Hace 29 años, consultado por miembros de la Embajada de Estados Unidos sobre el centro clandestino Club Atlético, para entonces demolido, Julio Cirino sonrió, admitió que había existido y confesó “tener conocimiento personal de otros dos centros de detención e interrogación en la Capital Federal”. Así consta en el memorándum del diálogo que desclasificó el Departamento de Estado. El jueves, frente al juez federal Ariel Lijo y acompañado por su abogado Alfredo Bisordi, el ex agente del Batallón de Inteligencia 601 negó haber pisado centros de detención ilegales y, sin ponerse colorado, dijo que visitó la embajada sólo para transmitir un libreto armado por sus superiores, cuyo contenido desconocía. Luego volvió a su celda del penal de Marcos Paz, donde le espera una larga estadía.

El agente que hasta hace tres semanas dirigió el área de Relaciones Internacionales de la Fundación PensAR, que integran tres miembros del gabinete de Mauricio Macri, cinco diputados nacionales PRO y el rabino Sergio Bergman, fue detenido el viernes 7 de noviembre a partir de una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos. El lunes siguiente se negó a declarar, pero anticipó su esperanza de ser defendido por Bisordi, ex camarista de Casación que a la vejez se calzó su verdadera camiseta. Dos días después el flamante abogado asumió su patrocinio acompañado por Eduardo Sinforano San Emeterio, otro ex SIDE que al comienzo de la dictadura custodiaba al jefe de Automotores Orletti, que integró un grupo de tareas de la Fuerza Aérea y que aún ningún juez investigó.

Cirino dirigió durante la dictadura el Grupo de Tareas 7 de la Central de Reunión de Información (CRI) del temible 601, cargo relevante para un hombre joven y para peor civil. Llegó por méritos propios: en 1976 la editorial Rioplatense le había publicado Argentina frente a la guerra marxista, su primer libro. En los ’90 la SIDE lo envió a la embajada en Washington y en los últimos años fue un prolífico aunque ignoto disertante sobre seguridad y terrorismo.

A pesar de las tres décadas de impunidad, el destino fue injusto con el Gordo Cirino, como lo llaman sus amigos. Una vida al servicio de causas fogoneadas por los estrategas en política exterior de los Estados Unidos terminó arruinada en una cárcel bonaerense por un documento desclasificado del Departamento de Estado del propio gobierno norteamericano. Allí figura con su nombre de cobertura Jorge Contreras, ostenta sus conocimientos sobre los engranajes del terrorismo de Estado y anticipa como quien sabe del tema que los desaparecidos “no van a aparecer”.

Cirino declaró ante Lijo que en el 601 se dedicaba al “análisis de información”, tarea que durante la dictadura significa en el mejor de los casos procesar informes elaborados por Destacamentos de Inteligencia a partir de datos arrancados en interrogatorios. En el peor, si fuera posible graduar responsabilidades según la distancia con las mesas de torturas, implica formular preguntas sin intermediarios, hipótesis que se condice con quien se ufanó de visitar centros clandestinos. Claro que no será fácil acreditarlo. El propio agente confesó en 1979 que muchos inocentes habían sido sacrificados sólo para evitar que los identificaran.

Cirino reconoció el jueves el contenido del diálogo en la embajada, pero aseguró que se trató de un guión elaborado por sus superiores, a quienes prefirió no identificar. El desclasificado lo desmiente. A la primera pregunta aclaró que “todo lo que diga debe entenderse como basado en mi propia experiencia, limitada a mi organización y a mi sensibilidad”. Más de una vez advirtió: “Es mi opinión personal”. Aunque en 1979 dijo que había sido autorizado a hablar por los jefes de la CRI y del 601, coroneles Jorge Arias Duval y Alberto Tepedino, sus interlocutores asentaron no tener “evidencia concreta” y sospecharon que “dice más de lo que está estrictamente autorizado”. Consciente de lo irreparable y del desgaste que genera el papelerío, Bisordi no pidió su excarcelación. Si el ex agente PRO no pide ampliar su indagatoria, la próxima será en San Martín. Allí se instruye la causa Campo de Mayo, donde operaban los interrogadores del 601.