El gobierno de la provincia de Buenos Aires elaboró un plan para sostener la producción y el empleo ante la caída de la actividad, generada por la crisis internacional. Página/12 tuvo acceso al proyecto que el gobernador Daniel Scioli lanzará en los próximos días, que fue confeccionado por el nuevo ministro de Economía, Alejandro Arlía. Los principales puntos del programa son:

1. La ampliación del proyecto Fuerza Productiva, que provee créditos para capital de trabajo.

2. El impulso de la iniciativa Innovación Tecnológica para Pymes, que apoyará a esas unidades productivas en el desarrollo de tecnologías de punta.

3. Una nueva Ley de Promoción Industrial, que otorgará hasta 10 años de exención en el pago de Ingresos Brutos, Sellos e Impuesto Inmobiliario para todas las empresas que realicen nuevas inversiones.

4. Otra ley de fomento productivo, que tendrá como prioridad la generación de nuevos empleos y el impulso del mercado interno.

Buenos Aires aporta el 40 por ciento al Producto Bruto Interno del país. Cuenta con más de 41 mil industrias y es uno de los tres grandes centros productivos agropecuarios, junto con Córdoba y Santa Fe. Una caída en la actividad en la provincia repercute fuertemente en toda la economía. El ministro Arlía reconoció ante este diario que la crisis ya se está haciendo sentir. “Los síntomas son varios: hay un estiramiento en la cadena de pagos; se nota una caída en la venta de bienes durables, como automóviles, línea blanca y construcción; y existe un problema de expectativas negativas, en muchos casos, creadas con mala intención por los que preferirían volver al modelo de los noventa”, explicó el funcionario.

Arlía remarca que el plan cuenta con el apoyo del gobierno nacional. En la cartera económica provincial señalan que el plan se basa en el diagnóstico de los problemas generados por la actual crisis. La caída de ventas en automóviles, autopartes, curtiembres, textiles, metalmecánica, construcción y otros rubros comenzó a dejar a las empresas sin capital de trabajo. Por esa razón comenzó a resquebrajarse la cadena de pagos. La respuesta es el refuerzo de capital del Banco Provincia y el Fondo de Garantías Recíprocas para descuentos de documentos y cheques, a partir de ahora, a tasa subsidiada.

Muchas empresas se toparon con la crisis en medio de un proyecto de inversión y se quedaron sin crédito para terminar de construir nuevas plantas, culminar líneas de producción o pagar maquinarias. Para ellas se amplió el monto destinado al programa Fuerza Productiva, diseñado por el Ministerio de Producción y financiado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En esta nueva etapa, estos préstamos cuentan con un subsidio de tasa del 3,5 por ciento. Y se excluyeron requerimientos como la presentación de garantías reales.

A la vez, se busca estimular nuevas inversiones productivas, el aumento de la capacidad instalada y la modernización de las empresas en aspectos vinculados fundamentalmente con la industria manufacturera, el software, los servicios de gestión y logística y la recolección y eliminación de residuos. Para eso, se promulgó la nueva Ley de Promoción Industrial, que otorga beneficios impositivos para este tipo de proyectos.

Alberto Pérez, el jefe de Gabinete provincial, señaló a Página/12 que “en tiempos de crisis, tenemos que estar atentos a los latigazos que se pueden generar en los municipios y empresas para que la variable nunca sean los trabajadores”. Para evitar la pérdida de empleos, desde la Jefatura de Gabinete se organizó un plan conjunto entre el Ministerio de Producción y la cartera laboral para subsidiar por dos años una parte de las cargas sociales de los nuevos empleados: el primer año, el subsidio alcanza al 50 por ciento de ese aporte, y el segundo, al 25 por ciento. A la vez, a las empresas que se presenten en proceso preventivo de crisis, pidiendo suspender personal, la provincia les subsidia 600 pesos mensuales por empleado para pago de salarios mientras mantenga la plantilla. A la vez, el Ministerio de Trabajo está implementando una moratoria para todas las empresas que tengan deudas laborales o por infracciones en seguridad e higiene, con descuentos de hasta un 70 por ciento de los intereses y a pagar en 36 cuotas.

Alejandro Arlía, actual jefe de Economía, fue ministro de Producción hasta hace dos semanas. “En estos cinco años, los galpones vacíos volvieron a convertirse en empresas. Pero falta mucho por hacer. Hay que sumar valor agregado a nuestra producción”, explicó el funcionario a este diario. La semana próxima la cartera de Producción firmará un acuerdo con la comisión de Investigaciones Científicas de la provincia para trabajar en forma conjunta en la puesta en marcha de herramientas que contribuyan a la modernización e innovación tecnológica de pequeñas y medianas empresas. Se prevé el trabajo conjunto también en relación con incubadoras de empresas y parques y polos tecnológicos existentes en la provincia.

Por otro lado, la aprobación de la Ley de Agrupamientos Industriales permite incorpora nuevas modalidades, como áreas de servicios industriales y logísticos, unidades modulares productivas pensadas para crear áreas industriales en pueblos o regiones con escasa densidad en la materia. La ley también prevé la creación de parques científicos y tecnológicos preparados para recibir a las denominadas empresas de producción limpia.

En los próximos días, se enviará a la Legislatura provincial el proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Software. Esa norma eximirá del pago de los impuestos a los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario a las empresas que realicen actividades de desarrollo de software y se encuentren radicadas en la provincia.

Arlía confía también en que la Ley de Blanqueo de Capitales sumará nuevos fondos a la provincia. “El mundo ya no es seguro y en el país hay potencial para nuevas inversiones”, opinó el funcionario. Para incentivarlas, se creará la Red Provincial para el Desarrollo de Inversiones. La idea es identificar y articular estrategias a nivel municipal y minimizar obstáculos para la inversión. También, establecer programas de extensión empresarial y apoyar la actividad emprendedora de las pymes, unificando el esfuerzo fiscal de la provincia y las comunas.