Alicia Kirchner puede hablar largo y tendido de políticas sociales, pero prefiere la ambigüedad cuando sale el tema de su candidatura. “No hay nada”, responde mientras hace un gesto con la mano como si espantara una mosca cuando se le menciona las versiones acerca de una posible postulación a diputada para las elecciones de octubre. Ya en el tema en el que se siente más cómoda, la ministra de Desarrollo Social se muestra satisfecha porque en este momento de vacas flacas pudo anunciar días atrás, junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la ampliación de su presupuesto en dos mil millones de pesos, que destinará a incrementar los planes insignia de su cartera: el Familias, el de Seguridad Alimentaria y el Manos a la Obra. La ministra recibió el viernes a Página/12 en su despacho junto al secretario de Coordinación, Carlos Castagneto, quien cada tanto intervendrá en la entrevista para subrayar algunas de las respuestas de Alicia Kirchner. Ambos se muestran convencidos del mismo credo, que privilegia lo que denominan “economía social”, esto es, la generación de trabajo a través de cooperativas y microemprendimientos. En cambio, descreen de los planes asistenciales, aun de los universales. “¿Alguien piensa que el problema de la pobreza se soluciona con 100 pesos?”, dice la ministra.

–En este escenario de crisis económica mundial, ¿este aumento de presupuesto será suficiente o será algo así como un vaso de agua en el mar?

–Lo que estamos haciendo es adelantándonos a las posibles problemáticas. Pero nuestra evaluación tiene que ser muy dinámica y permanente en función de un contexto internacional muy complejo en el que no podemos estar de brazos cruzados.

–¿Deja la puerta abierta a la posibilidad de ampliar estas medidas?

–No sé si ampliar estas medidas o, si es necesario, enfocar otras. El drama de las políticas sociales es que a veces se piensa que todo se traslada a un plan. Es una mirada reduccionista. Son medidas que caen muy simpáticas pero que deben ser aplicadas. Uno tiene que tener seriedad para aplicarlas y darles sustento. Antes, por ejemplo, la política social era el Plan Jefas y Jefes de Hogar, que en su aplicación se vio limitado porque se anuncia como para todos y después no tiene presupuesto. Si bien en Plan Jefas y Jefes dio una respuesta en ese momento, no era para todos. La pobreza es compleja, hay múltiples factores que inciden. Sería muy fácil y simplista decir “esto lo soluciono con los ingresos”. Pero falta salud, educación, desarrollo productivo. Por eso nosotros trabajamos en función de la realidad de cada lugar. No es lo mismo el NEA, que el centro o el sur. Vamos con el Plan Ahí a las localidades más vulnerables en función de las capacidades del territorio y la gente que está allí. El país creció de manera desigual y las pobrezas son diferentes. Es múltiple, por lo que las intervenciones no pueden ser iguales para todos. Nuestra política social apunta a dos ejes: uno es la protección de la familia –a través del Plan Familias y de las pensiones no contributivas– y el otro es generar empleo mediante la economía social.

–El Plan Jefas y Jefes continúa, ¿no es cierto?

–Sigue en el Ministerio de Trabajo, pero se está buscando desde allí la transferencia al seguro de capacitación, mientras que otros pasan al Plan Familias, que llevamos nosotros.

–Una de las críticas que habitualmente se le hace a la política social del Gobierno es que ese plan sigue en 150 pesos pese a los años de inflación.

–De ese plan puede haber muchas críticas. La primera cuando se inició, que se dijo que era para todos y después se limitó el número porque no tenían presupuesto. Pero me gustaría hablar de política social.

–Lo que pasa es que esto se relaciona con otra crítica que a veces se les hace a las políticas sociales, que es la falta de una asignación universal que abarque a todos.

–Entonces se discrimina a los que pueden y a los que no pueden.

–¿Cómo sería eso?

