La evidencia estridente del carácter ideológico-político de la hostilidad antigubernamental, pese a los distintos disfraces que utiliza, la proporcionó el sitio “on-line” del matutino La Nación, tribuna dogmática del antiperonismo, cuyos redactores deben referirse al golpe de Estado de 1955 sin comillas y con las primeras letras en mayúscula cuando escriban “revolución libertadora”, y cuyo lenguaje editorial por años mencionó a Juan Perón como el “tirano prófugo”. Pese a esos antecedentes, esta semana reprodujo en texto y video fragmentos de un discurso de 1973 del fundador del justicialismo que condenaba el saqueo de las cajas de jubilaciones por el gobierno de los “libertadores”, usando la cita como argumento suplementario al rechazo actual, treinta y cinco años después, de la decisión de la presidenta Cristina de unificar al régimen previsional en el sistema solidario de reparto del Estado. De donde el diario centenario de los Mitre resultaría el severo guardián de la pureza doctrinaria del peronismo, sugiriendo que el actual gobierno la estaría traicionando. En algo no le falta razón al matutino porteño: los privatizadores de los años ’90 eran peronistas del menemato y realizaron el saqueo en nombre de la presunta modernización del legado partidario.

Como sucedió con otras privatizaciones, la del sistema previsional fue un excelente negocio para algunos grupos económicos que se apropiaron del bocado leonino y pésimo para la salud fiscal de la nación. Un estudio sobre “La cuestión tributaria en la Argentina” de julio de 2005, advertía sobre las consecuencias: “Si se suman los efectos de las desgravaciones de cargas patronales nacionales (el más importante de los recursos cedido por las políticas de ‘devaluación fiscal’) y la cesión de recursos públicos a favor del nuevo sistema de capitalización instituido desde mediados de 1994, el total de los ingresos que el Estado nacional dejó de percibir sumó unos 63.000 millones de pesos constantes durante el período 1994-2001, equivalente a un promedio anual de unos 2,8 puntos del PBI. En otras palabras, el drenaje de estos recursos explicó la mayor parte (casi las tres cuartas partes) del desbalance fiscal de ese período” (Cefid-AR, J. Gaggero y F. Grasso, 2005). El cálculo abarcaba la mitad del período de funcionamiento de las AFJP, por lo que no es exagerado redondear, como hizo Amado Boudou, titular del Anses, para estimar en 100.000 millones el costo para el Estado de catorce años de jubilación privada. A esta altura, además, el Tesoro público tenía que aportar 4000 millones anuales para completar el mínimo jubilatorio del régimen de capitalización. En las actuales circunstancias críticas mundiales, cuando hace falta blindar las finanzas nacionales, ¿sería sensato seguir soportando semejante hemorragia? Nadie puede negar que hay razones valederas para desconfiar de la administración estatal después de décadas de malversación y fraude de los fondos previsionales. Antes de Kirchner, hacía doce años que los jubilados no recibían ningún reajuste en sus haberes. En los últimos cinco años fueron actualizados trece veces y acaba de sancionarse una ley que establece la movilidad automática dos veces por año para que no dependan de la discrecionalidad de ningún gobernante. En la próxima ley del sistema integrado de previsión, los congresistas tendrán que incluir los recaudos necesarios para evitar que el día de mañana no reaparezca la tentación de meter mano en esa caja para cubrir gastos generales. Sería mejor, sin duda, que las previsiones legislativas pudieran abarcar la dimensión completa del problema, cuyas repercusiones llegan hasta la coparticipación federal, y que el futuro sistema fuera instalado en un Estado reformado y de verdad modernizado a la altura de los tiempos. Debería ser así, a lo mejor, pero no siempre lo bueno va de la mano con la excelencia. Es lo que hay, por ahora, y vale la pena recuperar al sistema para los principios de origen basados en el concepto de la solidaridad social.

