El represor Jorge Rafael Videla “está secuestrado” por una conjura entre el Gobierno y los organismos de derechos humanos, según el recurso extraordinario que presentaron ayer los abogados defensores del dictador. El inverosímil argumento fue planteado ante la Sala IV de la Cámara de Casación, que deberá decidir si concede o no una nueva prórroga a la prisión preventiva de Videla.

“Los organismos de derechos humanos quieren que Videla y otros militares mueran en la cárcel y el Gobierno presiona a los jueces para que resuelvan en ese sentido”, aseguraron los abogados Adolfo Casabal Elía y Luis Carri Pérez, defensores de Videla. También se quejaron porque, aseguran, en su caso “no se aplica el Código Penal, directamente se aplica la venganza”.

Casabal Elía y Carri Pérez esperan que la Sala IV de Casación le permita al dictador esperar el juicio en su casa. “Cualquier otro detenido ya hubiera recuperado la libertad con el dos por uno y todo el tiempo que Videla lleva en prisión preventiva”, argumentaron los defensores, que explican que su cliente “lleva 30 años cumpliendo prisión preventiva si se hace el cálculo con la ley del dos por uno”. “Jurídicamente constituye una locura –protestaron, indignados–. Se está perpetrando el delito de secuestro o privación ilegítima de la libertad contra nuestro defendido, ya que la ley 24.390 establece tres años como máximo.”

La Sala IV de Casación tiene a su cargo muchos de los recursos presentados por causas contra actores de la última dictadura y sus miembros fueron cuestionados por el Gobierno y los organismos de derechos humanos por obstaculizar el avance de los expedientes. Fue la misma que, a fines del año pasado, ordenó la excarcelación de Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros detenidos por la causa ESMA, medida que finalmente no se cumplió, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema.

Presidente de facto durante el período más oscuro de la última dictadura, entre 1976 y 1981, Videla fue condenado a prisión perpetua en 1985, tras el Juicio a las Juntas Militares, pero sólo cumplió cinco años de su pena antes de ser indultado por el ex presidente Carlos Menem. En 1998 regresó brevemente a la cárcel, cuando la Justicia determinó que las causas de robo de niños constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben. Pasó 38 días preso en Caseros antes de ser beneficiado por el derecho a arresto domiciliario, a causa de su edad, y sólo diez años más tarde perdió este beneficio. Hoy está alojado en el penal federal de Marcos Paz, donde espera el juicio.

Por otra parte, ayer se dio a conocer otra presentación de los abogados del represor, dirigida a trabar el inicio del juicio oral y público por robo de menores. Los representantes de Videla objetaron la decisión de la Cámara en lo Criminal Federal, que unificó las causas “Nicolaides” y “Videla”, en las que se investigan 34 casos de sustracción de menores. La decisión final la tendrá la sala III del máximo tribunal penal de la Nación.

Las Abuelas de Plaza de Mayo, como una de las partes querellantes, ya anticiparon por medio de sus abogados que pedirán el rechazo de esta presentación.

En esta causa, además de Videla y Cristino Nicolaides, están procesados Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Jorge Acosta, Antonio Vañek y Rubén Oscar Franco, entre otros. Por su parte, Emilio Eduardo Massera, también implicado en el sumario, no fue enviado a juicio debido a informes médicos sobre su estado de salud (ver aparte).

Aún no se conoce la fecha de inicio del juicio oral y público, pero el Tribunal Oral Federal 6 ya recibió el ofrecimiento de pruebas. Formarán parte del proceso más de cien testigos, entre ellos ex detenidos y también familiares e hijos de desaparecidos.