Un mes después de que la Cámara de Casación Penal encomendara al Tribunal Oral Federal Nº 3 el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, querellantes patrocinados por el abogado Rodolfo Yanzón solicitaron ayer una nueva reasignación de la causa, porque entienden que los jueces Miguel Guillermo Pons y Gerardo Larrambebere “no se hallan en condiciones de garantizar la imparcialidad” necesaria. Copia del escrito fue entregada a Liliana Catucci, presidenta de Casación, para que los obstáculos surgidos en el tribunal no demoren el inicio del juicio a los represores, incluido el dictador Reynaldo Bignone.

El juez Pons se excusó luego de admitir que la detención de su primo hermano, capitán de corbeta retirado Luis Alberto Pablo Pons, investigado por delitos similares a los que debería juzgar pero ocurridos en la base naval de Puerto Belgrano, “afecta la garantía de imparcialidad del juzgador”. El marino de 66 años, internado en el Hospital Naval, encabezó en 1976 la Brigada de Infantería Nº 1 y está imputado como ejecutor directo del secuestro y los tormentos a Hugo Giorno, ex intendente de Punta Alta.

Oscar Hegott rechazó la excusación de su colega porque entiende que los delitos los cometió “una distinta organización armada estatal: la Armada”, no el Ejército como en el hospital. Sin disimular la tensa relación inter pares, el juez apuntó que “sólo podría ponderar” la excusación si Pons admitiera “un conocimiento previo de los hechos imputados a su primo” e introdujo un tema que para Yanzón “pone a la luz una situación traumática en el seno del tribunal”. Hegott recordó que “mediante la Acordada 4/09 (léase jueces en oficinas contiguas que se comunican por escrito) he exhortado al señor juez que culmine con la práctica de reuniones bilaterales con el restante magistrado para organizar el tribunal a su antojo” (sic).

La excusación y la feroz interna, que para Yanzón “conspira contra la misión que deberían cumplir en este proceso”, no son los únicos elementos que motivan el pedido. También incide el probable apartamiento de Larrambebere, quien habría intervenido en la causa cuando era juez de Morón, y añejos antecedentes de ambos magistrados:

- En 1985, como juez federal porteño, Pons “dispuso la captura de ex miembros de Montoneros basándose en la conferencia de prensa que habían dado en 1977, en Roma, para denunciar los crímenes de la dictadura”, recordó el abogado.

- En 1989, como juez de Morón, Larrambebere intervino en la causa por los hechos posteriores al copamiento del cuartel de La Tablada. “Su intervención fue seriamente cuestionada por la Comisión Inte-ramericana de Derechos Humanos por no haber investigado los homicidios y torturas” cometidos por militares, “por el tratamiento dado a los cadáveres de los incursores (depostados a pedido del Ejército para impedir que se investiguen los motivos de las muertes)” y por el rol de la fuerza como “auxiliar de la justicia, sin ningún control judicial”, apunta el escrito.

La investigación de los delitos en el policlínico la realizó el juzgado de Daniel Rafecas, que elevó la causa en enero, con cinco imputados: Bignone, el coronel Agatino Di Benedetto, el brigadier Hipólito Mariani (jefe de Mansión Seré condenado por el TOF Nº 5 a 25 años de prisión, libre hasta que el fallo quede firme) y los civiles Luis Muiña y Argentino Ríos.

Ante el atolladero de expedientes acumulados en el TOF Nº 5 y la alta probabilidad de que decenas de acusados mueran sin sentencia, Casación reasignó todas las causas vinculadas al Primer Cuerpo de Ejército. Hospital Posadas recayó en el TOF Nº 3, que en junio tenía previsto comenzar a juzgar el affaire IBM-Banco Nación. Si por la edad de los represores (tres superan los 80 abriles) el tribunal analizaba priorizar el último juicio recibido, el pedido de los querellantes para que Casación “disponga con urgencia una nueva reasignación” le permitirá juzgar a los banqueros y ex funcionarios menemistas, causa que lleva apenas 14 años en trámite.