–Si se homogeiniza todo en un plan social se le quita a la gente la posibilidad de desarrollarse de acuerdo a sus posibilidades. “A estos que no pueden les pago hasta acá y estos son los que pueden y están en el mercado de trabajo.” Porque el empleo es la mejor política social. Obviamente, tenemos que tener una política de protección en los sectores más vulnerables. Pero, como Estado, tengo que traccionar para que todos puedan estar en una política de empleo. Tenemos un impacto muy grande con los programas sociales. Para dar una idea: cuando asumí se habían dado 176 mil pensiones no contributivas, hoy llegamos a las 720 mil. Es el programa de ingresos más grande del país. Y para una madre con siete hijos son 690 pesos. Obviamente no es un gran ingreso, pero es importante.

–¿Existe la idea de que si una persona recibe un beneficio asistencial del Estado va a dejar de buscar trabajo?

–No. Primero, no quiero hablar de “beneficio” sino de “titulares de derecho”. Con el concepto de “beneficio” ya se está discriminando. Es un trabajo de artesanía social el que hacemos, hay 3200 municipios en todo el país. Trabajamos con las gobernaciones, los municipios y las organizaciones. No con todas, porque algunas todavía siguen con políticas muy asistenciales. No ignoro la asistencia porque ignorarla es dar un salto al vacío, pero nuestra política es de desarrollo de la persona. Esa política donde todos pasan a un plancito terminaba siendo discriminatoria porque se convertía en un padrón de la pobreza y no respetaban a la persona en todas sus posibilidades. Por ejemplo, capacitamos 12 mil cuidadores domiciliarios el año pasado, que tienen inserción a través del PAMI en el mercado laboral y son monotributistas sociales.

–Es loable la intención de generar empleo para las personas que hoy no están en el mercado, pero la sensación es que hay gente con muchas necesidades que queda afuera de los planes.

–Hay gente que por olvido de años ni siquiera tiene documentos. Entonces, por más que yo tenga un plan para todos ellos todavía no le solucioné el problema de la documentación. Es decir, por más que tendría que incorporarlo por una falta de documento no lo podría incorporar. Hace poquito salió un DNU precisamente para documentar a los niños y niñas. Pero a esas familias estamos ayudándolas para que puedan apostar a un cambio en su vida desde un empleo, desde darle su documentación, desde cumplir con los deberes que corresponden. Con la economía social ya estamos llegando a 300 mil empleos.

–¿Y estos proyectos de economía social y cooperativas después se vuelven viables económicamente?

–Bueno, de toda esta gente el ingreso medio es de mil pesos, un ingreso anual de doce mil pesos. No es el gran ingreso, pero es muy importante y lo genera cada persona. Y ahora a esas personas el Estado concurre dándoles un adicional por hijo por el Plan Familias. Hay una red de cooperativas que en estos momentos están confeccionando un millón de guardapolvos al año que se ubican en todas las escuelas de nuestro país para los sectores más vulnerables. También estamos haciendo sábanas, equipos deportivos. El Estado les compra una parte y ellos generan también actividad independiente.

–En la provincia de Buenos Aires aseguran que desde el año pasado concurre más gente a los comedores comunitarios. ¿Cómo ve hoy la situación social, hay un incremento de la pobreza y por ende de la necesidad de asistencia?

–No me gusta contestar percepciones. Nosotros tenemos 1.663.000 familias a las que estamos concurriendo en su ayuda con una tarjeta alimentaria. Cada vez que se plantea este tema de los comedores prefiero que me digan los nombres de las familias y ayudarlas con la tarjeta alimentaria. Aunque hay organizaciones que prefieren seguir con los comedores y yo los respeto.

–Pero en cuanto a la situación social que le preguntaba, ¿se perciben ya los efectos de la crisis internacional?

