La Legislatura porteña aprobó anoche la ley que establece la “libre opción” de obra social para los afiliados a la ObSBA, la obra social de los trabajadores estatales de la ciudad. No será, como adelantó este diario, una posibilidad automática: los afiliados sólo podrán migrar a prestadoras que previamente acuerden con la entidad municipal. Esa incertidumbre empaña el objetivo planteado por la intervención, dispuesta en enero de 2008 por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y relativiza las expectativas de muchos trabajadores que, desde 1995, reclaman por vía administrativa o judicial la posibilidad de cambiar de obra social, como es el caso de los maestros y los médicos municipales. La propuesta del macrismo fue apoyada por el kirchnerismo y los socialistas. Se opusieron la Coalición Cívica, el ibarrismo y la izquierda, que cuestionaron duramente que, después de un año de intervención, de las denuncias de irregularidades y de la necesidad de sanear las cuentas de la obra social, se le devuelva el control de la ObSBA al sindicato de trabajadores municipales (Sutecba).

La obra social de los trabajadores porteños tiene 120.000 afiliados activos, a los que se suman unos 160.000 familiares y 70.000 jubilados, lo que hace un total de 350.000 beneficiarios. Su intervención fue dispuesta por decreto en enero de 2008, por Mauricio Macri, en lo que se interpretó como una represalia contra el gremio, que por entonces había decretado un paro contra los despidos masivos dispuestos por el jefe de Gobierno. Como la Justicia declaró ilegal el decreto, el macrismo recurrió a la Legislatura: allí obtuvo el apoyo de la Coalición Cívica para aprobar la ley que autorizaba la intervención por un año. A cambio, la CC logró que se aprobara una comisión que debía definir el futuro perfil de la obra social. Después de un año, la intervención cesó pero esa comisión nunca se integró. Por eso, la Coalición Cívica ahora pateó el tablero, denunció un pacto entre el macrismo y el sindicato y rechazó el proyecto de “libre opción”.

¿Por qué no se pudo llevar a cabo la desregulación de la obra social, como pretendían algunos trabajadores y como disponía la ley 472, del año 2000? Para poder desregularse, la obra social debe integrar el Sistema Nacional de Salud. Pero no puede hacerlo ya que no es una obra social sindical, sino que tiene un régimen mixto: está conducida por representantes sindicales y del Estado. Para poder incorporarse debe hacer cambios en su estatuto, que no se hicieron. Pero además debe presentar una situación financiera saneada, que la intervención no alcanzó a lograr.

Por eso, el oficialismo recurrió a la figura de la “libre opción”, sujeta a una reglamentación que dictará el Ejecutivo. Aunque no está escrita, se sabe que habilitará el traspaso únicamente a las obras sociales que firmen convenios con la ObSBA. Un sondeo realizado por el interventor, arrojó que se celebrarían acuerdos con las obras sociales de docentes (Osplad), de los médicos municipales y de Unión Personal, adonde se volcaría el personal jerárquico de la ciudad. También incluiría a obras sociales que tercerizan servicios con prepagas, cuyos nombres el interventor no quiso revelar.

En la sesión de ayer, el kirchnerista Juan Manuel Olmos –impulsor del apoyo K al proyecto macrista– logró introducir una modificación al proyecto original: propuso la implementación de un registro adonde deben inscribirse las obras sociales pertenecientes al Sistema Nacional de Salud interesadas en incorporar afiliados de la ObSBA. Esas obras sociales, aclara el texto, “están obligadas a recibir a los trabajadores cualquiera sea su nivel salarial, brindando las mismas prestaciones que otorgan a sus afiliados de origen”. Este punto pondría límites a la participación de las prepagas.

Según se dijo ayer en el recinto, la intervención logró, en un año, reducir en 100 millones de pesos el patrimonio neto negativo de la obra social: hasta enero de 2008, la gestión de Patricio Datarmini debía 140 millones de pesos más que los activos de la obra social y la gestión de Jorge Rey logró reducir esa deuda a 40 millones. En ese lapso, la auditora Paula Oliveto presentó una denuncia penal contra Datarmini por la rendición irregular de un subsidio por 20 millones.

La “libre opción” fue aprobada por 40 votos, aportados por el macrismo, el Frente para la Victoria y el socialismo. Por la negativa hubo 14 votos, de la Coalición Cívica, Diálogo por Buenos Aires, Igualdad Social, y los bloques unipersonales de Patricia Walsh (Nueva Izquierda) y Marcelo Meis (lopezmurphysta). En principio, el kirchnerismo iba a votar dividido: un grupo de diputados no aprobaba el acuerdo con el macrismo. Pero finalmente la iniciativa fue apoyada por todo el bloque.

El proyecto oficial fue defendido por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alvaro González. “La desregulación es inviable jurídicamente. la única opción que nos quedó es la libre opción”, argumentó.

Diana Maffía, vocera de la Coalición Cívica, dijo que la intervención “no cumplió los objetivos (de desregular la obra social) ni intentó cumplirlos”. Y denunció que la comisión tripartita que debía conformarse para reconvertir la ObSBA no se conformó porque “fue boicoteada por el Sutecba, que trabó la participación de otros gremios en esa comisión”.

Martín Hourest, de Igualdad Social, denunció “un acuerdo entre el macrismo y el sindicato por el cual el gremio retoma el control de la obra social y a cambio garantiza la gobernabilidad”.

Patricia Walsh, de Nueva Izquierda, habló de otro pacto: “El macrismo y el Frente para la Victoria se pusieron de acuerdo para sacar esta ley a cambio de una o dos sillas en el directorio de la ObSBA”.

En estos días, el Ejecutivo debe designar a sus cuatro representantes en ese directorio (uno será el vicepresidente), mientras que el Sutecba elegirá a otros cuatro (entre ellos, el presidente). Otros dos lugares corresponden a docentes y médicos.

Todos los que se opusieron a la ley reclamaron que la participación de los trabajadores en el directorio de la ObSBA no sea por elección a dedo del sindicato sino por la comicios libres, efectuados mediante la votación de los trabajadores.