La modificación de la situación del actual obispado castrense y de las capellanías militares se encuentra en el primer orden de la agenda que tendrá que encarar el flamante embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, cuando dentro de pocos días más se instale definitivamente en el Vaticano. El gobierno argentino insiste en su posición de eliminar el obispado castrense, mientras que en Roma hay una resistencia muy grande a acceder a esa posibilidad. Cualquier cambio implica la modificación del tratado internacional que rige las relaciones entre los dos estados. Si bien se trata de una cuestión de primera importancia para las relaciones bilaterales, se estima que puede pasar mucho tiempo antes de arribar a una solución y que es difícil que el tema sea abordado durante el año próximo, porque podría sumar un nuevo frente de debate en período electoral.

En la agenda de Cafiero para su gestión ante el Vaticano se encuentran también otros temas de no menor importancia como es la revisión del sostenimiento del culto católico que el Estado argentino asume como obligación constitucional. También es intención del gobierno de la presidenta Cristina Fernández encontrar una alternativa para esta cuestión, buscando una norma que le dé mayor equidad a todos los cultos presentes en la Argentina.

El asunto del obispado castrense se encuentra congelado desde el gobierno anterior, a raíz de declaraciones del entonces obispo castrense, Antonio Baseotto, utilizando la figura de “atar una piedra de molino al cuello” para tirarlo al mar refiriéndose al ex ministro de Salud, Ginés González García, por sus posiciones en relación con temas de salud sexual y reproductiva. Concretada la renuncia de Baseotto, el Gobierno se ha negado a dar su acuerdo para la designación de un nuevo obispo en el cargo a pesar de que la Iglesia ha insistido en el tema y aun teniendo en cuenta que no existe oposición hacia quien aparece como el candidato más firme: el actual obispo de Chascomús, Carlos Malfa. En este caso para el Gobierno el problema no está en quien sea el reemplazante de Baseotto, sino en el hecho mismo de la existencia del obispado castrense. Interinamente el obispado castrense está cargo del sacerdote Pedro Candia, a quien algunos sectores conservadores intentaron sin éxito postular como reemplazante definitivo de Baseotto.

Trabajar para encontrar una salida al diferendo es una de las principales tareas que la Cancillería le ha encargado a Cafiero. Ante el virtual estancamiento de las posiciones –aunque no del diálogo–, tanto desde el Gobierno como desde la Iglesia, se admite que podría haber un punto intermedio consistente en retrotraer la situación a antes de 1992, cuando Carlos Menem le concedió al entonces vicariato castrense la condición de obispado, elevando su jerarquía. Una solución de compromiso podría consistir en rebajar el rango eclesiástico a la pastoral castrense, pero manteniendo de todos modos a un obispo al frente de la misma. De forma complementaria quienes perderían su condición de exclusividad serían los capellanes católicos militares a quienes además se les suprimiría el rango militar del que actualmente gozan. En cambio se habilitaría en todo el ámbito de las Fuerzas Armadas un servicio de asistencia espiritual de carácter interreligioso. Dentro del paquete de la negociación entraría también la eliminación del acuerdo que el Gobierno debe dar actualmente para quienes serán designados obispos por la Iglesia. El primer paso para todo ello sería conformar una comisión mixta entre la Argentina y el Estado Vaticano para avanzar en forma conjunta y bilateral.

Tanto en la Cancillería como en la Iglesia existen expectativas sumamente positivas respecto de la gestión que pueda realizar Cafiero como embajador ante la Santa Sede, dada la relación personal que tanto él como su familia tienen con importantes sectores del Episcopado y teniendo en cuenta el respaldo directo que su designación tuvo de la propia presidenta Cristina Fernández. Las candidaturas habían comenzado a rodar después de salvar escollos de ambas partes: Alberto Iribarne decidió declinar su postulación que era resistida por Roma y el Vaticano desistió de la idea crear la diócesis de Tierra del Fuego que excluía las islas Malvinas de esa jurisdicción eclesiástica. En ese momento el nombre de Cafiero fue impulsado directamente por la Presidenta cuando se manejaban otras propuestas. Hugo Gobbi, de buenas relaciones con la Iglesia y quien quedó como encargado de negocios argentino ante el Vaticano después del retiro del embajador Carlos Custer, en diciembre último, era un firme candidato del Palacio San Martín para permanecer el frente de la embajada ante la Santa Sede. Los sectores más conservadores del Episcopado y cercanos al ex embajador menemista Esteban Caselli hicieron lobby a favor de Jorge O’Reilly, uno de los asesores de Sergio Massa. Cristina Fernández decidió por su propio candidato. Es posible que Cafiero, que aún permanece en Buenos Aires para cerrar cuestiones burocráticas y administrativas previas a su instalación definitiva en Roma, aproveche la reunión de la asamblea plenaria del Episcopado, que se celebrará la semana próxima en Pilar, para hacer una visita de cortesía a los obispos reunidos.