El cierre del debate sobre el paquete “anticrisis” del Gobierno en el plenario de comisiones legislativas de la Cámara baja anticipó los alineamientos que se verán el próximo miércoles al momento de su votación en el recinto. El kirchnerismo y sus aliados más fieles firmaron el dictamen de mayoría después de introducir algunos cambios formales a la iniciativa. Toda la oposición se retiró del plenario y expuso su rechazo al proyecto, tras la decisión oficialista de no continuar el debate con la invitación a otros expositores y la negativa a desdoblar los tres ejes del megaproyecto: la moratoria tributaria; las facilidades para la promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes; y el polémico blanqueo y repatriación de capitales. El bloque K tendrá que garantizar a todos sus legisladores para ganar la votación, que promete ser ajustada.

El paquete del Gobierno dejó a los diputados oficialistas sin demasiado margen de maniobra. Eso, sumado al apremio por los tiempos parlamentarios –las sesiones ordinarias terminan a fin de mes y el proyecto aún debe pasar por el Senado–, obligó a los K clausurar abruptamente el debate sin la posibilidad de sumar más voluntades a la propuesta del Ejecutivo.

El bloque kirchnerista tiene de su lado sólo a un puñado de aliados: los radicales K, los neuquinos del MPN y los santiagueños del Frente Cívico. De sus socios de Encuentro Popular y Social, sólo el socialista K Ariel Basteiro firmó “en disidencia” el dictamen oficialista; las otras tres mujeres de ese bloque –Vilma Ibarra, Cecilia Marchán y Victoria Donda– no acompañarán esta vez al oficialismo. Aun así, los números le alcanzan al kirchnerismo para un triunfo ajustado en el recinto.

El arco opositor se retiró del plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación del Trabajo, al que a última hora también sumó a la de Seguimiento de las Normas Tributarias, que conduce la radical K Silvia Vázquez. La UCR, la CC, el PRO, el peronismo anti K, el PS y el SI, expresaron con distintos argumentos su rechazo al proyecto.

La decisión del kirchnerismo de desechar el desdoblamiento del proyecto y la ampliación de los expositores provocó el éxodo opositor, que la semana pasada había sugerido por escrito invitar a jueces del Fuero Penal Tributario, profesionales de Ciencias Económicas y al procurador Esteban Righi, además de organizaciones empresarias, sindicales y sociales. El principal punto de discusión volvió a ser el controvertido artículo en el que se establece que quienes blanqueen sus capitales no están obligados a declarar ante la AFIP el origen de esos fondos. El artículo fue modificado por el oficialismo pero no terminó de conformar a la oposición.

Para la radical Silvia Lemos lo que se hace es “despejar la vinculación entre el lavado de dinero y la evasión” y afirmó que esa medida provocará que “se caigan las causas penales sin sentencia firme” que están en la Justicia. “Es ingenuo pensar que va a haber un masivo ingreso de capitales”, dijo el economista de la CTA Claudio Lozano antes de lanzar una ironía sobre la decisión oficial: “Con esta ley Al Capone no hubiera quedado preso”.

Desde el oficialismo, Patricia Fadel, Patricia Vaca Narvaja y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato, justificaron su postura con el mismo argumento que esgrimió el titular de la AFIP, Claudio Moroni, la semana pasada ante los diputados: en el artículo 40 del proyecto se establece que no se “liberará” a las entidades financieras, entidades o instituciones de sus obligaciones de prevenir el lavado de dinero de origen ilícito.

La única y última invitada de ayer al plenario legislativo también dio su opinión ante los diputados. La titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto, dijo que la UIF “va a seguir investigando como siempre” y aseguró que la evasión fiscal “no es excluyente” como elemento de sospecha para elevar a la Justicia la investigación de posibles operaciones de lavado.

De todas maneras, el oficialismo realizó varias modificaciones al texto del proyecto. Todas ellas luego fueron minuciosamente revisadas por funcionarios de la AFIP y del Ministerio de Economía, junto a los legisladores K, en la oficina del jefe de ese bloque, Agustín Rossi.

El polémico artículo 32 establece ahora que quienes “efectúen la exteriorización” de bienes y capitales “no estarán obligados a informar a la AFIP, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con que fueron adquiridas”, aunque especifica que esto será “sin perjuicio del resto de las obligaciones que correspondan”.

Entre los beneficios del blanqueo, donde se establecen que “quedan liberados de toda acción civil, comercial y penal” se incorporó la palabra “tributaria”, lo que no extingue las posibles acciones penales de otro tipo. También se especificó que para acceder a los beneficios impositivos del blanqueo a través de distintas inversiones, éstas deberán permanecer en manos de sus titulares por un plazo de dos años.