En estos últimos tiempos, hemos sido testigos de que a pesar de los triunfos electorales contundentes de muchos de los presidentes de América latina, en muchos países, surgen disputas y situaciones de gran tensión institucional. Basta con algunos ejemplos: en Ecuador, más allá del apoyo masivo de su pueblo al presidente Rafael Correa, el alcalde de Guayaquil mantiene una posición decididamente antagónica. Los sectores de poder histórico de Bolivia, encabezados por Santa Cruz, enfrentan a Evo Morales intentando ignorar que cuenta con el respaldo electoral del 65 por ciento de la población. La oposición venezolana se reagrupa y cuestiona permanentemente a Hugo Chávez. El vicepresidente paraguayo quiere hacerle juicio político a Fernando Lugo. Hasta el presidente brasileño Lula da Silva, con los picos de popularidad más altos en todo su mandato, enfrenta a un conjunto de partidos que buscan ser el recambio a su figura.

Y en nuestro país, las patronales del campo junto a Macri y a actores políticos de la dictadura, buscan debilitar el gobierno de Cristina Kirchner. Otro dato en común es que en todos estos países las grandes empresas de medios de comunicación han adoptado una postura activa y militante a favor de la oposición.

¿Estas tensiones, estas disputas que se dan de manera simultánea, son fruto de la casualidad? ¿Se trata de hechos aislados producto de simples disputas domésticas? ¿Hay intereses sectoriales en pugna? ¿Existe realmente autoritarismo y abuso de poder de determinados gobiernos o son acciones políticas destituyentes?

Indudablemente, estamos frente a la disputa entre dos modelos de sociedades, entre dos concepciones de cómo abordar el desarrollo de los pueblos, la distribución de la riqueza, el rol del Estado y la participación social en los procesos democráticos. Estamos en la región ante la disyuntiva de seguir avanzando o retroceder a un pasado que tanto daño nos hizo.

Y lo que define y aclara el posicionamiento de cada sector social, económico o político, a lo largo de América latina, es dónde se ubica en relación con los aspectos antes mencionados. Es decir, si uno defiende el modelo de Estado y sociedad que se está gestando laboriosamente, aun con dificultades, o elige el modelo que benefició a unos pocos y perjudicó a las mayorías dejando como consecuencia desocupación y hambre, tan difícil de superar.

Pero, además de las particularidades de cada país, pongámonos a pensar en qué sería para América del Sur en general y el proceso de integración regional en particular, el triunfo de la oposición boliviana, argentina o brasileña, la derrota de Mujica o el juicio político a Lugo.

En primer lugar, se daría un profundo cuestionamiento, que se expresaría en el mediano plazo en una vuelta al Mercosur de los ’90, aquel que sólo trataba aspectos comerciales y financieros, fundamentalmente para discernir cuáles serían los grupos económicos beneficiados en ese marco. Aquel que gestó las asimetrías con Paraguay y Uruguay. Y se trataría de avanzar en tratados de libre comercio con los EE.UU. o directamente reflotar la idea de firmar el ALCA.

Es decir, que sería un retroceso histórico, con respecto a todos los proyectos de integración que consolidan un modelo autónomo, de soberanía política y de una protagónica movilización social: el Banco del Sur, las grandes obras de infraestructura, las políticas en derechos humanos, entre otras.

¿Cómo imaginamos en otro escenario, y en otro modelo, la posición de esos gobiernos ante una crisis similar a la vivida en Bolivia? ¿Qué actitud adoptarían en un conflicto como el protagonizado por Colombia y Ecuador? ¿Cuál sería el rol en defensa de la Unasur frente a la política exterior norteamericana?

Es tiempo, entonces, de recordar el rol de los trabajadores y sus organizaciones en todos estos años; los movimientos de desocupados; las luchas de los pueblos originarios; la defensa del medio ambiente, de la tierra, de los recursos naturales, el fortalecimiento de la democracia y los esfuerzos de los gobiernos ante la crisis financiera internacional. Y, sobre todo, ir hacia adelante. Encontrar acciones y soluciones de consenso para avanzar en los derechos reconquistados para los sectores más vulnerables y desprotegidos, a lo largo de la historia latinoamericana.

Tengamos memoria. Pensemos todo lo que está en juego, lo que se pone en discusión ante cada acto eleccionario, en la falta de seriedad de los titulares de catástrofe con los que los diarios y los noticieros de TV nos inundan, o en las declaraciones apocalípticas de ciertos dirigentes políticos o asesores del establishment económico, en cada uno de nuestros países.

Este es el momento donde se deberá lograr una voluntad colectiva nacional y también regional que apoye este nuevo proceso y, así, podremos ir construyendo el poder necesario para seguir profundizando la redefinición del Estado en función de la redistribución de la riqueza y el bienestar de nuestro pueblo.

* Representante especial para la integración y la participación social de la Cancillería.