La diputada oficialista Diana Conti presentó un proyecto de declaración para que la Cámara baja exprese “su más enérgico repudio” a la denuncia del coronel Celestino Mosteirín contra dos periodistas correntinos, a quienes acusó de difundir nombres de personal civil de inteligencia de la dictadura que aún prestan servicios en el Destacamento 123 de Paso de los Libres. Consideró que la presentación, autorizada por la Dirección de Inteligencia del Ejército, “encubre una clara utilización del derecho penal para controlar el trabajo de la prensa”.

Miembro del Consejo de la Magistratura, Conti pidió además la citación a la Comisión de Disciplina de la jueza subrogante Mabel Borda. Aun cuando el llamado a indagatoria de los cronistas antecedió a su nombramiento, “su obligación ante la palmaria inexistencia de delito debió traducirse en dejar sin efecto ésa y toda medida de tinte cercenatorio de derechos”, afirmó.

La decisión de indagar a los periodistas por supuesta violación de secretos de Estado no la tomó el juez ad hoc Juan Carlos Silberstein, como informó ayer Página/12, sino su antecesora, María Inés Morales de Paulo, la abogada que el año pasado concedió un hábeas corpus para que ex miembros del destacamento procesados por secuestros y torturas no abandonaran su prisión VIP en el Grupo de Artillería 3. Abogados libreños que conocen la Justicia local sugieren que el ideólogo de ambas decisiones es el ex juez Juan Angel Oliva, a quien la abogada subrogó pocos días. Oliva, que renunció el 1º de febrero, cuando el Consejo de la Magistratura se disponía a citarlo, es el autor de dos procesamientos contra los represores del centro clandestino La Polaca que por sus desprolijidades fueron anulados en sendas oportunidades por la Cámara Federal correntina.