“¿Dónde nos vamos a ir a quejar? ¿A la Legislatura riojana, manejada por el gobernador Angel Maza? ¿A la Corte Suprema, que preside el riojano Julio Nazareno? Vivimos en el feudalismo más crudo, sin poder salir de este círculo vicioso.” Juan Rojo, secretario general del Colegio de Abogados de La Rioja, hablaba rápido y casi a los gritos. Repasaba una y otra vez los efectos un nuevo fallo del Superior Tribunal provincial: ya no se podrá aplicar el proceso de juicio político a ningún intendente, no importa lo que haya hecho. Ante esta novedad, parte de un escenario mucho más complejo en que el poder local maneja las instituciones a su antojo, la entidad de los abogados pedirá que intervenga la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que, días atrás, denunció “violaciones a los derechos humanos” en la tierra de Carlos Menem.
El increíble fallo del Superior Tribunal, que pone freno a cualquier iniciativa tendiente a denunciar actos de corrupción o a juzgar a los mandatarios municipales que los cometan, fue firmado el martes último por los supremos riojanos Ramón Ricardo Ruarte, Alberto Baigorri y Benjamín de la Vega. Fue una medida de no innovar en un expediente promovido por el intendente de Chilecito, Jorge Robador, y que apuntó primero a liberar del enjuiciamiento a la intendenta de Chepes, Beatriz Fernández de Oviedo –la madre de la diputada menemista Alejandra Oviedo–, aunque el tribunal le dio efecto general.
Para Rojo, esta resolución reciente del Superior Tribunal retrata el funcionamiento de todo el Poder Judicial y de las limitaciones para ejercer cuestionamientos. “Acá el máximo tribunal es nombrado por el Ejecutivo provincial con acuerdo de la Legislatura, que tiene 28 diputados justicialistas y sólo tres que hacen minoría. De la misma manera son designados todos los jueces. Así, el Poder Legislativo no desaprueba ninguna iniciativa del gobierno y es imposible promover un juicio político, es como salir con un paraguas roto en medio de un temporal”, explicó el abogado. A pesar de eso, anticipó, “promoveremos igual el enjuiciamiento de los tres magistrados”.
A fines de octubre un equipo de la APDH, encabezado por el ex juez Juan M. Ramos Padilla, viajó a La Rioja a raíz de la detención sorpresiva –en una causa por calumnias e injurias– del concejal de Olta Pablo Díaz (ARI), muy conocido en la provincia por ser quien destapó y denunció penalmente un sistema por el cual desde 1996 se pagaron miles de jubilaciones truchas, como método de compra de votos por parte del poder político de turno y/o modo de abultar los bolsillos de los funcionarios. Tal como informó Página/12 el jueves último, uno de los jueces que ordenó el arresto de Díaz, Gerardo Luna Corzo, es investigado por la jueza federal María R. Servini de Cubría por haber certificado trámites de supuestos retiros falsos. Otro de los magistrados que firmó la detención, Aniceto Romero, es tío de dos beneficiarios de jubilaciones supuestamente fraguadas: Carlos Omar Menem (el ex diputado y ex gerente de ANSeS) y Carlos A. Romero (ex diputado y actual secretario de Asuntos Municipales).
Ramos Padilla denunció violaciones a derechos básicos como el de ser juzgado por un tribunal independiente y el de libertad de expresión. Para su sorpresa, y la de toda la APDH, la gente los empezó a buscar por todos los rincones de La Rioja para acercarles denuncias. Llegaron a recibir más de 200 en menos de una semana, la mayoría con el denominador común de tratarse de casos que desnudan los manejos políticos de la Justicia a cualquier precio: presos inocentes, testigos claves asesinados, chicos muertos en dependencias policiales, jueces que dan letra para declarar, y hasta un cadáver momificado, todo en vacío absoluto de garantías.
Algunas de las situaciones planteadas por el Colegio de Abogados de La Rioja, que históricamente ha cuestionado abiertamente al oficialismo local, mostrarían parte de la estructura judicial “diseñada sólo para unos pocos”, explican. * Los abogados de esta entidad protestan porque para minimizar su influencia en el ámbito judicial hace varios años se les quitó el manejo de las matrículas, que pasó a una institución paralela, el Consejo Profesional. “En La Rioja los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial mantienen su matrícula y por ende votan en el Consejo. Todos ellos obviamente votan al oficialismo y así se garantiza que siempre la comisión directiva quede en manos de adictos al gobernador Maza y a los hermanos Menem”, advirtió Rojo.
u Más allá del fallo para frenar los juicios a intendentes, “en los juzgados de instrucción penal riojanos nunca prospera una denuncia por abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público”, señaló Rojo.
u “Se aplican barreras muy concretas para impedir el acceso de los ciudadanos a la Justicia: una ley recientemente prohibió la recusación de causa de los jueces; otra impide que los amparos avancen sin que se haya agotado la vía administrativa, esto implica que, por ejemplo, alguien que fue despedido de su trabajo no puede recurrir a la Justicia de inmediato”, explicó el secretario del Colegio de Abogados.
“En esta provincia –evaluó Rojo– el desprecio por el estado de derecho es una forma de vida. Y la Justicia es un engranaje central para generar el sometimiento de la gente. De todos modos, somos una muestra de lo que pasa de diversas maneras en todo el país.”