Tras el cierre de listas el acuerdo panradical soltó su primer as de campaña: impugnó a Néstor Kirchner y las candidaturas testimoniales de Daniel Scioli y de 45 intendentes. Con una presentación en el juzgado electoral de La Plata, el radicalismo cuestionó el tiempo de residencia del ex presidente en suelo bonaerense y la incompatibilidad del resto de los funcionarios K para presentarse como candidatos de cargos que no van a ocupar. El Gobierno minimizó las denuncias. Y se mostró dispuesto a esperar la decisión de la Justicia: “No hay razones jurídicas que inhabiliten las candidaturas”, explicó un abogado del Frente para la Victoria a Página/12. “Ahora, si la Justicia les da espacio a los argumentos políticos la cosa será distinta.”

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, y el ex camarista y candidato a diputado, Ricardo Gil Lavedra, se presentaron a primera hora en La Plata para formalizar la denuncia luego de anticiparlo durante todo el fin de semana a través de los medios. En el interior del panradicalismo admiten que el modelo de las impugnaciones se empezó a pensar y a diseñar como la primera estrategia de campaña.

El punto central de la polémica cuestiona el estatus bonaerense de Kirchner. Según el radicalismo, el ex presidente no tiene los dos años de residencia obligatorios por ley para presentarse en las listas.

“El elemento de prueba que traemos es que Néstor Kirchner, si somos buenos y aceptamos que acredita domicilio en Olivos, cosa que también discutimos –dijo Morales–, el 21 de diciembre del 2007 constituyó la sociedad anónima El Chapel en Santa Cruz de la que es socio su hijo (Máximo) y Cristina y acreditó domicilio en la calle Maipú”. Acompañado por Gil Lavedra, Morales conjeturó que “del 21 de diciembre del 2007 al 10 de diciembre de 2009 le van a faltar 11 días para cumplir el requisito de los dos años”.

Si de discutir cuestiones técnicas se trata, en el Gobierno parecen bien seguros de sus cartas a favor. “Kirchner vive obviamente en Buenos Aires porque tiene fijada su residencia en Olivos desde el 25 de mayo de 2003, eso es definitivo y no admite ningún tipo de cuestionamiento”, indicó el experto K consultado. Pero además atacó lo que a sus ojos es el problema más importante de la presentación de los radicales: la confusión entre residencia y domicilio. Según su argumento, la Constitución pide a los candidatos dos años de residencia y no de domicilio en el lugar. La residencia se prueba por cualquier tipo de medios, excepto testigos. Pero sirven las boletas de servicios o hasta su cargo de Presidente. Por eso dicen que Kirchner está viviendo en la provincia desde hace casi seis años.

Entre las objeciones a los candidatos testimoniales del radicalismo prima una cuestión de conciencia. Claudia Cisneros fue una de las asesoras legales de Morales en el trabajo de las presentaciones judiciales. Ella dijo a Página/12 que la impugnación intenta corregir una especie de estafa moral. “Los candidatos nunca van a asumir, a menos que renuncien a sus cargos.” Y en base al artículo 73 de la Constitución Nacional, dijo, nadie puede ser legislador de provincias que gobiernan. “Lo que la gente tiene que tener es la seguridad de que su candidato asuma porque el nombre está en la boleta, si no es como en el juego del vale todo”.

Desde el Gobierno dicen que no es así. Lo que es incompatible es el ejercicio real –dicen– de dos funciones: no se puede ser gobernador y diputado al mismo tiempo. Además, indican que tampoco existe malicia ni estafa porque nadie está diciendo que va a asumir. “Estafa es toda afirmación de lo falso –dice la fuente– y disimulación de lo verdadero, pero si yo estoy diciendo que quiero mantener un compromiso y que por lo tanto el que me sigue en la lista me va a reemplazar, no hay espacio para la estafa.”

Formalmente la polémica quedará saldada por la Justicia electoral de La Plata a cargo del juez federal Manuel Blanco. Pero ni entre los radicales ni en el oficialismo hay quienes imaginen seriamente que las medidas pueden prosperar. Unos porque advierten que en los últimos tiempos hay una “jurisprudencia muy tolerante” con situaciones de ese tipo. Otros, porque invalidan la carga de la prueba.

En ese sentido se pronunció buena parte de los hombres del Gobierno. Replicó el ministro del Interior Florencio Randazzo; el apoderado nacional del PJ, Jorge Landau, y el secretario de la CGT, Hugo Moyano, que recordó la proscripción del peronismo cuando ganó Arturo Illia en 1963.