Un grupo de organismos de derechos humanos estuvo ayer en el Consejo de la Magistratura y, como ya lo había hecho en la Casa Rosada y también en la Corte Suprema, volvió a plantear su preocupación por la demora de los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura. “Necesitamos que los juicios no sean eternos”, dijo Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora, mientras que Rosa Roisinblit, de Abuelas de Plaza de Mayo, coincidió en que “hay que apurar los juicios porque hay más de 400 nietos por recuperar”. Los consejeros fueron interpelados para que controlen la labor de los jueces y acusen a quienes no cumplan, y recibieron el documento donde los organismos plantean la necesidad de unificar causas, abrir los archivos del Estado y participar en la comisión interpoderes que impulsó la Corte, a propuesta de ellos.

La necesidad de crear un ámbito en el que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial establezcan una “estrategia estatal” para acelerar los procesos sobre los delitos cometidos por los sicarios del Estado había sido escuchada por Cristina Fernández de Kirchner el 18 de febrero, y por los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco días después. El máximo Tribunal recogió el guante y envió la convocatoria oficial para que esa comisión empiece a funcionar. Madres, Abuelas, APDH, Herman@s, Familiares, LADH, MEDH y Serpaj quieren que sea un ámbito público en el que los organismos puedan presenciar las reuniones.

Con el actual ritmo de sentencias anuales habría juicios a los represores hasta 2025. En su documento, los organismos manifestaron que estos procesos se deben desarrollar bajo “una premisa irrenunciable: se debe juzgar a todos los represores por todas las víctimas”.

El presidente del Consejo, Luis María Bunge Campos, los recibió con un discurso de tinte republicano, mientras que las palabras de la consejera Diana Conti fueron más combativas. “Hay resistencia en muchos jueces, son lentos a propósito y así cometen mal desempeño y el Consejo de la Magistratura actúa. Eso no es conflicto de poderes”, había argumentado Conti, en alusión al cruce entre la Rosada y la Corte, antes de ingresar a la sala de acuerdos, que permaneció cerrada a pedido de los organismos.

Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, planteó la falta de sanción al Tribunal Oral Federal 5 y al juez Sergio Torres por el asesinato del represor Héctor Febres. El año pasado el Consejo desestimó el juicio político contra esos magistrados, y por eso los organismos no esperan que prospere el nuevo pedido de enjuiciamiento que hizo la Secretaría de Derechos Humanos, aunque no descartan que el viento político haya cambiado. Rosenblum también expresó la preocupación por el cambio de juzgado de la causa por la desaparición del testigo Jorge Julio López, y, una vez más hubo silencio en la sala. Sí reaccionaron ante la indefinición del juicio por el asesinato de Floreal Avellaneda. Llamado telefónico mediante, informaron que comenzará el 15 de abril en San Martín. Los consejeros estuvieron de acuerdo en integrarse a la comisión interpoderes, y anunciaron que irán a todos los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La calma se vio alterada cuando Conti los exhortó a hacer las acusaciones específicas contra los jueces que entorpezcan estos juicios, porque José Schulman, de la LADH, le respondió: “¿Qué más quieren que hagamos? Juntamos toda la prueba de los juicios, ponemos los testigos, los abogados, el transporte”.

Para graficar la gravedad de la situación, los organismos estimaron que este año la Cámara de Casación pondría en libertad a 127 represores. Algunos consejeros manifestaron su sorpresa, otros prometieron hacer algo. “Acá más que atraso en las causas lo que hay es una demora en juzgar el genocidio, y ésa es la razón de fondo de que no se avance”, les dijo Schulman. Mabel Gutiérrez, de Familiares de Desaparecidos, apuntó que “además de crear nuevos tribunales hay que traer aquellos que tienen poca carga laboral para que se hagan cargo de algunas causas”. El periplo que iniciaron en Balcarce 50 seguirá el martes en la Procuración, luego en el Congreso y finalmente en el despacho del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini.