La Justicia aún no esclareció si al represor Héctor Febres lo mataron o se suicidó días antes de ser sentenciado por delitos de lesa humanidad, en diciembre de 2007. Sin embargo, está claro que su muerte ocurrió en medio de condiciones más que irregulares de detención en la sede Delta de la Prefectura Naval. Por eso, ayer declaró el ex jefe de esa fuerza de seguridad, Carlos Fernández, imputado del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y hoy está previsto que amplíe su declaración indagatoria quien fuera jefe de esa sede, Rubén Iglesias.

La audiencia indagatoria de Fernández había sido solicitada en enero de 2008 por la querella y la fiscalía, y se suspendió en dos oportunidades. Ayer el ex jefe de la Prefectura, relevado del cargo apenas apareció el cadáver de Febres, se presentó ante la jueza Sandra Arroyo Salgado; no respondió preguntas, pero presentó un extenso escrito. En el juzgado estudian su contenido y en los próximos días resolverán su situación procesal. Tal como había publicado Página/12, las responsabilidades de toda la cadena de mandos en el régimen más que elástico de detención que tuvo Febres siguen en la mira de los investigadores judiciales.

Febres fue detenido en diciembre de 1998 en la causa sobre la apropiación sistemática de menores nacidos en cautiverio, por su actuación de enlace entre la Prefectura y la Armada durante la dictadura. “El alojamiento de Febres en Prefectura Zona Delta distaba de ser aquel proporcionado a una persona comúnmente privada de su libertad en forma cautelar”, había dicho la jueza. “Se manejaba con absoluta libertad e incluso contaba con diversos medios de comunicación (celular, teléfono de línea y computadora), y poseía las llaves de su camarote”, agregó. Varios testigos, entre ellos sus familiares, declararon que las visitas ingresaban sin control y sin que sus bolsos o carteras fueran revisados.

Sobre estas prerrogativas será interrogado hoy quien comandaba esa sede de la Prefectura, Rubén Iglesias. En particular, le preguntarán sobre un supuesto oficio falso enviado al juez federal Sergio Torres, en el que describió las condiciones de detención de Febres. También fue convocado al juzgado un contador, de apellido Newman, para esclarecer aspectos referidos a la administración de los bienes y al manejo financiero de esa dependencia, a partir de irregularidades surgidas del análisis de libros contables y de gastos.