En el fuego cruzado de declaraciones entre la ministra de Salud, Graciela Ocaña, y los dirigentes que conducen la CGT, el taxista Omar Viviani sumó ayer otra página: dijo que “ella está buscando un pretexto para irse” y remató sin eufemismos que “si se quiere ir, mejor que se vaya y listo”. En el entorno de la ministra le dijeron a Página/12 que no volverá a responder y que por ahora se mantendrá en silencio, en medio de los ya habituales rumores sobre su posible renuncia, que ella no mitigó.

La última de las polémicas entre Ocaña y la CGT comenzó el martes, cuando el secretario general de central sindical, Hugo Moyano, afirmó que la ministra de Salud debería seguir en su cargo. Cuando los periodistas la consultaron sobre esas declaraciones, Ocaña jugó fuerte. “Qué raro... porque escuché que gente que está con Moyano quiere mi ministerio”, respondió.

La “gente” de Moyano a la que Ocaña aludió es el propio hijo del jefe de la CGT, Pablo Moyano, que hace dos semanas dijo que “la CGT tiene que tener un ministerio”. Su padre lo desautorizó inmediatamente, pero ayer Viviani, mano derecha de Moyano en la central sindical, volvió a la carga: “No existe. Su gestión es totalmente intrascendente. Ni Moyano ni la CGT están preocupados ni en que se vaya ni en que se quede. La ignoramos completamente. La CGT ni pone ni saca ministros. Ella está buscando un pretexto para irse. Si se quiere ir, mejor. Que se vaya y listo”.

En otra andanada, Viviani agregó: “Que deje de estar a la defensiva, que se ocupe de los problemas que en realidad hoy le preocupan a la sociedad, como el dengue o la fiebre porcina”.

Ocaña, que en un reportaje con este diario había criticado la pejotización del kirchnerismo, apareció desde entonces como obstáculo para la CGT, sobre todo teniendo en cuenta que entre sus funciones está la de administrar la redistribución de fondos para las obras sociales gremiales. También desde aquel momento comenzaron a circular los rumores sobre su alejamiento del Gobierno. El martes Ocaña aclaró que es la Presidenta la única con atribuciones para remover a sus ministros, pero dejó abierta la posibilidad de su renuncia. “Esa decisión –dijo– la voy a comunicar oportunamente. Todos los ministros sabemos cuando asumimos que hemos presentado nuestra renuncia. Puede ser después de las elecciones o puede ser mañana mismo, la decisión está en la Presidencia. Nosotros somos secretarios del Poder Ejecutivo Nacional.”

Quienes conocen el entramado del poder aseguran que Ocaña se mantiene en el cargo por el firme y permanente respaldo que le da Cristina Fernández de Kirchner. También afirman que ven a la ministra con ganas de dejar su puesto, pero que no la hará si es a riesgo de crearle un problema a la Presidenta. Su salida podría producirse en el marco de un recambio de buena parte del gabinete que ocurriría después de las elecciones del próximo 28 de junio, como un modo de oxigenar a la Presidenta para los dos años siguientes de mandato.

El resquemor de la CGT con Ocaña parte de que dentro del Ministerio de Salud funciona la Superintendencia de Salud. Esa dependencia, a su vez, controla la Administración de Programas Especiales, que maneja fondos destinados a las obras sociales para afrontar tratamientos de alta complejidad médica.

La pelea entre Ocaña y la CGT está marcada por una caja de nada menos que unos 1700 millones de la Superintendencia de Salud. Allí está incluido el dinero de la denominada Administración de Programas Especiales (APE), fondo destinado a las obras sociales para prácticas médicas complejas extraordinarias.

Ocaña, al asumir, creyó que esos fondos se administraban con discrecionalidad o que –en algunos casos– no había una correcta rendición de gastos de parte de las obras sociales. Ese fue su argumento para pedir –y conseguir– la salida del entonces superintendente Héctor Cappacioli. Además, la ministra inició cientos de sumarios a las obras sociales donde sostenía que había irregularidades.

A Cappacioli lo sucedió Juan Rinaldi, un abogado al que se le atribuía cercanía con Moyano, pero desde que está en funciones dicen que cumple a rajatabla las indicaciones de Ocaña.

Desde la CGT creen que Ocaña tiene una actitud “antisindical” y que exige requisitos desmedidos y excesivamente burocráticos a las obras sociales. En ese marco, la acusan de favorecer a las obras sociales privadas en desmedro de las sindicales.