El general Eduardo Alfonso fue quien encabezó en 2001 la solicitud de hábeas data con la que 663 miembros del Ejército pidieron a organismos de derechos humanos que revelaran qué información tenían sobre la represión ilegal. Hasta ahora no se sabía que esa medida tenía, además de su arista institucional, una personal. Según surge de su legajo y del Boletín del Ejército, el ex secretario general de la fuerza participó, por lo menos, de un operativo del terrorismo de Estado que culminó con un asesinato y el secuestro de una mujer embarazada cuyo hijo fue luego apropiado. Alfonso ya faltó a su primera cita en la Justicia y tiene la próxima el 11 de diciembre. El juez Alberto Suares Araujo rechazó el pedido de Abuelas de Plaza de Mayo de tomar precauciones para evitar una fuga.

Alfonso ascendió a coronel en 1993 y a general de brigada en 1999. Se retiró en 2003, cuando Roberto Bendini se hizo cargo del Ejército. Su participación en la represión ilegal quedó oculta porque ni en los organismos de derechos humanos ni en la Conadep, que usualmente presentan quejas sobre los pliegos propuestos por las Fuerzas Armadas, tenían información sobre él. Los datos que daban cuenta de su pasado estaban en otra parte.

Las pruebas

De acuerdo con un informe que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aportó en mayo a la causa, en el legajo personal de Alfonso consta el Informe de Calificación de 1976/1977. En esa época, el ex secretario general del Ejército era teniente primero de caballería y se encontraba destinado en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral con asiento en la Guarnición Militar de Campo de Mayo. El 12 de enero de 1977 aparece un parte de enfermo con el diagnóstico de “herida de bala con perforación intestinal (bajo información)”.

En el Boletín Público del Ejército Argentino número 4148 del 6 de julio de 1977 figura la condecoración que le dieron por haber recibido ese disparo. “Con motivo de las operaciones realizadas en la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en Combate’ a Teniente primero C. D. Eduardo Alfonso y Teniente primero D Raúl Fernando Delaico”.

El 12 de enero de 1977, efectivos del Ejército vestidos de civil irrumpieron en la casa en la que vivían Antonio Domingo García y Beatriz Recchia en Villa Adelina. Los vecinos relataron que participaron del operativo unos treinta militares y que se produjo un tiroteo en el lugar. Domingo García fue asesinado. Beatriz Recchia, que estaba embarazada de cinco meses, fue secuestrada y llevada a Campo de Mayo. En la vivienda, también estaba Juliana Inés, de tres años, la hija mayor del matrimonio, que fue entregada a su abuela materna ese mismo día.

El 13 de enero de 1977 La Razón reprodujo un comunicado de prensa difundido por el Comando de Zona 4. Allí aparece la versión oficial sobre el hecho, que, a pesar de las mentiras, sirve para confirmar que el Ejército participó del operativo en cuestión. “Se informa a la población –dice el parte– que el día 12 de enero a las 5 horas fuerzas legales efectuaron un procedimiento de control de población en una finca ubicada en la calle Independencia al 1900 de la localidad de Villa Adelina. Las fuerzas legales abrieron fuego abatiendo a un delincuente subversivo de sexo masculino. Finalizada la operación se encontró abandonada en el lugar una criatura de unos cuatro años de edad, cuya madre al parecer habría fugado aprovechando la confusión producida durante el enfrentamiento. Las fuerzas legales tuvieron dos oficiales heridos.”

Beatriz Recchia no se fugó ni abandonó a su hija. Fue secuestrada y llevada al centro clandestino El Campito, que funcionaba en Campo de Mayo. Sobrevivientes de ese sitio la identificaron como “La Tina”, “de pelo lacio, de ojos claros, que estaba con un embarazo muy avanzado, a punto de tener familia”. No hubo más noticias de la mujer y del niño o niña que parió en la clandestinidad.

La citación

El legajo personal de Alfonso, el Boletín del Ejército, el comunicado del Comando de la Zona 4 y los testimonios de los testigos permiten ver el cuadro que involucra a Alfonso en un homicidio y un secuestro y lo vincula a la apropiación de un menor.

Con esta información, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud se presentó ante el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo y solicitó que el ex secretario del Ejército fuera citado a indagatoria por esos hechos. Pidió la misma medida para quienes cumplieron roles jerárquicos en la Zona 4, correspondiente a Campo de Mayo: Santiago Omar Riveros, jefe de la Zona, Reynaldo Benito Bignone, jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, y Luis Sadi Pepa, director de la Escuela de Comunicaciones y quien estuvo a cargo de la represión en San Isidro. Los interrogatorios de estos tres últimos oficiales se concretaron la semana pasada y los tres acusados sumaron este caso a las razones por las que están presos en sus domicilios. Pero conseguir la presencia de Alfonso en tribunales no parece ser tan sencillo.

