El macrismo presentó un proyecto para crear una Dirección de Inteligencia Criminal, por lo que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, tendría sus propios espías. Mientras en PRO sostienen que es una iniciativa similar a las de otras provincias y se usará sólo para “inteligencia criminal”, la oposición porteña cuestionó el momento y las funciones que tendrá la dirección de inteligencia. “Que antes de la transferencia de la Policía Federal quieran crear un organismo de inteligencia, es sencillamente darle a Macri una herramienta para investigar a los ciudadanos”, consideró el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. “Esto es la SIDE de Macri”, advirtió la legisladora de Nueva Izquierda, Patricia Walsh.

El proyecto de crear una dirección de inteligencia criminal pertenece a los peronistas PRO Cristian Ritondo y Daniel Amoroso. Una versión señalaba que el autor de la ley es Raúl Rosa, quien asesora en temas de seguridad a Amoroso. Rosa fue agente de la SIDE en el menemismo, un lugar al que llegó recomendado por el represor Luis Patti. Fue dado de baja cuando dejó de ser jefe de la SIDE Miguel Angel Toma. En el entorno de Amoroso, desmintieron que Rosa haya participado en este proyecto de ley.

En el proyecto, se plantea que la dirección se ocupará de “obtener información referida a las actividades criminales que por su peligrosidad afecten la libertad, la vida o el patrimonio de los habitantes de la ciudad”. También señala que formará parte del sistema nacional de inteligencia, que integran la SIDE y el resto de los organismos y que se ocupará también de “ejecutar actividades de contrainteligencia”. La dirección de inteligencia criminal responderá al jefe de Gobierno, que podrá delegar esa función en el ministro de Justicia y Seguridad.

El proyecto de ley plantea que no podrán asumir como agentes de inteligencia quienes “incurrieron en actos de fuerza contra el orden institucional o el sistema democrático, quienes registren condenas por violación a los derechos humanos o quienes pertenezcan a las Fuerzas Armadas”. También indica que la dirección no podrá “almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política” y que tampoco podrá “influir en la situación institucional local o nacional”.

“No es la SIDE de Macri. La información que va a tener es la misma de la dirección nacional, donde participan la SIDE y las otras direcciones provinciales”, se defendió Ritondo. “El gobierno de Kirchner creó una Dirección de Inteligencia Criminal. Nosotros estamos siguiendo el mismo camino”, aseguró el legislador porteño, quien planteó que existe ese organismo en diversas provincias –“incluso en Santa Cruz”– y sostuvo que servirá “para el seguimiento de los delitos más complejos”.

“Me parece un disparate y encima es peligroso. El macrismo sigue improvisando en materia de seguridad”, arremetió Ibarra. “La investigación de los delitos es una mera excusa, porque mientras no haya transferencias de la Nación, los delitos siguen siendo investigados por la Federal. En definitiva, termina siendo una costosa estructura que va a servir para investigar a la gente”, afirmó el legislador de Diálogo por Buenos Aires.

“Vemos como preocupación que los organismos de seguridad empiecen a ser una cueva de ex agentes de la SIDE y con fines que están poco claros”, sostuvo el jefe del bloque K, Diego Kravetz, quien recordó a los múltiples ex agentes de la SIDE que asesoran al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, o los que fueron contratados por el titular de la Agencia de Control, Federico Young. “Ya usan la Agencia de Control Comunal como reservorio de ex agente de la SIDE, gendarmes, militares. Ese lugar tiene a la cabeza a un hombre que reivindica el Proceso y tiene ligazón con gente con poco apego a la democracia”, planteó Kravetz.

El diputado de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo afirmó que “es demasiado apresurado crear un departamento de inteligencia, cuando hace falta primero ver cómo se va generando la policía que se votó”. “La ciudad, más que una SIDE con finalidades dudosas, necesita un plan integral de prevención del delito, que no lo tienen después de un año de gobierno”, consideró el socialista Roy Cortina.

“Forma parte del paquete de leyes represivo: la creación de la Policía Metropolitana, Instituto de Formación y el Estatuto policial. ¿Qué le podía faltar para convertirlo en algo peor? Un servicio de inteligencia en la ciudad”, planteó Walsh. “En este proyecto aparece la marca de la gorra: por ejemplo, dicen que no pueden integrarlo quienes estén condenados por violaciones a los derechos humanos. Es inadmisible, porque se sabe que hay pocas condenas a los represores por la impunidad instalada por años en este país. No aceptan que se excluya también a los procesados”, indicó.