“Imputado Verplätsen, por favor esté atento”, le dijo la jueza Lucila Larrandart al ex jefe de Inteligencia del Ejército, y repitió la advertencia varias veces durante la apertura del juicio oral y público por el asesinato de Floreal Avellaneda, el secuestro de su madre, Iris, y las torturas sufridas por ambos. Luego del clásico “silencio en la sala” habían aparecido los envejecidos represores, vestidos con relativa informalidad, y por varias horas evitaron al público fijando su mirada en el tribunal. Antes del segundo cuarto intermedio, la defensa pidió que las audiencias no duren más de seis horas “por la edad y el estado de salud” de los imputados, lo que provocó risas en el auditorio y la amenaza de Larrandart de desalojarlo. “Es que empezaron un periplo hoy a las 2 de la mañana en Marcos Paz, a las 5 estaban en Campo de Mayo y luego los llevaron a Devoto antes de traerlos a San Martín”, argumentó uno de los defensores oficiales. Los generales retirados Santiago Omar Riveros, Fernando Ezequiel Verplätsen y Carlos García perdieron el beneficio del arresto domiciliario hace una semana, de modo que llegaron desde la cárcel junto al resto de los acusados a este juicio, el primero por delitos de lesa humanidad cometidos en el megacentro clandestino de Campo de Mayo.

Los tribunales de San Martín habían sido vallados el domingo a la noche, cuando los militantes del Partido Comunista (PC) y de la Federación Juvenil Comunista (FJC) iniciaron una vigilia para esperar el inicio del juicio por sus camaradas Iris Avellaneda y el Negrito Floreal. La doble valla, al estilo cancha de fútbol, y un despliegue considerable de efectivos bonaerenses fue previsto por la eventual presencia de agitadores pro-militares que nunca llegaron. En el acceso al auditorio sólo se pasaba con revisación de bolsos y detector de metales.

Fueron llegando dirigentes del PC y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Patricio Echegaray, José Schulman, Graciela Rosenblum, entre otros) y los fiscales de la Unidad Coordinadora de causas por delitos de lesa humanidad Jorge Auat y Pablo Parenti, junto con el ex fiscal de Bahía Blanca Hugo Cañón. Apenas ingresaron los jueces Larrandart, Héctor Sagretti y Marta Isabel Miloc, se ubicaron a su derecha los abogados querellantes (por la FJC y la Asociación de Detenidos-Desaparecidos) Liliana Mazea, Elea Peliche y Jorge Brioso, además de Carlos Zamorano (PC) y Ciro Anichiarico (Secretaría de Derechos Humanos). Y a su izquierda los represores y sus abogados, los defensores oficiales Carlos Palermo y Juan Carlos Tripaldi, en tanto que la acusación fiscal estará en manos de Horacio García Berro, Juan Murray y Jorge De Luca.

“Está probado que Iris Pereyra de Avellaneda fue secuestrada y detenida en forma clandestina por el Ejército, que sufrió torturas con picana eléctrica, golpes, estaqueamiento y simulacro de fusilamiento, que estuvo detenida en condiciones inhumanas tales como inanición y desnudamiento, estuvo encapuchada y vendada, lo que le provocó un estado físico que los testigos describieron como deplorable, al punto que otras cautivas la bautizaron ‘la Vieja’, siendo que tenía 38 años”, describió la secretaria del tribunal, en los primeros párrafos de la elevación a juicio de la causa. Dos Madres de Plaza de Mayo cubrieron sus cabezas con los pañuelos blancos, y al rato varios comenzaron a ponerse remeras rojas con inscripciones tales como “El Negrito vive”. A todos –incluidos los cronistas, camarógrafos y fotógrafos que pudieron trabajar con comodidad– los separaba otro doble vallado de los protagonistas del juicio. Así quizás el torturador de la Bonaerense Alberto Aneto, el ex jefe del Comando de Institutos Militares Riveros, el ex jefe de la Escuela de Infantería García, el ex jefe de Inteligencia Verplätsen, el capitán Raúl Harsich y el mayor César Fragni, que firmaron el acta de detención de Iris Avellaneda, se hayan sentido más seguros.

Las tías del Negrito fueron fundamentales para reconstruir lo sucedido. Ayer el tribunal recordó su peregrinar por comisarías y despachos, sus pedidos al genocida Carlos Suárez Mason y al obispo Pio Laghi, los hábeas corpus jamás contestados. Los vecinos dieron cuenta de los disparos con que la patota del Ejército abrió la cerradura de la casa de los Avellaneda, de los Ford Falcon que manejaban, de las pelucas que usaron para tratar de ocultar su rostro. Buscaban a Floreal padre, acusado de ser el responsable financiero de la célula 1 del PC en Vicente López. Pero el dirigente, de trayectoria gremial en la zona, había logrado escapar por una ventana. “El Estado quiso ocultar para garantizar la impunidad del plan sistemático de los comandantes, con la clandestinidad, la falsedad, la omisión, el uso de la estructura de las Fuerzas Armadas y la cadena de mandos”, dijo la secretaria en una mención a la causa 13, más conocida como Juicio a las Juntas de 1985. Es en tal sentido que los acusados en este juicio participaron de “procedimientos ilegales, con amplias facultades de ejecución y respecto de los destinos de los detenidos”. El pedido de elevación de las querellas había enfatizado que “no hubo errores ni excesos, fueron metódicos y sistemáticos en exterminar al enemigo marxista”, y que era necesario juzgar a “todos los represores por todos los compañeros, en el marco de un genocidio”.

Durante la instrucción, Riveros había negado las imputaciones y las había adjudicado a “los terroristas que tienen deseos de venganza por haber perdido”. Este genocida, ex representante ante la Junta Interamericana de Defensa, había admitido que aspiraban al “aniquilamiento, a quebrar y reducir a la nada al enemigo hasta su destrucción total”, y había afirmado que “no hubo desaparecidos, sólo terroristas aniquilados, en una guerra revolucionaria que fue irregular por orden del gobierno constitucional”. Se verá si cuando le toque hablar se muestra tan verborrágico. Los seis represores están acusados de allanamiento ilegal, robo, tormentos, privación ilegal de la libertad, agravada por ser contra un perseguido político, y homicidio agravado por ensañamiento. “Es un modo cruel de matar, haciendo sufrir a la víctima padecimientos físicos y psíquicos”, escribió el fiscal Jorge Sica en su pedido de elevación a juicio. Al final de la jornada el tribunal concedió que, “en principio”, las audiencias no serán muy extensas, atendiendo a que Harscich es insulinodependiente y Riveros tiene 86 años. Además, determinó que los traslados sean “cárcel de Devoto-San Martín”, sin escalas.

A mediodía ya había un puñado de militantes de otros partidos de izquierda que acudieron al “aguante”. Durante el segundo cuarto intermedio esta cronista buscó a Iris Avellaneda para preguntarle qué había sentido al ver a los seis represores, finalmente sentados en el banquillo de los acusados. Luego de buscarla un rato la encontró cantando y bailando junto a sus compañeros de la Fede, en la calle frente a Tribunales. La pregunta se volvió abstracta.