Desde Neuquén

El fiscal que entiende en la llamada causa Fuentealba II, Sergio Velazco Copello, pidió el sobreseimiento de catorce imputados por el asesinato del maestro neuquino. La petición cayó como un balde de agua fría entre los docentes provinciales, que aún no empezaron el ciclo lectivo 2009 y están envueltos en un conflicto salarial de difícil resolución. La primera reacción fue una movilización frente a la fiscalía general, donde se entrevistaron con el jefe directo de Velazco Copello, el fiscal Alberto Tribug. El funcionario se mostró sorprendido por la medida judicial y prometió investigarla.

La causa Fuentealba II investiga a los responsables políticos e institucionales involucrados en el operativo policial que, en abril de 2007, derivó en la represión a los maestros neuquinos que protestaban sobre la ruta nacional 22, a la altura de Arroyito, y terminó con el asesinato del profesor Carlos Fuentealba. Los polémicos pedidos de desprocesamiento abarcan a los ex jefes de la fuerza policial a nivel provincial, los comisarios generales Carlos Salazar y Moisés Soto, al comisario Mario Rinzafri y otros jefes de los grupos especiales y agentes de la fuerza. También a quien fuera por entonces el subsecretario de Seguridad de la administración del gobernador Jorge Sobisch, el también profesor Raúl Pascuarelli.

Hubo un solo acusado al que la fiscalía no incluyó: el suboficial Benito Matus, a quien se filmó en varias oportunidades vestido de civil y tirando en forma directa al cuerpo de los maestros neuquinos con su escopeta policial.

“Es un acto claramente parcial a favor del interés de impunidad para todos los que actuaron en nombre del ex gobernador (Jorge) Sobisch”, dijo a este diario Pablo Grisón, secretario adjunto del gremio docente neuquino Aten. “El fiscal Tribug nos manifestó su sorpresa por la medida adoptada por Velazco Copello –contó– y nos dijo que solicitará una auditoría para analizar lo actuado por su par en la fiscalía y transmitirá el hecho al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.”

En el encuentro que sostuvieron los docentes en la Fiscalía estuvo presente la viuda de Carlos Fuentealba, Sandra Rodríguez. “La decisión del fiscal Copello, para quien la mayoría de los que actuaron en la represión que sufrieron nuestros compañeros lo hicieron en el marco de la ley, no sólo impide a mi familia sino a toda la sociedad conocer la verdad de lo que sucedió el 4 de abril del 2007, y así poder acceder al derecho que tenemos para que haya realmente Justicia por lo que sucedió –dijo Rodríguez–. También, lo que es más grave aún, habilita en un Estado democrático, el uso indiscriminado de la fuerza y el asesinato como mecanismo válido para resolver los reclamos sociales.”