Después de casi seis horas de deliberaciones, los ministros de Educación de todo el país le pidieron a Trabajo que convoque a la paritaria docente. El lunes próximo, a una semana del inicio del ciclo lectivo, funcionarios y gremios se reunirán, a las 15, en la cartera laboral. Desde los despachos oficiales optaron por el hermetismo a la hora de precisar algún indicio sobre la oferta salarial. Se sabe sí que ninguna jurisdicción evalúa acercarse al 24 por ciento que el año pasado se fijó como piso de la recomposición y llevó el sueldo inicial a 1290 pesos. Las especulaciones oficiosas estiman que los números podrían orillar un 15 por ciento en el mejor de los casos.

Del plenario, presidido por el ministro de Educación de la Nación, Juan Carlos Tedesco, participaron veinte responsables del área provincial. Estuvieron ausentes Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Catamarca. Tedesco había dicho que la paritaria se convocaría en la segunda quincena de febrero y ante la demora los sindicatos declararon “el estado de alerta y movilización”. El 2 de marzo es la fecha prevista para el comienzo de clases en la mayoría de las jurisdicciones.

El año pasado funcionó por primera vez la paritaria con la representación de los cinco sindicatos con personería nacional y de las carteras de Educación, Trabajo y Economía. Esa instancia de negociación se transformó en el instrumento legal para que la Nación centralizara, de hecho, la política salarial y compensar así desigualdades extremas. El piso fijado en esa instancia se convirtió en el techo en gran parte del país. Hubo otros casos: en la provincia de Buenos Aires los gremios obtuvieron una recomposición que orilló el 40 por ciento.

El temor de varios gobernadores a una disminución de la recaudación producto del impacto de la crisis económica internacional y, por consiguiente, las dificultades para financiar aumentos salariales demoraron la convocatoria oficial. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue quien tuvo que pilotear los reparos, sobre todo de bonaerenses, cordobeses y santafesinos.

La legislación vigente prevé que la Nación auxilie a las provincias que no puedan afrontar con recursos propios el incremento para llegar al piso salarial común. Son once jurisdicciones las que reciben ese aporte, pero como no está reglamentada la ley de financiamiento quedan al arbitrio del Ejecutivo nacional. El año pasado, Buenos Aires, que no está dentro de ese paquete, consiguió refinanciaciones de deudas con la Nación que le permitieron disponer de más recursos.

Esta semana, en algunos despachos consideraron la posibilidad de no activar la paritaria nacional y dejar que cada provincia negocie por sí misma. Ayer, después de horas de conversaciones a puertas cerradas en el salón Vera Peñaloza del Palacio Sarmiento, el Consejo Federal coincidió en la conveniencia de sentarse alrededor de una mesa. La duda ahora es qué número habilitará Economía para ofrecer como piso y cuánto están dispuestos a ceder los gremios.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en la que se enrolan los docentes de Ctera reclamó un aumento del 25 por ciento. En el plenario de secretarios generales de la Ctera, que sesionó ayer, insistieron en el llamado a paritaria, pero evitaron hacer eje en el porcentaje a pedir. El lunes será el día en que se empiece a develar esa incógnita de la que dependerá la normalidad del ciclo lectivo.