les envió su cliente. Enterado de que el magistrado había ordenado el allanamiento de su departamento de la calle Arroyo y de la empresa American Airlines, Cárdenas se dirigió al juez para explicarle que “tal como fue informado por mis letrados me encuentro en la ciudad de Nueva York como parte de un viaje iniciado el 3 de octubre que culminará en Durban, Sudáfrica”. Agregó que pone en conocimiento del juzgado su paradero “a fin de evitar el dispendio de actividad jurisdiccional que sin necesidad alguna se ha llevado a cabo”, y se comprometió a “cumplir con la audiencia ordenada” cuando regrese al país. Bonadío lo había citado el jueves pasado para que amplíe su declaración testimonial. Cárdenas participó de la reunión del 16 de agosto, descripta por el FT, en la que junto a otros tres representantes de bancos extranjeros se quejaron ante los embajadores británico y norteamericano por el paquete de leyes que había aprobado el Senado el día anterior. El artículo del corresponsal Thomas Catán también mencionó que los banqueros sugirieron haber recibido un pedido de coima para frenar una de las normas. Y a partir de entonces estalló el nuevo escándalo.
Cuando Bonadío resolvió volver a interrogar a Cárdenas, sus abogados avisaron que estaba fuera del país. Sin embargo, como la Dirección de Migraciones le informó que no registraba su salida, el magistrado ordenó que se le impida viajar al exterior. Recién el martes a la noche quedó confirmado que Cárdenas cruzó a Uruguay por vía terrestre y desde ahí viajó a Nueva York. La fuente consultada por este diario aseguró que cuando finalmente se concrete su declaración testimonial el juez lo interrogará sobre las actividades bancarias que habría desplegado en Uruguay y por qué eligió el paso a Fray Bentos en lugar de cruzar en ferry. Cuando Página/12 insistió en remarcar la condición de testigo de Cárdenas, la fuente exclamó que “los testigos también se fugan”.
Para evidenciar que el allanamiento de la casa de Cárdenas no era necesario, sus abogados relataron que “lo único que se llevaron es la agenda de su esposa”. Los investigadores, sin embargo, valoran que se haya secuestrado “lo que se encontró”. En diálogo con Página/12, Salvi aclaró que no descartan denunciar al juez por abuso de autoridad, pero explicó que antes de hacerlo tienen “otros remedios jurídicos” a utilizar.
Por otra parte, ayer declaró como testigo el presidente de la Asociación de Bancos Privados Argentinos (ABAPRA) Carlos Heller, quien afirmó haberse enterado por los medios del escándalo de las coimas. Heller relató que en agosto recibió el ofrecimiento de Carlos Bercún para que la entidad contrate sus servicios de asesoría parlamentaria por 3400 pesos por mes. Pero la respuesta de ABAPRA fue negativa. El gerente general del Banco Credicoop admitió que se reunió con legisladores pero en encuentros que “fueron públicos” y que jamás se trató pedido de “coima” alguno, sólo se debatió sobre la aplicación del índice CER y la suspensión de las ejecuciones judiciales en demandas impulsadas por bancos.

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