A pedido de los intendentes del conurbano, la asignación de 100 pesos por hijo a los bonaerenses que no cobren salario familiar por no tener trabajo en blanco se ampliará a más municipios que los quince que había anunciado Daniel Scioli originalmente. La Matanza, que estaba fuera de la lista, es una de las que ya consiguieron entrar al grupo de los que otorgarán este ingreso por hijo a partir del 2009. Los índices de pobreza en el segundo y tercer cordón, el temor a que el empleo se deteriore por efecto de la crisis financiera global, la presión de un año con elecciones –en octubre los concejos deliberantes van a poner en juego la mitad de sus bancas– aceleraron los tiempos de este programa que, en los cálculos del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, traspasará a los sectores más pobres unos 550 millones de pesos por año una vez que se haya implementado en toda la provincia. “El objetivo es que todos los menores de seis años tengan ese ingreso como un derecho: si sus padres tienen trabajo en relación de dependencia, el salario familiar se lo paga el empleador, y si no lo pagará el Estado”, definió Arroyo.

–¿Por qué no se implementó entonces directamente un ingreso universal por hijo?

–El programa tiene esa orientación. Trabajamos con un presupuesto incremental que este año va a ser de 50 millones de pesos porque la gente va a ir entrando en diferentes etapas, pero el número va a ir aumentando para cubrir, en tres años, toda la población de 0 a 6 años.

–¿Por qué empiezan con 50 millones para una provincia como la de Buenos Aires? Mauricio Macri, que recortó el gasto social, destina 200 millones a los comedores escolares, en un distrito muchísimo más chico.

–Yo tengo un presupuesto total para el año que viene de 2300 millones de pesos. Lo de los cincuenta millones tiene que ver con la logística y la organización, porque vamos a ir barrio por barrio inscribiendo, y en realidad no sabemos cuántos se van a inscribir. Empezamos con lo que operativamente creemos que podemos lograr, quince municipios, pero si podemos avanzar más rápido vamos a aplicar más recursos. Yo tengo la capacidad de transferir partidas, así que si llegamos a procesar más inscripciones, vamos a destinar más fondos.

–¿Cómo va a ser la inscripción?

–Arrancamos en un municipio, supongamos Ameghino. Convocamos a la inscripción durante dos o tres semanas, las madres se anotan presentando la partida de nacimiento y el documento de los chicos. Una vez que se anotan, lo cruzamos con la base de datos para ver si los padres tienen trabajo formal, si son monotributistas –excepto los que pagan el monotributo social, que entran en el programa– o si reciben el Plan Familias. Si no están en ninguno de estos tres casos, serán ingresados al programa. La madre va a recibir una tarjeta del Banco Provincia que se va a recargar todos los meses con 100 pesos por hijo.

–¿La inscripción se va a mantener abierta de manera permanente o sólo por esas dos o tres semanas?

–De manera permanente. Lo que va a durar tres semanas es el operativo de inscripción para barrer cada municipio, pero después va a seguir abierta.

–Muchos monotributistas trabajan salteado o en condiciones precarias, y ninguno cobra salario familiar. ¿Por qué quedan afuera?

–Los que pagan monotributo social, o eventual, entran. Los del monotributo también van a entrar, pero en una segunda etapa.

–¿Cuándo sería?

–No hay una fecha, es según el territorio. Primero el programa va a llegar a los que no tienen trabajo formal ni cobran asignaciones por hijo, como el Plan Familias. Una vez que esa inscripción esté terminada, se van a poder anotar también los monotributistas. El concepto es que todos cobren el salario por hijo: o lo paga el empleador o lo paga el Estado. En los primeros municipios van a entrar antes, y en los otros más tarde, pero el esquema es que entren todos, es un derecho garantizado. El sujeto de derecho es el chico, que por serlo tiene derecho a la asignación. Siguiendo con el ejemplo de Ameghino, una vez que terminamos el operativo de inscripción, el programa quedará habilitado para anotar al resto.

–Eligieron 15 municipios para empezar, ¿cuál fue el criterio? Entre ellos no está, por ejemplo, La Matanza, clave por la cantidad de población y sus condiciones sociales.

–Se eligieron esos quince para tener un mix de intendencias del conurbano y del interior. Pero desde que planteamos el tema hubo un aumento de los municipios que quieren entrar y ahora estamos haciendo una lista muy rápida en la que se agregaron otros como La Matanza, General Pueyrredón y Berazategui. Son lugares donde acordamos que la municipalidad ponga la gente para hacer los operativos.

–¿Qué presupuesto se necesita para llegar a toda la provincia?

–Suponemos que hay 450 mil chicos en esta condición. De acá a tres años, cuando se complete la provincia, vamos a estar en los 550 millones de pesos por año.

–¿Cuánto costaría extenderlo hasta los 18 años, igual que el salario familiar?

–En la provincia de Buenos Aires nacen 250 mil chicos por año. Si tuviéramos que hacerlo de 0 a 18 y completáramos todo, serían aproximadamente 1700 millones por año.

–¿Por qué consideran mejor distribuir a través de una asignación por hijo y no con otro criterio, por ejemplo garantizando un ingreso por familia que cubra la canasta alimentaria?

–Son dos cosas distintas. Eso no tiene que ver con acercarse a la línea de pobreza o no, sino que tiene que ver con reconocer un derecho a todos los chicos, independientemente de cómo estén sus padres. Nosotros no quisimos hacerlo incompatible con el resto de los ingresos porque esto, justamente, apunta a superar la canasta básica. Una persona puede cobrar un plan social, un Jefes de Hogar, y no va a quedar afuera de esta asignación. En la práctica, va a haber gente que cobre otros planes de apoyo y este también. Estamos estableciendo un derecho básico, el ingreso básico es una segunda cuestión a trabajar. Cuando arranqué en el Ministerio de Desarrollo Social propuse hacer tres pasos. El primero ya lo completamos, que fue transformar la política alimentaria, salir de los bolsones de alimentos y reemplazarlos por una tarjeta, que da mayor libertad. El segundo es extender las asignaciones familiares. El tercero es ampliar los ingresos para superar la línea de pobreza. En la práctica, todo va dirigido a eso, ya que va a haber familias que reciban la tarjeta de alimentos y el ingreso por hijo, por lo que va a ser poco lo que tengamos que completar.

–Esto es un programa, ¿qué habría que hacer para garantizar que fuera efectivamente el reconocimiento de un derecho?

–Sacar la ley. Nosotros trabajamos con un consejo consultivo en el que hay un 35 organizaciones sociales, la CGT, la CTA, Cáritas, los movimientos sociales, la Federación de Municipios. Esto se discutió en el Consejo, y es la primera política consensuada y de mediano plazo. El Consejo está armando una estrategia parlamentaria para presentar un proyecto de ley en el año 2009. Ahí se va a tener que discutir un fondo especial, permanente, independiente del funcionario que esté de turno, y se va a tener que discutir también hasta qué edad debe extenderse.

–¿La provincia tiene recursos para pagar las asignaciones de manera estable?

–Mi impresión es que sí, y que ésta va a ser la política social de mayor escala de la próxima década, que va a marcar un estándar distinto, un punto más arriba. Los chicos van a estar un poquito mejor, la familia va a tener más ingresos. No hay ninguna medida que resuelva mágicamente el problema de la pobreza, pero claramente va a haber menos pobreza a partir de esta medida. No es un programa que reparta subsidios para diez jóvenes emprendedores, es una política realmente masiva.