Mientras el Gobierno avanza en negociaciones en el Congreso para conseguir el apoyo de diputados de la oposición al proyecto previsional a cambio de introducir correcciones a la ley, los fondos buitre metieron la cola: lograron que el juez Thomas Griesa de Nueva York congelara hasta el próximo jueves inversiones de al menos cinco AFJP en Estados Unidos por 553 millones de dólares. El magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el estudio Simpson Thacher & Bartlett en representación de acreedores de la Argentina que rechazaron el canje de deuda de 2005. Se trata de los fondos Aureluis y Blue Angel, que encontraron un atajo legal en la estatización de los recursos previsionales. Antes, al ser privados, no podían tocarlos. Ahora, frente a su probable transferencia al sector público, consideran que pasan a ser embargables. Griesa dio aire a esa interpretación y convocó a una nueva audiencia el próximo jueves para resolver si extiende o no el congelamiento preventivo.

La primera reacción oficial frente a la noticia fue advertir que la responsabilidad de la administración de esos fondos corresponde a las AFJP y que serán ellas las que deban responder por la suerte del dinero. “Los activos embargados no son del Estado nacional sino de las AFJP”, puntualizó el superintendente del sector, Sergio Chodos, después de una reunión en Casa Rosada con Sergio Massa. “Son ellas las que estaban a cargo de esos intereses y las que deben defender esos activos”, recalcó el funcionario. La versión del Gobierno es que cualquier reclamo legal de afiliados a las AFJP deberá ser orientado a las empresas que llevaron la plata a Estados Unidos.

Los abogados que defienden al Estado argentino en Nueva York por acciones de los holdouts argumentaron en la audiencia en la que Griesa ordenó el embargo preventivo que el dinero es de la administración privada. Sin embargo, no lograron convencerlo. Chodos insistió en que “el destino de esos recursos es exclusiva y excluyentemente para prestaciones previsionales y no deben ser utilizados para otros fines ni acá ni en ningún otro lugar”. “Es un intento de fondos buitre para tomar posesión de activos más allá de que les corresponda o no”, completó.

El titular de Anses, Amado Boudou, calificó la medida judicial como “una decisión alocada” de Griesa. Lo dijo ayer durante una reunión en el Congreso con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Patricia Vaca Narvaja; el titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y la secretaria de la bancada, Patricia Fadel. El funcionario les anticipó a los legisladores que el Gobierno le explicará al juez que los recursos previsionales están separados de la caja del Estado: son de los trabajadores y el sector público lo único que hace es administrarlos.

Boudou se juntó con las autoridades del bloque oficialista de Diputados para comentarles que el Ejecutivo está dispuesto a retocar la ley de estatización total de las jubilaciones, a fin de llegar a un acuerdo con diputados de la oposición. En concreto, con el bloque SI, que tiene como referente en esta materia a María América González, y con el monobloque de Claudio Lozano. Ambos legisladores mantuvieron un encuentro anteayer con Boudou en la sede de la Anses. Allí le presentaron sus propuestas de cambios a la ley y obtuvieron un guiño del funcionario de que serían atendidas, al menos en parte.

Una de las modificaciones centrales tomó mayor relevancia a partir de la decisión de Griesa: reforzar la autonomía económica y financiera de los recursos previsionales que serán administrados por Anses. El proyecto de ley ya lo establece, pero delega su alcance al Poder Ejecutivo a través de la reglamentación de la norma. González y Lozano reclamaron que se elimine ese punto y que la autonomía quede completamente definida en el texto que apruebe el Congreso. Boudou les garantizó que el conjunto de los fondos previsionales quedará en una cuenta separada de las arcas del Estado y que el jefe de Gabinete, por ejemplo, no tendrá atribuciones para tocar esas partidas. De allí que el Gobierno le dirá a Griesa que la Anses sólo administra fondos que no son propios, sino de los jubilados, y por esa razón son inembargables.

El segundo cambio a la ley es la incorporación de un reglamento específico para las inversiones que podrá hacer Anses con la plata de los jubilados: prohíbe la compra de activos financieros extranjeros como hacían las AFJP y detalla los usos posibles, orientados a financiar la producción, el consumo, obras públicas y el desarrollo social. Finalmente, se creará un consejo de control de las inversiones con participación de jubilados, centrales sindicales y empresarios. La oposición pide que sus opiniones sean vinculantes y previas a cualquier decisión, aunque Boudou indicó que sólo serían controles ex post.