–Estamos atentos a todas las situaciones que se van produciendo. No puedo hacer una evaluación tan concreta porque trabajamos en el territorio e inmediatamente que se producen los problemas buscamos atenderlos. Cuando digo que hay que trabajar en el lugar, que esto es una artesanía social, es difícil de entender y para mí explicar lo que nuestros equipos construyen día a día en el territorio. Son múltiples los factores que influyen para que se desarrolle la pobreza. Cuando empezamos con los microcréditos había 1200, hoy en menos de un año hay 60.000. Toda la gente que había el otro día en el acto que hicimos en Olivos puede contar cómo trabaja y qué los une. El cooperativismo, la solidaridad, tener identidad en nuestro país. En cambio, con un plan asistencial se divide, hacés los unos y los otros.

–Pero quienes están a favor de la universalización de los planes sostienen que también reactivan la economía porque todo el dinero que se le da a una familia pobre o indigente va al consumo, en alimentos o artículos de primera necesidad.

–En políticas de protección tenemos un presupuesto de 8 mil millones, que son ingresos directos que van a la gente. Las otras son políticas de generación, donde ellos también generan ingresos. Las políticas de inversión social que hace el ministerio son de enorme impacto, sea por la protección como por la generación de empleo. Queda divino tener un plan universal, pero para eso tenemos que trabajar más en la distribución de la riqueza. Todos hablamos de la distribución de la riqueza, pero cuando a algunos sectores les toca ayudar no aportan.

–¿Está diciendo que las retenciones son necesarias para aumentar los planes?

–Todos tenemos que aportar. Los impuestos sirven precisamente para la distribución.

–En Brasil existe la Bolsa Familia, un plan muy masivo con unos 12 millones de beneficiarios directos. ¿Acá no serviría algo así?

–Es una lógica más de asistencia y protección, pero si a ellos les sirve bienvenido sea.

–¿Es otro concepto de ayuda social o es también que la pobreza de Brasil es diferente?

–Es muy distinta. Hubo una época en la que Latinoamérica se manejaba con programas de asistencia así, enlatados. Había en Brasil, México, Chile. Son transferencia de ingresos, pero no generan una política social de desarrollo. Se limita a eso.

–La provincia de Buenos Aires comenzó a otorgar en algunos municipios un subsidio por hijo de 100 pesos a quienes no tengan un trabajo formal, que piensan extender a toda la provincia. ¿Se puede distribuir algo similar a nivel nacional?

–Las provincias que tengan presupuesto me parece muy bien que lo hagan porque sería un complemento de lo que está haciendo el gobierno nacional. Nosotros manejamos permanentemente información y con eso tomamos las decisiones. No voy a estar en contra de ninguna medida que tome cualquier provincia para mejor la calidad de vida.

–Usted marca una divisoria como si fueran dos ideologías diferentes, la asistencia, con lo que marca del desarrollo de la comunidad. ¿Es tan así?

–Insisto, no niego la asistencia. Pero si te quedás en la asistencia, la gente también se queda en la asistencia. Tenés que ayudar a promover la dignidad que quiere la gente. Voy a cualquier lugar y nadie me pide un plan. Eso lo escucho nada más en los pseudoexpertos. La gente me dice que quiere armar una cooperativa o una textil. Si la asistencia es un taller familiar, le estás dando una oportunidad. Pero si es la asistencia simple de un ingreso y encima limitado, no les estás dejando nada. ¿O alguien puede pensar que el problema de la pobreza se soluciona con 100 pesos? Algunos sostienen que no sirve para nada la economía social. Antes era “la economía de los pobres”, y hoy se empieza a legalizar a través de lo que es el monotributo social, para que la gente el día de mañana tenga una obra social y una jubilación. Esto significa inclusión.

–¿Hay algún modelo en el mundo de lo que intenta hacer?

–Nada, los caminos los estamos construyendo. Es más, otros países nos requieren a ver cómo lo estamos haciendo nosotros. Esto no quiere decir que les sirva a otros países como Brasil, Chile o México. Lo peor que se puede hacer es “enlatar” programas. Hubo un tiempo en que se enlataban, en especial los créditos internacionales. Se condicionaba cómo tenían que ser por expertos que nunca habían estado en el territorio sino detrás de un escritorio.