La cámara enfocó su rostro en primer plano y en la pantalla gigante se lo vio pensativo, por momentos risueño, ante algún comentario de su abogado. Carlos Menem estaba en La Rioja y asistió a la lectura de la acusación en su contra en el caso del contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador a través de una videoconferencia. La cara del ex presidente, de 78 años, no se modificó cuando escuchó que la fiscalía lo imputó como coautor del delito de contrabando agravado y determinó que el suyo fue un “aporte indispensable y necesario” para la concreción de la maniobra.

La audiencia simultánea realizada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 3 transcurrió en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) de la capital riojana y en el salón Auditorium de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Acompañado por su defensor Maximiliano Rusconi, Menem escuchó durante una hora y veinte minutos las imputaciones, sin signos de cansancio ni de sorpresa, y vio por televisión todo el desarrollo del acto judicial. También estuvieron junto a él su médico personal Alejandro Tfelli y el dirigente político de su espacio Carlos Santander, además del juez federal local, Daniel Herrera Piedrabuena, y un buen número de guardaespaldas.

En el inicio del juicio, el 16 de octubre, los jueces del TOPE 3, Luis Imaz, Gustavo Losada y Horacio Artabe, habían advertido que sería “obligatoria” la presencia de cada uno de los imputados en el juicio cuando se leyeran sus respectivas acusaciones. Sin embargo, luego dieron marcha atrás en esa decisión al admitir las justificaciones médicas presentadas por la defensa de Menem, aunque las mismas diferían con los dictámenes de los médicos forenses de la Corte Suprema, que sentenciaron que el ex presidente podía viajar. Finalmente, la opinión de un perito psiquiátrico, que dijo que su traslado a Buenos Aires “no era conveniente”, terminó de definir la posición de los jueces.

La audiencia de lectura de los cargos en contra del actual senador nacional ocurrió a un mes y medio de iniciado el juicio en Buenos Aires. Durante este tiempo, se leyeron las acusaciones de otros implicados, que en total suman 18 y entre los que están el ex ministro de Defensa Oscar Camilión y el ex asesor presidencial y cuñado Emir Yoma.

Las videoconferencias en los juicios no son comunes en el país. El abogado de la Aduana Juan Solari, querellante en el caso, se opuso a que la audiencia se hiciera con esa modalidad. Los fiscales Mariano Borinsky y Marcelo Agüero Vera no pusieron objeciones. La única vez que ese recurso se había usado en un caso de relevancia fue en el juicio de la AMIA, pero no con un acusado, sino cuando fue interrogado el llamado “Testigo C” que estaba en Alemania y que precisamente vinculó a Menem con el atentado. Para los jueces del TOPE 3, la videoconferencia era “un acto único con inmediatez de imagen y sonido” que garantizaba los derechos de defensa “pese a la distancia geográfica”.

En su acusación, la fiscal Alicia Sustaita afirmó que el ex presidente “nada hizo para impedir” que el material bélico, cuyos destinos aparentes eran Panamá y Venezuela, fuera a Croacia y Ecuador. “Sin la actividad de Menem, no se podían haber realizado las exportaciones”, consignó en su requerimiento. Y recordó que el procesado fue quien, como ex jefe del Estado, firmó los decretos que, en 1991 y 1995, permitieron la venta ilegal del armamento. “Una sola orden suya hubiera sido suficiente para impedir las exportaciones”, agregó refiriéndose a Menem. Los decretos permitieron burlar el control aduanero, lo que constituyó el delito de contrabando agravado, la misma figura penal por la que Menem será acusado por la Dirección General de Aduanas, representada por los abogados Solari y Carlos Lobo Oroño.

Mientras afuera del CFI se había congregado un pequeño grupo de militantes menemistas con redoblantes y bombas de estruendo, el abogado Rusconi aprovechó un breve cuarto intermedio para hacer declaraciones. “Lo ordenado por el presidente (sic) ha sido totalmente contrario a lo que sucedió y son Aduana y Fabricaciones Militares los que deben dar explicaciones en los hechos, por lo tanto sostengo que conozco pocas acusaciones tan nulas como ésta, si hubo contrabando se debió al incumplimiento de una orden presidencial”, dijo el letrado.

Conforme a su estrategia, el ex mandatario se abstuvo de declarar.