El ex secretario del Ejército estaba citado para el lunes pasado. El viernes anterior, a última hora, su abogado pidió una prórroga. El juez le concedió hasta el 10 de diciembre. Iud, en representación de Abuelas de Plaza de Mayo, reclamó a Suares Araujo medidas preventivas para evitar que el acusado se fugara, pero el magistrado no las consideró necesarias. Esto llamó la atención en Abuelas de Plaza de Mayo, sobre todo porque el juzgado tiene un antecedente: el del médico Norberto Atilio Bianco.

Durante la última dictadura, Bianco era formalmente el jefe de Traumatología del Hospital Militar de Campo de Mayo pero era también el encargado de la maternidad paralela que funcionaba en ese lugar. Después de insistir, las Abuelas lograron que en marzo Suares Araujo lo citara como sospechoso. El hombre vivía en Paraguay –país que ya había sido su refugio cuando lo investigaron por la apropiación de dos niños que crió como propios– y no se presentó a declarar. En Semana Santa, viajó a la Argentina, pero como no existía orden de detención en su contra, volvió a Asunción sin que nadie lo molestara. Finalmente, Suares Araujo tuvo que pedir su captura internacional y su extradición –trámite que está en curso– aunque podría haberse ahorrado tiempo y recursos si le hubiese impedido salir del país o si hubiese reclamado su arresto en Paraguay desde un principio.

“Las familias de Domingo García y Beatriz Recchia no tenían información sobre la participación de Alfonso en este hecho. Cuando aparecen estos datos, la Justicia espera seis meses hasta decidir su citación y ahora le concede dos semanas más. Se trata de algo que pasó hace 31 años, pero el juez no parece tener apuro en investigarlo o no le parece importante hacerlo”, dice Iud. En este caso, además, está en juego el destino de un niño y niña que hoy debe ser un joven que no sabe que es hijo de desaparecidos.

El currículum

Alfonso no es un personaje menor en el Ejército, como secretario general de la fuerza, fue la mano derecha de Ricardo Brinzoni en su ataque a los juicios por la verdad o a todo intento de avanzar en el camino de la justicia para los crímenes de lesa humanidad.

Unos años antes, en 1995, cuando el soldado Omar Carrasco fue asesinado en un cuartel del Ejército, Alfonso y su entonces jefe Ernesto Juan Bossi dijeron ante los periodistas que el hallazgo del cuerpo demostraba que “en el fondo no querían matarlo. Si fueran tan malas personas como para haber especulado con eso, el cadáver no hubiera aparecido jamás”.

Como reveló Horacio Verbitsky en este diario en 2001, fue Alfonso el que recorrió las guarniciones de Campo de Mayo, Córdoba y Bahía Blanca exigiendo que todos los oficiales firmaran el recurso de hábeas data que se presentó ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH) y la Conadep para que esos organismos aclararan qué información tenían sobre más de 600 oficiales. Todavía estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero muchos miembros de las Fuerzas Armadas pensaban dos veces antes de salir del país por miedo a ser arrestados y llevados ante el juez español Baltasar Garzón u otro magistrado europeo.

“Llegó la hora de pasar a la ofensiva y lograr nuestra cuarta victoria”, anunciaba a sus subordinados para convencerlos de firmar el reclamo judicial que contó con la representación del abogado Juan Torres Bande, apoderado y dirigente de la organización neonazi de Alejandro Biondini.

Los otros triunfos de su gestión habían sido, según dijo, “el abierto apoyo a nuestros camaradas en desgracia, con Luciano Menéndez a la cabeza”, “la exitosa Operación retorno, por la cual se regresó al país al mayor (R) Jorge Olivera, desde Italia” y “la aprobación por el Senado de los pliegos de ascensos”. Se refirió así a tres hechos ocurridos durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

El primero fue protagonizado directamente por Alfonso, que viajó a Córdoba y Bahía Blanca para respaldar institucionalmente a militares que habían sido arrestados por negarse a declarar en juicios por la verdad y el encargado de solidarizarse con el dictador Menéndez cuando fue detenido por robo de bebés. La segunda reivindicación de Alfonso fue la liberación del represor Olivera, detenido en Roma por la desaparición de una joven de origen francés. El mayor retirado falsificó un documento y logró escaparse a la Argentina, que todavía era un refugio para represores. La tercera conquista fue lograr la promoción de oficiales cuestionados por su participación en el terrorismo de Estado.

La última gran jugada del secretario general del Ejército fue la presentación de los hábeas data. Se sabía que el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, estaba involucrado en la masacre de Margarita Belén ocurrida en el Chaco. Alfonso, en cambio, había logrado mantener su currículum a salvo. Hasta ahora.