El Gobierno confirmó que seguirá el tope de 3000 pesos de sueldo para los funcionarios políticos, medida que ya fue derogada para los funcionarios de carrera y para los que se desempeñan en el servicio exterior de Cancillería. A este anuncio, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, lo completó anticipando que su ministerio coordinará el trabajo “área por área para profundizar la reducción de gastos burocráticos, eliminar contratos innecesarios y garantizar la transparencia, para que no existan factores de irritación popular por ese motivo”. Fue una de las conclusiones principales de la reunión de Gabinete de ayer marcada por el fastidio que provocaron en la Rosada las declaraciones del director del FMI, Horst Köhler, augurando más sacrificios para los argentinos.
El martes, apenas apareció en el Boletín Oficial el decreto que derogó el tope impuesto por Adolfo Rodríguez Saá en su semana como presidente, el Gobierno puso en marcha un operativo para tratar de apaciguar una reacción contraria de la gente, tan movilizada en el reclamo para que se bajen los gastos de la política. Ya a la noche, en la Rosada dejaron trascender que el tope seguiría corriendo para los funcionarios políticos, dato que fue ratificado luego de la reunión de Gabinete de ayer en Olivos.
Capitanich se preocupó en aclarar que sólo los funcionarios de carrera y los del servicio diplomático podrán hacer uso de los beneficios del decreto, que devuelve los sueldos al nivel que tenían a diciembre. En el caso de la Cancillería, el jefe de Gabinete explicó que se trata de “funcionarios que cumplen tareas en embajadas en el exterior, donde el costo de vida es muy alto y el factor de conversión de pesos a dólares resulta absolutamente insuficiente para su funcionamiento”. Con todo, enseguida añadió que próximamente se reestructurará el servicio exterior cuestión de “ajustar el presupuesto a la realidad actual del país”.
Durante el encuentro cada ministro hizo una exposición sobre la situación en la que se encuentra su área. El comentario generalizado fue la falta de tacto de Köhler al lanzar su comentario pesimista sobre el futuro local. “Si nos preguntan, tenemos que responder que no va a haber más ajustes”, les dijo el presidente Eduardo Duhalde a los ministros.
En ese sentido fue el otro anuncio que surgió del encuentro: la creación de un “gabinete productivo” que se reunirá exclusivamente para impulsar la producción y el empleo. “Se trabajó en una agenda productiva con el objeto de elaborar un acuerdo estratégico para impulsar la producción, el trabajo y las exportaciones”, sostuvo Capitanich.
La noticia, y otras que surgieron del encuentro, no se diferencian en mucho de cosas que se prometieron largamente durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Por ejemplo, lo que dijo el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, acerca de que pondrá en marcha la Unidad de Investigaciones Financieras que se ocupará de detectar maniobras de lavado de dinero. Más impactante también fue otra propuesta de Vanossi acerca de que promoverá una ley para que los nuevos jueces paguen impuesto a las ganancias, algo que los actuales magistrados no hacen argumentando trabas constitucionales.
El canciller Carlos Ruckauf pintó el panorama que obtuvo de su aproximación a las grandes potencias. Dentro de lo negro que se (nos) ve desde Europa, el renunciante gobernador bonaerense sostuvo que los premier europeos tienen la predisposición de ayudar a la Argentina una vez que –según la muletilla de rigor– se presente un plan económico creíble y sustentable. “Es lógico, tenemos que reconstruir la confianza que supimos perder”, resumió un ministro.