Ya que se trata de una reforma estructural, según la presentación presidencial, algunos críticos sostienen que debería tomarse el tiempo necesario para abrir un vasto debate y una prolongada reflexión. En tiempos normales el razonamiento tiene validez plena, pero con ese criterio el Congreso norteamericano debió esperar al nuevo presidente para decidir sobre las medidas extraordinarias y multimillonarias dedicadas al rescate de gigantescas corporaciones que estaban derrumbándose con más ímpetu que el Muro de Berlín. Hay momentos en que esperar por la cirugía puede costar la vida del padeciente. Otros invocan la seguridad jurídica, pero vale en este caso recurrir otra vez a los datos de la historia. Un estudio sobre “El proceso de privatización en la Argentina”, avalado por la Universidad Nacional de Quilmes, deja constancia del asunto: “La tan declamada ‘seguridad jurídica’, particularmente en el ámbito de las privatizaciones, parecería quedar en un segundo plano cuando se trata de preservar las rentas de privilegio de las que gozan las empresas de servicios públicos, en detrimento, cabe resaltar, de la ‘seguridad jurídica’ de los usuarios” (D. Aspiazu y otros, edit. PáginaI12, 2002). ¿Acaso el régimen de capitalización no podía ser considerado un servicio público? Por lo demás, tal como se puede ver en estos días, cuando se desploma el libre mercado, lo único que queda en pie siempre es el Estado con la obligación de reiniciar el ciclo.

Los que en estos días opinan que la iniciativa previsional del Gobierno debilita el mercado de capitales, deberían escuchar un poco a Roberto Mangabeira Unger, ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil desde hace un año y medio, filósofo, jurista y profesor de Harvard, con 61 años de edad y acento norteamericano en sus palabras: “Debemos intentar salvar la producción y no los bancos”. Tiene una visión optimista del porvenir: “Después de la crisis, los países de la región tendrán la posibilidad de acoplarse a un nuevo orden mundial para un auténtico desarrollo”. El ministro de Lula se declara de izquierda, pero la posibilidad del nuevo orden también la formula el conservador francés Nicolas Sarkozy y el mismísimo George W. Bush convocó a una reunión internacional, a la que está invitada la presidenta Cristina, para intercambiar opiniones sobre lo que será del mundo después del terremoto. Mangabeira mira el futuro con advertencias: “Hay que mantener el nivel de crédito, sin prejuicios ideológicos, como está haciendo Estados Unidos, que demuestra otra vez que ellos son libres de los prejuicios ideológicos que les recomiendan a otros”. Entre las opiniones del ministro que circularon esta semana por el ciberespacio, incluyó un juicio crítico sobre el Mercosur y Unasur: “Les falta corazón y cerebro. Queda claro cuando los comparamos con la Unión Europea (UE). La esencia de la UE no es el comercio ni el dinero; es un ideario, en tanto nosotros dedicamos menos del uno por ciento del tiempo a discutir ideas”.

La crítica se ajusta a la realidad de la política criolla, aunque no haya sido dirigida en particular. El Gobierno toma iniciativas tan importantes y atendibles como la reforma previsional, pero luego, cuando se desata el temporal de críticas fabricadas por los recursos y las influencias mediáticas de los grupos económicos que pierden la rentabilidad privilegiada que les regalaron en los años ’90, el Gobierno pierde fuerza porque su aparato político no se mueve. La presidenta Cristina, como antes lo hacía Néstor, tiene que salir cada día a repetir argumentos a favor de sus propias iniciativas. Así, las batallas por el corazón y la conciencia de los ciudadanos –como ocurrió durante el conflicto con “el campo”– quedan a merced del bombardeo en los medios, compensado sólo con cinco o diez minutos diarios de la voz presidencial. El Gobierno carece de una adecuada política de información y de formación de opinión pública. La oposición poco contribuye al debate de ideas, porque en general reacciona con piloto automático. Es previsible que el PRO y la Coalición Cívica, que disputan la representación del centroderecha, se opongan a cualquier iniciativa gubernamental de carácter progresista, pero que la Unión Cívica Radical se oponga a un proyecto que atiende a su posición tradicional contra el régimen de capitalización, sólo para estar en contra, no tiene justificación ni lógica políticas, sobre todo cuando ese partido pretende celebrar el próximo 30 la refundación democrática, un compromiso de todos, que comenzó en el año 1983, como si fuera un mérito individual.

El PRO no sólo se opone a los proyectos del oficialismo para ganarse el liderazgo de la derecha: sus políticas en la ciudad, en particular hacia la educación pública, corresponden más con los años ’90 que con la actualidad. Mientras Mauricio Macri dice en la tele que quiere recuperar la excelencia de la escuela pública, elimina becas, suspende la distribución de implementos escolares y rechaza las demandas salariales de los maestros. Por suerte, la Legislatura decidió que la oposición no está sólo para criticar sino para formular alternativas y toda la oposición reunida logró destrabar, al menos en parte, la negociación con los sindicatos docentes. Lo que suceda en la ciudad no sólo importa porque es la capital del país, sino porque allí hay un ejercicio de prueba sobre lo que puede esperar el ciudadano de la nueva derecha nacional.