Los dirigentes sociales siguen desfilando por Tribunales. La piquetera Nina Peloso afrontará hoy un juicio oral y público por bloquear rutas en 2004, en el marco de una protesta por la baja de unos 250 mil planes sociales. La esposa del líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, estará sentada en el banquillo de los acusados y podría ser condenada hasta con dos años de prisión. Por otra parte, la absolución del dirigente Oscar Kuperman, de la Coordinadora de Unidad Barrial - Movimiento Teresa Rodríguez (Cuba-MTR), quedó firme.

En su edición de ayer, PáginaI12 reveló que Kuperman había sido absuelto en el juicio oral en el que lo acusaron de ser el autor mediato de la contravención de “portación de arma no convencional”, hecho cometido en una marcha en la que los manifestantes tenían palos y capuchas. La fiscal Verónica Andrade había presentado un recurso ante la Cámara de Apelaciones contra la absolución que había dictado la jueza Claudia Alvaro, pero ayer fue rechazado por los camaristas. Durante ese proceso, María del Carmen Verdú, abogada de Kuperman, había planteado la inconstitucionalidad del Código Contravencional porteño.

Hoy, desde las 9.30, será el turno de Peloso ante el tribunal oral unipersonal del juez federal 3 de Morón, Juan Pablo Salas. “Es parte de la misma persecución de siempre que denota la debilidad del Gobierno, que hace cualquier cosa y por eso reabrió esta causa”, dijo Peloso mientras se preparaba para el juicio. Este diario le preguntó por qué señalaba al Gobierno cuando el proceso se da en la Justicia de Morón, y si la persecución es contra ellos en forma específica. “A esa marcha habíamos ido todas las organizaciones y la única enjuiciada soy yo, y además la Justicia no es independiente; el que diga lo contrario, miente”, respondió.

La dirigente piquetera está acusada por el bloqueo de la intersección de las rutas 3 y 4, a la altura de la rotonda de San Justo, el 14 de febrero de 2004. Ese día integrantes del Polo Obrero, MTR, MST, PTS, Movimiento Cuba, además del MIDJ, reclamaron contra el cese de la entrega de planes sociales para desocupados. La compañera de Castells, defendida por el abogado Daniel Castiñeira, está acusada por el delito contemplado en el artículo 194 del Código Penal, que establece una pena de tres meses a dos años de prisión para quien “entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes”. Peloso dijo que se movilizarán al juzgado y también en las provincias porque consideró que “esto es parte de la criminalización de la protesta, incluso la del agro, porque el único método que conoce la gente es salir a la calle a manifestar para hacerle ver al Gobierno que está todo mal”.