Este jueves la Legislatura porteña va a tratar un proyecto de ampliación de la Ley 2548 que puede, finalmente, proteger el patrimonio edificado en toda la ciudad. El proyecto invierte el actual sistema, que considera que en principio todo puede ser demolido a menos que se lo proteja con una ley, y crea un trámite especial para todo edificio construido antes de 1940. La iniciativa tiene un apoyo muy amplio en la Legislatura y estuvo en vigencia durante todo el año pasado para una amplia zona de la ribera porteña.

La Ley 2548 fue aprobada originalmente en diciembre de 2007 y por un año. La entonces flamante gestión de Mauricio Macri se había encontrado con un inesperado frente de tensiones en el tema patrimonial, con ONG muy activas y una colección de amparos ganados para detener demoliciones. El saliente gobierno de Jorge Telerman acababa de perder en segunda instancia contra el grupo Basta de Demoler, que había bloqueado con éxito la destrucción de la casa Bemberg, una estupenda residencia francesa en la calle Montevideo 1250.

La Cámara porteña había emitido un muy duro fallo contra la ciudad, centrado en una cuestión constitucional, nada menos. Los jueces aceptaban con entusiasmo el argumento del abogado Diego Hicketier de que si el Ejecutivo daba permiso para demoler un edificio cuya catalogación estaba debatiendo el Legislativo, de hecho interfería en las tareas de la Legislatura porteña y creaba un conflicto de poderes. La Cámara hasta dejaba en claro que su fallo no se debía aplicar sólo al caso en cuestión sino a todos los pedidos de demolición de todos los edificios en proceso de catalogación.

Pese a que son pocos, estos casos bastaron para crear una crisis en el Ejecutivo. En parte, era porque quedaba más que clara la incompetencia del sistema de protección vigente. Según el código, todo es demolible a menos que esté catalogado como patrimonio histórico. Lograr una catalogación es deliberadamente una tarea de héroes: se deben compilar antecedentes y documentación sobre el edificio a proteger, buscarle un legislador que lo apadrine, presentar un proyecto de ley, realizar audiencias públicas, votarlo y, si la asamblea aprobara el proyecto, volver a empezar. Esto es lo que se llama tersamente doble lectura y es una garantía de que los trámites se estiren por meses o años.

Era justamente esta característica la que aprovecharon una y otra vez los especuladores, que apenas conocían el inicio del trámite sacaban rápidamente un permiso de demolición y destruían el edificio a catalogar. La piqueta dejaba todo en la nada, con la Legislatura obligada a archivar el trámite por “abstracto”.

Entre el fallo de la Cámara y la creciente militancia preservacionista, 2007 terminaba con el tema patrimonial instalado por sorpresa en la agenda política porteña. Para desactivar la tensión, la Legislatura aprobó la Ley 2548, curiosa criatura nacida de un fracaso y una ley de patrimonio. Lo que se hizo entonces fue tomar el polígono del absurdo Paisaje Cultural que Aníbal Ibarra y Telerman quisieron venderle a la Unesco, y transformarlo en un área de preservación. Este amplio sector –casi toda la ribera porteña, de Palermo a La Boca y avanzando en forma desapareja tierra adentro– tenía existencia legal y pasó a ser el experimento de aplicación de un proyecto presentado por la diputada Teresa de Anchorena (CC) para toda la ciudad.

Lo que hizo la 2548 fue invertir el proceso de preservación, siguiendo el espíritu del proyecto de Anchorena y declarando que todo edificio dentro del polígono construido antes de 1940 no puede demolerse automáticamente. Al pedir el permiso de obra, el expediente es enviado al Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, un ente ad honorem que reúne Ejecutivo, Legislativo y privados. Si el Consejo considera que el edificio no es catalogable, en un plazo de apenas días, se autoriza normalmente la demolición. Si lo encuentra valioso, gira el expediente a la Legislatura, que puede catalogarlo o no por ley, como lo hace con cualquier otro edificio.

Esta idea tan simple funcionó muy bien durante 2008, con varios edificios protegidos, otros demolidos y ninguna señal de problemas para el sector de la construcción. Tan evidente era el éxito del sistema, que fue renovado en diciembre último, por otro año, sin mayores debates. De hecho, el único problema fue que no se pudo ampliar en el tiempo y el espacio, como apoyó hasta el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain.

Esta extensión simple no satisfizo a todos y el diputado Patricio Distefano (PRO) propuso tratar sobre tablas la idea de ampliar la 2548 a toda la ciudad y por dos años. Esta semana se decidió no tratar la cuestión en extraordinarias sino de forma normal, en la sesión del jueves próximo y con privilegio, esto es, obligación de votarla. Este viernes, los asesores de la Comisión de Cultura de la Legislatura aprobaron la idea y recomendaron que sus diputados lo hagan en su reunión de este lunes, paso necesario para el tratamiento en el recinto. La única variación será que se eximirán de la protección las obras “menores”, las que en lugar de permiso requieren “aviso” de obra, excepto en lo que haga a cambios o pintura de frentes y fachadas. Inés Urdapilleta (FpV), presidente de la Comisión, adelantó a Página/12 que es “seguro” que el despacho sea positivo y se emita este lunes.

Buenos Aires puede tener por primera vez en su historia una ley marco que permita proteger su patrimonio edificado de la constante demolición y especulación inmobiliaria. Más importante aún, esta ley puede ser la base para crear un sistema de leyes e instituciones para preservar la ciudad.