Una suma de 2.235.219 pesos. Es la cifra que la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray debe restituir a las arcas estatales por haberse enriquecido ilícitamente a su paso por la administración pública, según un informe que difundió ayer el cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de la Nación. Sin embargo, el cálculo de la perito contadora de la Procuración General, que colabora con la fiscalía, supera los 4 millones de pesos. Ahora, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) deberá tomar la decisión final.

En mayo de 2004, el TOF 4 condenó por enriquecimiento ilícito a la ex privatizadora de Entel a tres años de prisión, inhabilitación total por seis años para ejercer cargos y le impuso un decomiso por 500 mil dólares más 622 mil pesos. “El Estado debe ajustar ese monto al día de la fecha y ejecutar el valor original de la condena”, explicó Pedro Biscay, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). Esa cuenta da 4.435.343 pesos, cifra que presentará hoy Mauricio Viera, el fiscal que actúa en la causa, según informaron a Página/12 fuentes de la procuración.

Una vez que la sentencia estuvo firme, María Julia declaró ante el tribunal su intención de “cumplir y acatar un pago justo”. La pretensión de la defensa era que se realizaran una serie de descuentos en base a impuestos pagados sobre el monto obtenido de forma ilegal. El cuerpo de peritos de la Corte Suprema aceptó esta metodología a la hora de hacer sus cálculos.

“La pericia oficial modifica el contenido objetivo de la condena y esa modificación no debería ser admitida porque hay cosa juzgada”, los desacreditó Biscay. Según él, aplicaron “una serie de deducciones impositivas sin una constancia formal de que se hayan pagado esos impuestos.”

Los antecedentes del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema en este caso no son los mejores. Durante el juicio “fueron circunscribiendo de manera importante las fuentes de enriquecimiento ilícito y justificaron mediante diferentes argumentos distintas fuentes ilegítimas de enriquecimiento”, denunció el titular de Cipce. De hecho, cuando el tribunal estableció la cifra original de 500 mil dólares más 622 mil pesos, lo hizo desestimando las pericias oficiales.

Por su parte, el contador de Alsogaray, Javier Piazza, que actuó como perito de parte, hizo sus propios cálculos y señaló que su cliente sólo debe entregar 1.721.872 pesos.

De todas formas, María Julia Alsogaray ya avisó que no tiene dinero para hacer frente a la suma que dicte la Justicia. “Tropiezo con muchas dificultades que son ajenas a mi voluntad y carezco de liquidez para abonar la cifra dineraria”, declaró durante el juicio oral, por lo que el Estado deberá incautar algunas de sus propiedades hasta cubrir el monto que decida el tribunal: entre otros inmuebles, posee dos pisos en Manhattan.