Encubrir a represores prófugos puede llegar a ser un problema, sobre todo cuando dejan de serlo. El empresario Héctor Basilio Lapeyrade, que durante al menos trece meses le brindó cobertura al teniente coronel Julián Oscar Corres para burlar a la Justicia, será citado a prestar declaración en Bahía Blanca por el delito de encubrimiento agravado. Así lo solicitarán hoy ante el juez federal Ramón Dardanelli Alsina los fiscales federales Hugo Cañón y Antonio Castaño. También pedirán que rindan cuentas los militares que durante dos años dispusieron de bienes del Ejército para garantizar un buen pasar a los camaradas en desgracia. Acusan por peculado al general de brigada Oscar Roberto Gómez, ex comandante del Cuerpo V, y como partícipe del mismo delito al ex secretario general, coronel Jorge Roque Cocco, quien sin quitarse el uniforme visitaba a los represores con tortas para acompañar el mate.

Es improbable que los 41 prófugos imputados por crímenes de lesa humanidad tengan un padrino de confirmación como Lapeyrade, un multimillonario de 79 años dueño de tres empresas petroleras (Chañares Herrados, Chañares Herrados Petrolera El Trébol y Angarteche), viñedos, bodegas y campos en Mercedes. Don Héctor es además un experto en elegir compañías. Hasta marzo, cuando cobró 1,2 millón de pesos de honorarios, la dirección de Chañares estuvo a cargo de Luis Alfredo Zarattini, ex Tacuara acusado de haber actuado en centros clandestinos y de haber colaborado con la DINA chilena en el asesinato del general Carlos Prats. El apoderado es Oscar Héctor Corres, primo del Laucha, procesado en 1971 por el asesinato de la estudiante Silvia Filler como miembro de la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata. Oscarcito, como lo llama el patrón, fue amnistiado en 1973 y figura entre los acusados por el Tribunal Oral Federal marplatense de haber integrado la patota de la CNU responsable de secuestros y homicidios en 1975. A su tercer “hombre de confianza”, como lo definió ante la Justicia, le sobran pergaminos: Julián Corres está procesado por 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y 7 desapariciones forzadas en La Escuelita bahiense. Su performance se conoce al menos desde 1999 cuando admitió en el Juicio por la Verdad que lo apodaban Laucha, alias que los sobrevivientes adjudicaban a quien manejaba la picana eléctrica.

Lapeyrade no escatimó esfuerzos para ayudar a Corres durante su primera etapa como prófugo, que se extendió desde la orden de captura el 27 de febrero de 2007 hasta el 3 de abril de 2008, cuando Interpol lo detuvo al salir de las oficinas porteñas de Chañares Herrados, en Uruguay 824. El viejo amigo de su finado padre le pagó 4500 pesos por mes sin registrarlo como empleado a cambio de “diligencias no específicas”, según Corres. También le permitió usar celulares y pases de peaje a nombre de su empresa y le dio 5 mil pesos por mes a su esposa para el estudio de sus hijas.

Corres no supo retribuirlo. Cometió torpezas incomprensibles para un oficial de inteligencia. “El coronel es un peligro. Me pone los pelos de punta”, le confió un tal Gadeano a Lapeyrade dos días antes de la detención, en un diálogo interceptado por la Secretaría de Inteligencia que consta en el informe de Interpol. Gadeano renegaba porque el prófugo iba a las oficinas y hacía llamados sin tomar precauciones. El último le costó su libertad.

Las atenciones del padrino rico continuaron durante los tres meses y medio en la delegación bahiense de la Policía Federal. Según el escrito de los fiscales, producto de la investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria luego de la fuga, Corres recibió tres visitas de Eduardo Díaz, empleado de Bodegas Lapeyrade en Viedma. Díaz declaró que en las tres oportunidades le entregó un sobre cerrado con dinero y cajas con provisiones “de parte del patrón”, que a su turno dijo que contenían “vituallas y otras cosas”.

Cuando el trabajo de inteligencia de Cañón y la fuerza que conduce Marcelo Saín estaba a punto de derivar en un pedido de citación de Lapeyrade por su posible vinculación con la fuga, el juez Alcindo Alvarez Canale interrumpió su licencia, invocó “la responsabilidad que me cabe”, pero no le había cabido hasta entonces, y arruinó la investigación al citar como simple testigo al empresario que ayudó a Corres a burlarse de la Justicia. El encubrimiento es en comparación un delito menor, excarcelable, con una pena máxima de tres años de prisión. No dejarlo impune, sin embargo, es imprescindible para que tomen nota quienes hoy encubren a los otros 41 prófugos.

Camarada Cocco

“¿Cocco te lleva el almuerzo y la cena?”, le preguntó un familiar a Corres en una carta que no formó parte del equipaje de fuga. Cocco no era el cocinero de la cárcel ni el guardia encargado de llevar la comida a los presos, sino el secretario general del Cuerpo V del Ejército Argentino, coronel Jorge Roque Cocco, que dedicó los últimos dos años de su carrera a oficiar de mucamo de retirados presos por delitos de lesa humanidad.

El 10 de junio de 2006, por orden de Alvarez Canale, la delegación bahiense de la Policía Federal recibió por primera vez a un imputado por crímenes en La Escuelita: el suboficial Santiago Cruciani, interrogador oficial, que murió preso, pero sin condena. Durante los dos años siguientes alojaron a otros trece represores, todos militares, excepto tres penitenciarios. El último fue trasladado a Marcos Paz el 8 de agosto.

Desde el primer día, los imputados contaron con el auxilio del Ejército, en particular del servicial Cocco, jefe del Batallón de Inteligencia 181 y de la Central de Reunión de Información hasta diciembre pasado. “Era una especie de parte protocolar”, lo definió un guardia. “Cocco fue una herencia de jefaturas anteriores”, aclaró el subcomisario Marcelo Voros, procesado como partícipe primario de facilitación de fuga. El coronel en persona les acercó camas, colchones, frazadas, almohadas, sábanas, una mesa, remedios, tortas y hasta un patriótico locro el 25 de Mayo.

Claro que Cocco no actuaba por su cuenta sino “en respuesta a órdenes superiores”, según admitió ante la Justicia. Su superior no era otro que el comandante, general Oscar Gómez, a quien la ministra de Defensa, Nilda Garré, pasó a disponibilidad por ordenar “inadecuados mecanismos de visita y asistencia” a represores. Los fiscales le imputan a Gómez el delito de peculado, por desviar arbitrariamente bienes del Ejército a otra fuerza de seguridad que ni siquiera los había solicitado. A Cocco lo consideran partícipe necesario del mismo delito. Agregan que el comandante desafectó al secretario de las tareas por las que recibía un sueldo para brindar servicios y asistencia a terceros, que por otra parte no eran pibes de la calle sino militares procesados con prisión preventiva, con todas las garantías de la ley, por secuestros seguidos de torturas y asesinatos.