Es diputado por la Coalición Cívica, alianza política que capitanea Elisa Carrió. Desde 1984 supo construir una trayectoria en derechos humanos. Entre sus antecedentes figura ser presidente del Servicio Argentino de Derechos Humanos, ex director de la sala de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Córdoba y defensor de ex presos políticos. Sin embargo el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, ratificando un fallo de primera instancia, estableció que había sido “colaboracionista” de las últimas dictaduras.

Se trata del diputado cordobés Juan Carlos Vega, miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso de la Nación. En su pasado opaco figura haber sido un hombre próximo al ex presidente Carlos Menem.

Todo comenzó a mediados del 2006, cuando en Córdoba se estaba conformando la Comisión por la Recuperación de la Memoria, un organismo público compuesto por organizaciones de DD.HH. y distintos poderes del Estado. Su finalidad es mantener viva la historia contemporánea provincial, en lo que respecta al terrorismo de Estado. En representación de la Universidad Nacional de Córdoba, el por entonces rector, ingeniero Jorge González, designó como delegado al “Canco” Vega. Lo hizo, según lo reconoció luego en el juicio, sin consultar al Consejo Superior de la UNC y sin conocer acabadamente los antecedentes de su designado.

Su nombramiento fue impugnado por María Elba Martínez, una abogada que integra la Comisión de la Memoria en representación del Serpaj (Servicios de Paz y Justicia). Martínez alegó que Vega no podía ser miembro de esa comisión por los “roles desarrollados durante la dictadura” como funcionario de ella. Sus duras acusaciones levantaron un gran revuelo dentro y fuera del flamante organismo, y Vega acusó el impacto. Primero, renunció airadamente a su postulación. Luego, patrocinado por Carlos Harabedian, actual abogado de Menem, le inició una querella a la representante del Serpaj por injurias. Pero las pruebas y testimonios que allí se presentaron demostraron acabadamente para la Justicia el papel colaboracionista que tuvo el actual diputado de la Coalición Cívica con los dos últimos gobiernos militares.

Las pruebas. Durante el juicio se demostró que, en junio de 1971, mediante el decreto 6481, el entonces intendente de facto Ramón Crucet designó a su yerno Juan Carlos Vega secretario general de la Municipalidad. El Ejecutivo nacional estaba a cargo del comandante del ejército Alejandro Lanusse. La gestión de Vega como secretario general de la Municipalidad no fue ajena a la política de Lanusse. En octubre de 1971, mediante dos decretos que llevan su firma, el actual diputado de la Coalición Cívica dispuso la cesantía de 28 “activistas gremiales” que fueron reincorporados cuando retornó la democracia.

Uno de éstos, Guillermo Tránsito Galíndez, en las audiencias del juicio manifestó que “en el año ’71 trabajaba como inspector municipal. Fui dejado cesante por orden del Dr. Vega, que era secretario de la Municipalidad. Ello hizo que entrara en las listas negras, no pude conseguir más trabajo en la Argentina. Debí exiliarme en España”. Añadió también que “el Dr. Vega se introducía en las asambleas que realizaban y sacaba los nombres de quienes participaban”.

Otro de los empleados cesanteados, Mario Rubén Saad, declaró “en el año ’67 hasta octubre del ’71, trabajé en la Policía Municipal. Formaba parte de un grupo que realizaba movilizaciones por reclamos propios. En una de esas movilizaciones ingresamos al Palacio, y nos anotaron (...) había una persona anotando a quienes subían a los pisos superiores, era el Sr. Vega, quien anotaba los números de las chapas identificatorias”.

Asesor castrense. El cargo de secretario general del municipio no fue el único que ocupó Vega en un gobierno de facto. El 12 de abril de 1976, a escasos días de que la Junta Militar derrocara a Isabel Perón, mediante la resolución 1, el actual diputado de la Coalición Cívica fue nombrado asesor jurídico de la intervención militar del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de Córdoba. Su designación la efectuó el flamante interventor de ese sindicato, capitán Carlos Alberto Torrieli, que respondía al Tercer Cuerpo del Ejército.

Según se expone en la causa, a los fines de contextualizar los hechos de entonces, el día en que Vega es designado asesor, dos presos políticos, Diana Fiedelam y Daniel Bartola, son retirados de la cárcel San Martín y llevados a la D2 de Informaciones (Inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba), donde son fusilados junto a otros detenidos.

En lo que respecta a su labor como asesor de la intervención militar del SEP, Noemí Beatriz Cazaux declaró en el juicio que “era adjudicataria de una vivienda en el barrio que construyó el sindicato. Al Dr. Vega lo conoció en el año 1972, cuando era delegada de su repartición, siendo opositores del secretario general Ugarte. Se veían en el sindicato de gráficos. El Dr. Vega era secretario de la Municipalidad, donde había un gobierno de facto (...) una vez fui trasladada en un vehículo oficial de la municipalidad... la trajeron a la Municipalidad, donde la estaban esperando, Vega entre ellos. Fue un verdadero apriete, y se dio cuenta que el Dr. Vega tenía absoluto conocimiento de los delegados opositores al sindicato. En el año ’76, mientras vivía en el B SEP, hubo allanamientos deteniéndose a varias personas. En el SEP lo vuelve a encontrar al Dr. Vega, que estaba junto al capitán Torrieli, que estaba en ropa de fajina”.

A comienzos de 1977 hubo un cambio de interventor en el SEP. Asumió el suboficial mayor Flavio Vicente Domínguez, que no solo ratificó en el cargo al “Canco” Vega como asesor del sindicato, sino que además le otorgó un “poder general para pleitos” judiciales con amplias facultades. Hecho que demuestra, según la doctora Martínez, “la confianza ilimitada” que tenían la intervención militar del SEP en Vega.

Antecedentes ocultos. Durante el transcurso del juicio, Vega manifestó sentirse “orgulloso” de su labor como asesor de la intervención militar del SEP. Según él, aceptó ese cargo para “preservar el sindicato y la vida de sus autoridades”. No obstante, en su currículum –el mismo que ahora está colgado en la página web del Congreso (http://www.diputa dos.gov.ar)–, el diputado de la Coalición Cívica omitió hacer mención a este trabajo de asesoría castrense. También omitió hacer mención a su labor como secretario general de la Municipalidad en 1971, bajo el gobierno de facto de su suegro, el intendente Crucet.

Al parecer, esta política de ocultar su pasado es una práctica recurrente del “Canco” Vega. Actualmente, el diputado de la Coalición Cívica se presenta como un crítico tenaz de la década del ’90 y el menemato. Pero bajo la gestión del presidente riojano, el “Canco” ocupó importantes cargos públicos: en 1991 fue procurador de la Corte de Justicia de Catamarca durante la intervención federal, en 1993 asesor en el gabinete del Ministerio del Interior y en 1994-95, asesor del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Al respecto, la monja Martha Pelloni, una de las principales luchadoras por el esclarecimiento del crimen de María Soledad Morales, sobre el paso de Vega por Catamarca apuntó: “Juan Carlos Vega se presentó camuflado como funcionario del gobierno nacional en Derechos Humanos. En realidad, actuó como operador de Menem para instalar el Frente Esperanza en las elecciones de la provincia. Es un personaje de los ocultos”.