Saludamos el tono del artículo de Norberto Galasso (en Página/12, el 2 de febrero pasado), aunque no la tendencia a eludir los temas de debate. En efecto, Galasso enumera los temas, pero lo que interesa no es saber cuántos son, sino qué opina sobre cada uno de ellos. También se dice que el artículo de Alcira Argumedo (en Página/12, el 27 de enero) no refutó “las apreciaciones correctas de Barcia sobre la mortalidad infantil”. Al respecto, creo conveniente señalar que el hambre es un crimen siempre, e independientemente de la variación de uno o dos puntos en los guarismos. Sin embargo, en el caso particular de la Argentina, el hambre es un crimen calificado, consentido y evitable. ¿Cómo se puede justificar que en un país que produce 134 millones de toneladas de alimentos y una renta inmensa discutamos el tema en base a cifras del Indec, cuyo contraste con la realidad es para todos inquietante? Aquí, es un tema de prioridades y voluntad política. ¿Qué es prioritario, pagar deuda externa o salvar vidas? Tanto Menem, como De la Rúa y la gestión K han privilegiado el pago de los servicios de la deuda externa, además de aceptar que los recursos petroleros y mineros se extraigan sin control público y se exporten dejando las divisas en el exterior. El ciento por ciento para el caso de las mineras y el 70 para las petroleras, tema denunciado reiteradamente por Pino Solanas y Proyecto Sur.

No obstante, la clave del artículo de Galasso está en la definición del “enemigo principal”. Al respecto, ya nadie discute que, utilizando el terrorismo de Estado, la dictadura militar contribuyó a consolidar un nuevo bloque de poder hegemónico en el país, conformado por grupos económico-financieros locales y externos –incluyendo a los grandes propietarios de tierras, cada vez más concentradas y extranjerizadas– con el apoyo de Estados Unidos, países europeos, el FMI y el Banco Mundial. Estos fueron los beneficiarios del saqueo de recursos públicos y sociales durante los treinta años siguientes, comenzando por el carácter fraudulento de la deuda externa y la estatización de la deuda privada, realizada por Domingo Cavallo desde el Banco Central, durante la dictadura. Con el retorno de la democracia, la fortaleza alcanzada por ese bloque de poder, sumada a la escasa voluntad política, permitió desarticular el Estado de Bienestar y el Estado Empresario y la potestad soberana del Estado Nacional, facilitando un descomunal traslado de recursos públicos y sociales en favor de los nuevos dueños de la Argentina.

Así, el saqueo articulado al amparo del terror durante la dictadura se consolidó en democracia a través de verdaderas estructuras de corrupción, conformadas por los grupos económico-financieros, parte de la dirigencia gremial y los dos partidos mayoritarios.

La alternancia bipartidista –incluyendo la cooptación de sectores como el Frepaso– permitió la continuidad de los mecanismos de despojo: subsidios a la descentralización industrial y a las exportaciones; especulación financiera; pago de la deuda sin evaluar su legitimidad; privatizaciones leoninas; altas tarifas en dólares sobre mercados cautivos; prebendas a los “amigos del poder”; complicidades espurias; intercambio de expertos económicos o referentes políticos; “empresarios nacionales” súbitamente enriquecidos y similares; lo cual no está exento de conflictos de intereses y tensiones en su interior. Dadas las dramáticas consecuencia de esta estructura de corrupción, preocupa que se banalice el tema de la corrupción económica. En todo caso, ese bloque de poder y sus cómplices son el enemigo principal. Son ellos los que se benefician con el sacrificio y dolor de nuestro pueblo.

Precisamente, en Venezuela, Bolivia y Ecuador, las fuerzas populares lograron quebrar la trampa de ese tipo de bipartidismo. Por ello, la nacionalización de los recursos estratégicos y empresas clave para esas economías y el repudio a la deuda externa ilegítima no constituyen una “casualidad permanente”, sino movimientos clave para garantizar la redistribución de la riqueza y el bienestar del pueblo. Si se considera que solamente la derecha política, junto a la “nueva derecha” y la oligarquía rural, conforman el “enemigo principal”, por carácter transitivo parecieran pertenecer al campo del pueblo Techint, Monsanto, British Petroleum, Repsol, Pan American Energy, Shell, Esso, Ford, Barrick Gold, Minera La Alumbrera, Grobocopatel, Bunge y Born, Cargill o la Aceitera General Deheza del senador oficialista Urquía, entre otros tantos “amigos del poder”, y entonces se comprende por qué razón muchas de estas corporaciones han recibido subsidios o prebendas del orden de los 10 mil millones de dólares anuales.

En cuanto al tema de la Resolución 125, sistemáticamente se omiten varias claves. Son el diputado Lozano, los diputados del SI y el ex diputado Mario Cafiero quienes denuncian que el proyecto oficial encubre una maniobra que perjudica al Estado, en una suma superior a los 1700 millones de dólares (no pesos) y presentan un proyecto propio a favor de las retenciones móviles segmentadas, que incluye la investigación del ilícito denunciado. Este proyecto no fue llevado a votación, porque en Diputados ganó el proyecto oficial. Para colmo de males, gracias a la maniobra, el Estado nunca llegó a cobrar las alícuotas fijadas en “la 125” y que sí las agroexportadoras descontaron a los productores. Otro dato interesante es que antes del voto no positivo de Cobos, catorce diputados del Frente para la Victoria votaron en contra del proyecto oficial. Por todo ello, no es bueno que se pretenda comparar el sentido de nuestro voto con el voto de la derecha. Nosotros nos negamos a acompañar al Gobierno en el fraude, no en las retenciones. Galasso reconoce el negociado, al hablar de las acciones judiciales iniciadas por AFIP, pero soslaya que son posteriores a nuestra denuncia, cuando la maniobra entre los funcionarios del Gobierno y las agroexportadoras había tomado estado público. Pero la cosa no queda allí, la posterior ley de blanqueo exime a las agroexportadoras también de esa responsabilidad. Por todo ello, nos parece en extremo injusto que el compañero Galasso pretenda adjudicarnos “una grave responsabilidad si se frustra esta gran oportunidad”. En todo caso, si se frustrara esta gran oportunidad, no sería a causa de nuestras humildes críticas, sino a consecuencia de los propios errores políticos del Gobierno y su definición del “enemigo principal”.

Finalmente, en relación con las apreciaciones que el compañero Galasso realiza sobre la obra de Perón y, más allá de que sin duda hubo errores que no intentaré justificar, sus extraordinarias realizaciones en el campo social, los derechos del trabajador, la ancianidad, la niñez, la educación, la salud, energía, infraestructura industrial, obra pública, desarrollo tecnológico e incluso su concepción ambientalista expresada hace casi 40 años en el “Proyecto Nacional” tornan injusta cualquier comparación con gestiones posteriores.

* Docente, integrante de la mesa nacional de Proyecto Sur.