Varios millones de argentinos que sólo se informan por medio del televisor se enterarán esta semana de que también en Buenos Aires se juzgan crímenes de lesa humanidad. Luego de haber escuchado cuatro veces la arenga patriotera de Luciano Menéndez, de haber confirmado la lágrima fácil de Antonio Bussi y el desequilibrio psíquico de Cecilia Pando, que amenazó con guillotinar al secretario de Derechos Humanos en Corrientes, el miércoles el país podrá seguir en vivo y en directo la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 5 a tres ex jefes de subzonas dependientes del Cuerpo I de Ejército: los brigadieres retirados Hipólito Rafael Mariani y César Miguel Comes, de quienes dependía la célebre Mansión Seré, y el ex amo y señor de Mar del Plata, coronel Alberto Pedro Barda.

Las restricciones a la publicidad que el presidente del tribunal Guillermo Andrés Gordo impuso durante los cuatro juicios que le tocó instruir –al Turco Julián, a los responsables de la Masacre de Fátima, a los apropiadores de María Eugenia Sampallo y al prefecto Héctor Febres– llegan a su fin gracias a una acordada de la Corte Suprema de Justicia, que el martes proclamó la necesidad de “garantizar el derecho a la información en casos de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía”. Los fotógrafos y camarógrafos interesados en inmortalizar el bastón de empuñadura dorada de Barda y el bigote inspirado en Salvador Dalí del brigadier Comes deben acreditarse a partir de mañana en el sexto piso de los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal federal Félix Crous y los querellantes de Justicia Ya pidieron penas de prisión perpetua para Barda, 25 años para Comes y sólo discreparon en el caso de Mariani: la acusación oficial pidió 25 años, la privada 50. Ante sus insalvables responsabilidades y la contundencia de las pruebas, ventiladas ante la Justicia en 1985 durante el Juicio a las Juntas, la gran duda es si el tribunal les concederá a los post-70 el privilegio del arresto domiciliario o los enviará a una cárcel como a Videla, Menéndez, Von Wernich & Cía.

La sentencia pondrá fin al sexto juicio por crímenes cometidos durante la dictadura en lo que va de 2008, año que pasará a la historia del proceso de Verdad y Justicia por su afianzamiento en el interior del país. Además del juicio por la Masacre de Fátima en el propio TOF-5, hubo condenas en Misiones, Córdoba, Corrientes, Tucumán, y las habrá antes de fin de año en Neuquén y San Luis. Hubo también dos absoluciones, en beneficio del sargento Carlos Píriz y del comisario Miguel Timarchi, que frustraron a las víctimas pero confirman la independencia de los jueces.

Mariani y Comes comandaron las bases aéreas de El Palomar y Morón y fueron en 1977 y 1978 jefes de la subzona 16 y de la Fuerza de Tareas 100, creada para cumplir “funciones antisubversivas” en zona oeste, donde funcionó Mansión Seré. Se los juzga por una docena de privaciones ilegales de la libertad y torturas, y por la desaparición de Juan Carlos Brid. Son los primeros miembros de la Fuerza Aérea Argentina que llegan a juicio. Asesorados por el abogado José Ignacio Garona, verdadero militante que en 1985 defendió al brigadier Orlando Agosti, ambos declararon al comienzo del juicio para tomar distancia de los trabajos sucios, que adjudican a las áreas de inteligencia. No se descarta que hagan uso del derecho a decir sus últimas palabras antes del veredicto.

El coronel Barda encabezó durante 1976 y 1977 la subzona 15, que sólo en Mar del Plata incluyó seis centros clandestinos. Tiene más de 80 abriles y aun si llegara a los cien tendrá juicios para no aburrirse. Como jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 comandó La Cueva, que funcionó en un viejo radar de la Base Aérea. Beneficiado por las leyes de impunidad en 1987 y por el indulto menemista en 1990, el primer juicio que afronta es apenas por tres de sus víctimas.

El abogado y militante del PCR Jorge Candeloro fue secuestrado en Neuquén junto con su esposa Marta Haydeé García el 13 junio de 1977. Una semana después los trasladaron a La Cueva, donde a principios de julio confluyeron los principales laboralistas de la ciudad, secuestrados por los subordinados de Barda y sus colaboradores de la Concentración Nacional Universitaria durante la famosa Noche de las Corbatas. A los padecimientos propios, García tuvo que agregar los gritos de su marido, que murió durante un interrogatorio. El coronel nunca entregó el cuerpo a sus deudos.

Barda también es juzgado por la muerte de Analía Delfina Magliaro, asesinada en un enfrentamiento fraguado tras meses de cautiverio en la comisaría 5ª de La Plata, el centro de detención Vesubio y un blanqueo frustrado en la comisaría 34 porteña. Magliaro fue trasladada a Mar del Plata el 4 de agosto de 1976 por el coronel Roberto Eduardo Berazay, que la cargó a un avión Sesna del Ejército y se la entregó en la pista de tierra del GADA 601 al capitán Fortunato Valentín Rezett, oficial de Inteligencia de íntima confianza de Barda. Rezett firmó el recibo de entrega de la detenida, que el propio Berazay incorporó a la causa, pero aún goza de plena impunidad. Además de la investigación a Rezett, el tribunal también ordenaría que la Justicia analice el rol del brigadier mayor Miguel Angel Osses, superior inmediato de los pilotos imputados, quien admitió haber recibido de parte del general Carlos Suárez Mason la solicitud para que la Fuerza Aérea se encargara de la “lucha contra la subversión” en los partidos de Merlo, Moreno y Morón.