La continuidad del proceso de juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura podría transformarse oficialmente en una preocupación de los tres poderes del Estado. Esto ocurrirá si prospera una iniciativa de la Corte Suprema para crear una comisión interpoderes, que reúna en un solo ámbito de discusión al Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial, para considerar los problemas que plantea el desarrollo de estas causas, con miles de represores imputados, 500 de ellos indagados, y con un ritmo de sentencias anuales por el que habría juicios hasta 2025, cuando ya casi ninguno de los acusados siga vivo. Además, el máximo tribunal convocaría en los próximos días a magistrados de otras jurisdicciones para que se aboquen a trabajar sobre las causas de delitos de lesa humanidad que se encuentran demoradas por juzgados que están vacantes.

Esta semana, representantes de organismos de derechos humanos se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y reclamaron que los poderes del Estado coordinen políticas públicas para evitar demoras en el juzgamiento de los delitos por lesa humanidad y expresaron su preocupación por los obstáculos en los juicios contra ex represores. Los organismos de derechos humanos –Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, MEDH y Serpaj– pidieron que se elabore una “estrategia estatal para el logro de un procedimiento adecuado para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad”.

Algo similar había ocurrido el miércoles pasado, cuando fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y le plantearon la necesidad de una estrategia del Estado sobre qué hacer luego de la apertura de los juicios con la falta de unificación de los juicios, e incluso un sector pidió la apertura de los archivos secretos y reclamó por la actuación de la SIDE y la Policía Federal en el caso del desaparecido testigo Jorge Julio López. Algunas de estas agrupaciones entienden que, como parte de la sociedad civil, ya hicieron todo lo que estaba a su alcance y por eso exigen al Gobierno alguna salida a la situación planteada.

La respuesta del Poder Ejecutivo fue apuntar al Judicial como responsable de la continuidad y retraso de los juicios. Al tanto de esto, en la Corte dicen que comparten la preocupación de los organismos, pero que “ellos solos no pueden” con la necesidad de un replanteo estratégico. Y, probablemente, en un intento de anticiparse a un eventual párrafo crítico hacia los jueces por estos juicios que pueda ser pronunciado en el discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, decidieron dar estas dos señales concretas.

Según fuentes judiciales, en el acuerdo del martes los ministros de la Corte analizaron la posibilidad de convocar a jueces de otras jurisdicciones para acelerar las causas y conversaron sobre la idea de que exista un ámbito interpoderes para considerar los problemas que plantea el desarrollo de estos procesos y las soluciones que es necesario aportar. Esta iniciativa había sido acercada tanto a la Presidenta cuanto a los propios jueces supremos por los organismos de derechos humanos, y en la reunión en la Casa Rosada había sido expresada por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

La Corte ya les recordó a los jueces a cargo de causas por delitos de lesa humanidad “el deber de extremar los recaudos para acelerar el trámite” de los expedientes y los exhortó a que “evalúen con urgencia las decisiones a tomar a efectos de que sean las más conducentes en cuanto al objetivo de celeridad”. Al anunciar la agenda pública de la Corte, Lorenzetti instó a priorizar los juicios de derechos humanos “porque en la Argentina hubo un drama que hay que reparar”. Había dicho el ministro que “tienen razón los que reclaman que en estos casos debe haber de una vez por todas sentencias, porque no queremos una nueva frustración”, había dicho. En este marco de anuncios, José Luis Mandalunis, secretario penal de la Corte, fue designado una vez más como titular de la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, que se encargará del relevamiento de causas que se tramitan en todo el país sobre violaciones a los derechos humanos.

La Unidad, creada en 2007, busca realizar un “relevamiento de las causas en trámite” y tiene “facultades de requerir información relacionada con el avance de los procesos y con las dificultades operativas que puedan demorar la realización de los juicios en un tiempo razonable”. La futura comisión quizás organice y coordine la tarea de unidades como ésa, el programa Verdad y Justicia y otras estructuras dedicadas a lo mismo en diferentes partes del Estado.