Desde Tucumán

Mientras se discute la lentitud de la Justicia en todo el país para elevar a juicio las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, en Tucumán el represor Roberto “Tuerto” Albornoz se benefició con la anulación de una declaración indagatoria. Los jueces Ernesto Wayar, Graciela Fernández Vecino y Marina Cossio de Mercau, integrantes de la Cámara Federal de Tucumán, desestimaron “por errores procesales” el testimonio.

El juez federal N° 1, Daniel Bejas (a cargo de la investigación), fue optimista al ser consultado por Página/12, sobre la decisión de los magistrados de hacer lugar al planteo de nulidad de la indagatoria tomada al represor a fines del año pasado. “Esta medida no nos afecta en nada. El trabajo de investigación y de toma de declaraciones lo seguiremos llevando adelante. En el peor de los casos, podríamos perder un par de meses más”, aseveró Bejas a este diario.

El hecho comenzó a gestarse a fines del año pasado con el primer fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que hizo lugar al planteo de nulidad de una indagatoria tomada al ex policía Albornoz en octubre de 2008, en el marco de la causa caratulada “María Fernández Juárez”. El abogado defensor del represor, Ezequiel Avila Gallo (hijo), denunció que en ese acto no se detalló “en forma precisa ni circunstanciada la conducta” de su defendido en el hecho histórico que se investiga ni se exhibió la prueba concreta. Este planteo fue rechazado por el juez Bejas en una resolución firmada el 20 de octubre pasado. Según el abogado, el magistrado insistió en ese escrito en que existían “fundamentos suficientes” para indagar a su defendido.

Sin embargo, la Cámara Federal escuchó los pedidos de justicia e igualdad del represor Albornoz, argumentando que “tales falencias ocasionan un grave detrimento al ejercicio del derecho de defensa y de las normas que regulan el debido proceso, que como garantías constitucionales resguardan los derechos individuales”, concluyeron los camaristas, quienes además de revocar la resolución de Bejas (dejando mal parado al magistrado puertas adentro del Poder Judicial) hicieron lugar a la nulidad de la declaración indagatoria de Albornoz.

Sobre la posibilidad de que los planteos de la defensa del represor posterguen la elevación a juicio de las causas por centro clandestino, el juez Bejas remarcó que “la Cámara me dijo que no, entonces yo insistí. Ahora, si es reincidente el rechazo, volveré a tomarle declaración tal como lo piden los funcionarios judiciales. En el peor de los casos perderemos dos meses en un solo testigo”.

Albornoz está imputado en varias causas de delitos de lesa humanidad junto a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, ya que se desempeñó como jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía de Tucumán entre 1975 y 1978.